En nuestras publicaciones anteriores de esta serie, tuvimos como objetivo comprender las dificultades que enfrenta la reforma policial en Venezuela. Mostramos que la mayoría de los venezolanos no culpan al gobierno o a la ineficaz vigilancia policial del aumento del crimen en Venezuela en los últimos años, y generalmente señalan las causas sociales y culturales.
También mostramos que la gente piensa que “mejorar los valores familiares” sería más efectivo en la lucha contra la criminalidad que cualquier otra medida. No obstante, encontramos un considerable apoyo a la profesionalización de las fuerzas policiales, mucho más que para el despliegue de las fuerzas militares.
Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.
En esta publicación vamos a ver cómo los venezolanos evalúan las reformas en la seguridad que ha puesto en marcha el gobierno, incluidas las tácticas policiales orientadas a los derechos humanos.
Para llegar a esto añadimos la siguiente pregunta a la encuesta de agosto y septiembre de Ómnibus de Datanálisis:
En los últimos años el gobierno ha puesto en práctica varias reformas a la seguridad ciudadana, incluida la reforma policial y de la Comisión de Desarme Presidencial, ¿Cuál de las siguientes opiniones se acerca más a la suya?
- Estas reformas son buenas y están dando resultados
- Estas reformas son buenas, pero son a largo plazo
- Estas reformas no son suficientes y llegaron muy tarde
- Estas reformas no van a funcionar
- No estoy familiarizado con estas reformas
El 14 por ciento de los encuestados respondió que las reformas son buenas y el 31 por ciento respondió que son buenas, pero a largo plazo. Al combinar estas dos respuestas vemos que una leve mayoría de los encuestados que estaban familiarizados con las reformas las valoraban positivamente (45 por ciento).
Sin embargo, el 43 por ciento de los encuestados respondió que las reformas no eran suficientes y habían llegado muy tarde no iban a funcionar. Dado que el margen de error de la encuesta es de alrededor del 2.5 por ciento, esto es una estadística de 50-50.
Si lo desglosamos por afiliación política, podemos ver que las evaluaciones positivas de las reformas dependen en gran medida de los partidarios del gobierno. Si lo desglosamos por afiliación política, el 76 por ciento de los simpatizantes del gobierno evaluaron positivamente las reformas, mientras que sólo el 15 por ciento respondió que las reformas no eran suficientes o no funcionarían. Aparte de aquellos que se identificaron como de la oposición, sólo el 18 por ciento valoró positivamente las reformas y el 73 por ciento las evaluó negativamente.
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Esto muy probablemente es el resultado de la polarización política de Venezuela. La mayoría de las medidas que se identificaron con el gobierno de Chávez, o que ahora se identifican con el gobierno de Maduro, serán vistas negativamente por la oposición y vistas positivamente por los partidarios del gobierno, independientemente de su contenido.
No obstante, también podría ser debido al hecho de que el gobierno obtiene gran parte de su apoyo de aquellos que viven en los sectores pobres, que a menudo sufren de mayores índices de criminalidad. Podría ser que estas personas apoyan la idea global de la reforma de la seguridad porque piensan que podría reducir el crimen al que son propensos. En un análisis futuro esperamos desglosar esto por clase socioeconómica con el fin de ver si esto está en juego.
Las percepciones de la reforma policial sólo se ponen más complicadas cuando uno ahonda en su contenido real. En la encuesta de julio a agosto de Ómnibus de Datanálisis, le preguntamos a los encuestados si estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: “La limitación de las acciones o la fuerza que la policía puede utilizar restringe su capacidad para combatir la criminalidad”.
Esta pregunta es importante para medir las percepciones de la reforma ya que desde 2009 la reforma policial ha puesto gran énfasis en el diálogo, la capacitación en derechos humanos y lo más importante, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Por ejemplo, las nuevas normas de policía ya no permiten que los agentes disparen contra sospechosos que huyen, como tradicionalmente lo ha hecho.
Este énfasis ha sido difícil de vender entre muchos dentro de la coalición del gobierno y entre los venezolanos promedio, especialmente entre los que viven en los sectores vulnerables. Quienes sapoyan la reforma policial han tenido que defender en varias ocasiones este nuevo modelo de las acusaciones de que es demasiado “blando” y “muy débil con los delincuentes”.
De hecho aquí vemos que el 42 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 35 por ciento no estuvo de acuerdo.
Si se desglosa por afiliación política, los partidarios del gobierno son en realidad más propensos a estar de acuerdo (49 por ciento) que a disentir (26 por ciento) en que la restricción del uso de la fuerza de policía reduce su capacidad para luchar contra el crimen. Por el contrario, los opositores al gobierno fueron menos propensos a estar de acuerdo (38 por ciento) en que el uso de la fuerza sin restricciones era necesario para combatir el crimen, que a disentir (45 por ciento) con esta afirmación.
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Consultamos con la politóloga venezolana Ana María Sanjuán quien sugirió que esto era consistente con la investigación que ella había realizado. Los partidarios del gobierno son más propensos a vivir en áreas con altas tasas de criminalidad y son más propensos a pensar que las tácticas policiales de mano dura son la única manera de ser eficaces.
Estos resultados muestran la cuerda floja que los reformadores han tenido que caminar en el intento de seguir adelante con las reformas. Los sectores sociales que están más abiertos a los contenidos reales de la reforma policial se oponen al gobierno y a todo lo que hace. Los sectores sociales que tienden a apoyar al gobierno tienden a no apoyar el contenido real de muchas de las reformas; en su lugar, tienden a favorecer las políticas de mano dura frente a la cuales los reformistas están tratando de distanciarse.
*Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.