Una reciente visita de altos funcionarios de Estados Unidos a México y una reunión entre el presidente de Colombia y su homólogo estadounidense en Washington DC, ofrecen nuevas evidencias de que la estrategia de seguridad de Estados Unidos en Latinoamérica, bajo la nueva administración, aún no es clara.
El 18 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, se reunieron con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso y el secretario de Gobernación del mismo país, Miguel Ángel Osorio Chong, para discutir sobre el futuro de la ayuda para enfrentar el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Los funcionarios reconocieron la necesidad de combatir el narcotráfico en ambos lados de la frontera, y de que Estados Unidos haga mayores esfuerzos por reducir el consumo de drogas a nivel interno.
Estados Unidos “debe también enfrentar la realidad de que nosotros somos el mercado”, dijo Tillerson.
“Pero si queremos que no haya mercado para la aparentemente interminable demanda de adictos y consumidores jóvenes y vulnerables que surgen constantemente […] Los estadounidenses debemos reconocer que este es nuestro problema”, añadió.
Sin embargo, Tillerson no propuso una estrategia para el tratamiento de las adicciones en su país. Por el contrario, afirmó que la lucha contra el consumo de drogas y la violencia que éste conlleva requiere “detener el flujo transfronterizo de drogas” y “hacer frente de manera agresiva a los carteles que operan en Estados Unidos y México”.
También dijo que las dos partes habían “identificado nuevas estrategias para atacar el multimillonario modelo de negocio de estas organizaciones criminales, con especial énfasis en el flujo de dinero en efectivo y armas”.
Videgaray apoyó los comentarios de Tillerson sobre las responsabilidades compartidas, diciendo: “tenemos que superar el juego de culpas […] Ha llegado el momento de que pensemos de manera diferente”.
Sin embargo, Videgaray señaló que el encuentro no concluyó con nuevos acuerdos o estrategias, sino con “una comprensión de que necesitamos hacer frente de manera conjunta a todos los elementos” de la cadena criminal, desde la producción hasta la demanda.
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Pero mientras los altos funcionarios estadounidenses tomaban esta postura aparentemente progresiva con sus contrapartes mexicanos, ese mismo día, en la Casa Blanca, se escuchó una retórica diferente frente a lucha contra las drogas.
En una conferencia de prensa entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Trump explícitamente llamó a la nación suramericana a atacar la parte de la producción en el comercio de cocaína, pero no hizo ningún comentario sobre los esfuerzos de Estados Unidos por detener la adicción a las drogas.
“Recientemente, hemos visto una alarmante tendencia —verdaderamente alarmante—. El año pasado, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia alcanzaron niveles récord, pero esperamos que el presidente los solucionará rápidamente”, dijo Trump, refiriéndose a Santos.
Trump aparentó una falta de familiaridad con los detalles de este tema, pues durante la reunión se refirió varias veces a la producción de “cacao” en Colombia —la planta de la que se obtiene el chocolate—, en lugar de la planta de coca de la que se obtiene la cocaína (ambas plantas se cultivan en grandes cantidades en Colombia).
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Además de prometer el apoyo de Estados Unidos a Colombia en sus esfuerzos por reducir la producción de cocaína, Trump aseguró una vez más que extender el muro en la frontera entre México y Estados Unidos ayudará a luchar contra “la epidemia de las drogas que tantas vidas está envenenando en Estados Unidos”.
Por su parte, Santos destacó la importancia de la cooperación bilateral y mencionó además el papel de la demanda de las drogas como promotor del crimen organizado.
“Estamos trabajando con su administración para aprovechar las excelentes oportunidades que ofrece la paz para reducir permanentemente la producción de hoja de coca en Colombia y luchar más eficazmente contra los demás eslabones del narcotráfico, incluyendo el consumo”, dijo Santos, haciendo referencia al acuerdo de paz que su gobierno firmó en noviembre de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Análisis de InSight Crime
Los mensajes aparentemente contradictorios de Trump y los altos funcionarios de su gabinete sugieren que la nueva administración aún no ha ideado un plan claro sobre cómo abordar los problemas del crimen organizado y el tráfico de drogas en Latinoamérica.
Si bien con sus comentarios en México, Tillerson parece reconocer la realidad de que la demanda estadounidense de sustancias como la cocaína, la marihuana, la heroína y la metanfetamina genera gran parte de la corrupción y la violencia asociada con el crimen organizado en la región, las propuestas políticas de la administración pueden por el contrario agravar este problema.
La propuesta de Trump de reformar el sistema de salud del país podría afectar a los casi 2,8 millones de estadounidenses que tienen dependencia a alguna sustancia —222.000 de ellos relacionados con opiáceos— y que cuentan con la ayuda del gobierno mediante una ley del servicio de salud aprobada durante la administración anterior. La nueva ley, ya aprobada por la Cámara de Representantes, les concede a los estados la opción de no obligar a los proveedores de salud a ofrecer tratamientos para la drogadicción, lo que ha generado el temor de que la medida empeore la grave epidemia de opiáceos en Estados Unidos.
El compromiso de la nueva administración con el tratamiento del abuso de las drogas también ha sido cuestionado por el fiscal general Jeff Sessions, mediante su supuesta intención de endurecer las directrices para procesar a quienes hayan cometido delitos relacionados con las drogas. Los críticos de dicha propuesta dicen que esta estrategia podría ser más costosa y menos eficaz para reducir la demanda de las drogas que proporcionar mayores recursos para el tratamiento de las adicciones, un enfoque que, según las encuestas, es apoyado por la mayoría de los estadounidenses.
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Aunque en sus comentarios públicos Trump no se refirió a la reducción de la demanda en Estados Unidos, prometió apoyar los esfuerzos de erradicación e incautación de Colombia, así como los funcionarios de Estados Unidos en México abogaron por “detener el flujo transfronterizo de drogas” y “hacer frente a los carteles de manera agresiva”.
Sin embargo, varios años de cooperación bilateral de Estados Unidos con México y Colombia en la “guerra contra las drogas” no han dado los resultados esperados. La producción de heroína está aumentando en México, lo cual ha generado un violento conflicto entre los grupos del crimen por el control de este lucrativo mercado ilícito. Los informes recientes también sugieren que la producción de metanfetamina en México puede estar aumentando, quizá como respuesta a la creciente demanda de esta droga en Estados Unidos.
Asimismo, Colombia está produciendo más cocaína que nunca, lo que abastece los crecientes mercados de consumo en Estados Unidos y Latinoamérica y promueve los enfrentamientos entre los grupos del crimen que buscan llenar el vacío dejado por la desmovilización de las FARC.
Los comentarios de Tillerson acerca de poner “especial énfasis en el flujo de efectivo y armas” son alentadores, pues hay suficiente evidencia de que Estados Unidos estaría trabajando más para detener las actividades financieras ilícitas y el tráfico de armas transfronterizo.
Pero como se señaló anteriormente, la administración Trump no ha presentado propuestas concretas acerca de cómo logrará estos objetivos. Y hasta el momento todo parece indicar que las políticas estadounidenses con respecto a las drogas y el crimen en Latinoamérica continuarán teniendo un enfoque policivo, a pesar de la que retórica se inclina hacia estrategias más progresivas.