El legendario narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán ha escapado de su celda en una prisión de máxima seguridad apenas 16 meses después de su captura; un vergonzoso evento que podría agitar las relaciones entre Estados Unidos y México y convertirse en un serio obstáculo para la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Guzmán fue visto por última vez el 11 de julio a las 8:52 p.m. hora local en la zona de las duchas de la prisión Altiplano. “Al prolongarse la no visibilidad del interno”, las autoridades comprobaron que su celda “se encontraba vacía.”
El director del CNS Monte Alejandro Rubido dijo durante una conferencia de prensa que El Chapo se escapó por un túnel que fue construido por debajo de las duchas, cuya boca medía 50 por 50 centimetros y estaba conectado a una escalera de 10 metros de profundidad.
Según Monte Rubio, el túnel, que fue construido con materiales de alta calidad y contaba con conductos de aire e iluminación, se extiende por cerca de 1,5 kilómetros y tiene unas dimensiones de 1,7 metros de altura y entre 70 y 80 centímetros de ancho.
Monte Rubio dijo que las autoridades también encontraron una motocicleta, la cual habría sido utilizada para transportar los materiales y posiblemente también a Guzmán.
Después de la fuga, el gobierno de México cerró el aeropuerto más cercano y envió cientos de policías y tropas militares a la zona, ubicada un estado conocido por su actividad criminal. Univision informó que más de una docena de guardias de la prisión se encuentran bajo custodia y están siendo interrogados por el escape.
Guzmán fue capturado por primera vez en Guatemala en 1993 y fue encarcelado en México, pero se escapó en 2001. Guzmán llegó a ser considerado el narcotraficante más buscado del mundo y fue recapturado en febrero de 2014.
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La segunda captura de Guzmán representó una gran victoria para el gobierno de Peña Nieto, el cual ha demostrado ser adepto a la práctica de acorralar narcotraficantes importantes, pero ha tenido dificultades en la lucha contra otras actividades delictivas, como la extorsión y el secuestro.
La administración de Peña Nieto ha capturado a casi todos los capos que su predecesor, Felipe Calderón, no logró poner bajo arresto, incluyendo a dos de los principales líderes de Los Zetas, al jefe de la Organización Betran Leyva (OBL), al líder del Cartel de Juárez y a los dos líderes de los Caballeros Templarios, entre muchos otros. Hasta la segunda fuga de El Chapo, estas capturas parecían indicar que las cosas estaban funcionando.
Análisis de InSight Crime
En el corto plazo, la fuga de Guzmán es más una cuestión política que de seguridad. Las capturas de alto nivel fueron el resultado de lo que parecía ser una mejor inteligencia y coordinación entre las fuerzas de seguridad. El mensaje más importante de esta estrategia era de voluntad política: Peña Nieto contaba con ella y no estaba en deuda con los narcotraficantes.
Pero la impresionante fuga de El Chapo tiene el potencial de cambiar la situación por completo. A menos de que el gobierno mexicano consiga recapturar a Guzmán rápidamente, su fuga seguramente eclipsará todas esas otras historias de éxito e incluso podría generar la sensación de que la voluntad del presidente se está disipando.
Así mismo, esta vergonzosa situación se presenta en un momento inoportuno para Peña Nieto, cuya estrategia de seguridad se ha ido desmoronando, particularmente a raíz de la dramática desaparición de los 43 estudiantes en Iguala el año pasado. Los políticos locales y la policía presuntamente desempeñaron un papel importante en la desaparición y encubrimiento del crimen realizado por el grupo criminal Guerreros Unidos. El gobierno nacional terminó siendo culpado en gran medida por el caso, sobre todo a raíz de su investigación lenta e incompleta.
El gobierno también ha estado enfrentando acusaciones de que sus fuerzas de seguridad están involucradas en ejecuciones extrajudiciales. A principios de julio, un informe realizado por una organización de derechos humanos mexicana señaló que el ejército recibió la orden de abatir a unos presuntos delincuentes en una operación en la municipalidad de Tlatlaya, en un caso que terminó en la muerte de unas 22 personas, de las cuales, según la Comisión de Derechos Humanos del gobierno, al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente. Otro informe publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que por cada muerte militar, en el país mueren 32 presuntos delincuentes.
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El escape de El Chapo también podría paralizar a la presidencia en el tema de seguridad en los tres años que le quedan a Peña Nieto en el cargo, cuyo gobierno está lleno de planes. Entre otros proyectos, el presidente está tratando de purgar a las unidades policiales y de aumentar el personal en las demás fuerzas. Adicionalmente, el gobierno está en medio del extenso proceso de pasar de un sistema judicial inquisitivo a uno acusatorio (vea aquí el informe del Wilson Center sobre estos esfuerzos).
La fuga de Guzmán también tendrá un impacto devastador en las relaciones entre Estados Unidos y México. Varios tribunales de Estados Unidos estaban buscando la extradición de Guzmán tras su captura el año pasado, pero México nunca consideró realmente estas peticiones.
El caso de Guzmán ahora se suma al de Rafael Caro Quintero, el exjefe del Cartel de Guadalajara, cuya liberación anticipada generó graves tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y México. Caro Quintero es buscado en Estados Unidos por su participación en el asesinato de un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) en 1985. El gobierno mexicano ha estado tratando de recapturar a Quintero desde que fue liberado en agosto de 2013.
Entre más tiempo pase El Chapo en libertad, peores serán las consecuencias para Peño Nieto. Antes de su captura, los medios se solían referir a Guzmán como “el eterno fugitivo”, un título que ha recuperado.