Desde la muerte del controversial “Zar de las esmeraldas”, Víctor Carranza, en abril de 2013, una serie de ataques contra miembros de la industria esmeraldera de Colombia han llevado a especular que otra “Guerra Verde” es inminente. Sin embargo, la nueva batalla por el control del sector se perfila como un conflicto de baja intensidad de asesinatos selectivos, en lugar de la gran masacre vista en el pasado.
Situado en lo profundo de las montañas, a 200 kilómetros al norte de Bogotá, la región esmeraldera de Colombia siempre ha estado plagada de violencia mientras las familias rivales luchan por el control de las minas más productivas. Las originales “guerras verdes” cobraron la vida de unas 6.000 personas hasta que la Iglesia Católica logró negociar un acuerdo de paz en 1990 y lo hizo cumplir con la ayuda de Carranza, la figura más poderosa en la industria esmeraldera.
Sin embargo, cuando la salud de Carranza comenzó a quebrarse, su control sobre la región empezó a patinar. Los ataques comenzaron en junio de 2012 con el asesinato de Mercedes Chaparro, quien manejó una de las minas de Carranza. Unos meses después, otro de los socios de Carranza, Jesús Hernando Sánchez Sierra, fue baleado 11 veces en un exclusivo centro comercial de Bogotá -pero milagrosamente sobrevivió.
Ambos ataques fueron ampliamente atribuidos a Pedro Rincón, alias “Pedro Orejas”, otro prominente hombre de negocios de las esmeraldas, considerado como el rival más poderoso de Carranza. En lo que podría haber sido un asesinato por represalia, uno de los abogados de Rincón fue asesinado a tiros en enero de 2013.
En los nueve meses anteriores a la muerte de Carranza, los asesinatos continuaron -a menudo a plena luz del día- y un total de 25 personas, con vínculos con el comercio de las esmeraldas, fueron asesinadas.
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Es difícil determinar con exactitud cuántas personas han sido asesinadas desde la muerte de Carranza, porque a pesar de la proximidad geográfica de la región a Bogotá, los barones de las esmeraldas, en lugar del Estado, siguen siendo las verdaderas autoridades.
“Durante mucho tiempo, el gobierno nacional no se preocupó por [los habitantes de la región esmeraldera]”, dijo a InSight Crime el obispo Héctor Gutiérrez Pabón, quien ayudó a hacer cumplir los acuerdos de paz. “Era un grupo de [campesinos] matándose entre ellos y el gobierno dijo ‘que se maten entre ellos, déjenlos en paz’”.
Aunque a las autoridades regionales ahora les gustaría pintar el área como un bastión de tranquilidad -el secretario de Gobierno en la ciudad minera de Muzo dijo a InSight Crime que en este municipio ha habido “total calma y paz” desde la muerte de Carranza -una fuente de Muzo, quien trabajó en la industria esmeraldera, afirmó que los asesinatos ocurren en la región semanalmente, aunque muchos no son reportados.
Sin embargo, ha habido una serie de asesinatos de alto perfil que se han sumado a la especulación acerca de un brote de violencia. En julio de 2013, el socio de Carranza Pedro Ortegón fue asesinado a tiros en Bogotá y cuatro meses después, un ataque con granadas contra Pedro Rincón y su familia mató a cuatro personas e hirió a nueve, aunque el propio Rincón sobrevivió.
El asesinato de alto perfil más reciente fue el de José Alejandro Rojas González, conocido como “Martín Rojas”, un socio en la compañía de Carranza Esmeracol quien fue asesinado en Bogotá el 10 de mayo. Debido a su destacado papel en el proceso de paz, su muerte ha sido interpretada por algunos en la región como una declaración de guerra contra la familia de Carranza y los socios del negocio.
Vacío de poder
Hay una serie de teorías acerca de quién está detrás de los asesinatos más recientes y sobre cuáles son sus motivos. Dada la hegemonía de Carranza sobre las minas, probablemente la mayor parte de la violencia sea el resultado de las diferentes facciones compitiendo por el control de esta industria de US$120 millones, así como el ajuste de cuentas que siempre ha asolado esta región.
Luis Felipe Sánchez, obispo de Chiquinquirá –la ciudad más grande de la región esmeraldera- dijo a InSight Crime que mientras las viejas luchas de poder han resurgido, grupos rivales ahora se están “enfrentando entre sí de una manera muy selectiva y silenciosa”. Agregó que ninguno de los autores intelectuales de los asesinatos más recientes han sido identificados y que él dudaba que estos asesinatos alguna día fueran resueltos.
Además de las luchas de poder, una disputa sobre una veta productiva entre dos minas, que pertenece a familias rivales, podría ser en parte culpable de los asesinatos. Conocida como “Consorcio”, esta veta se encuentra entre Cunas, una mina de propiedad de los herederos y socios de Carranza, y La Pita, propiedad del grupo del Rincón. El obispo Sánchez dijo que después de la muerte de Carranza, ambas partes acordaron explotar la veta juntos, pero desde entonces se han disputado los términos del acuerdo.
A pesar de los conflictos actuales, funcionarios de la Iglesia dicen que no están preocupados por el estallido de una nueva Guerra Verde, principalmente porque el gobierno nacional ha reforzado su presencia en la región, y actualmente está trabajando con la Iglesia para mantener los acuerdos de paz de 1990.
Tras el ataque con granadas contra la familia de Rincón, las autoridades aumentaron el número de las fuerzas de seguridad en la zona y ahora parecen estar aplicando el enfoque de la zanahoria y el garrote. En una reciente visita, según el obispo Sánchez, el Ministerio del Interior amenazó con tomar medidas punitivas contra compañías esmeralderas si no llegan a un acuerdo sobre el control de las minas. El gobierno nacional también se ha comprometido a pavimentar la carretera entre Muzo y Chiquinquirá para facilitar el transporte de las esmeraldas, y varios ministerios del gobierno están trabajando con la Iglesia para hacer frente a las desigualdades sociales y a la falta de infraestructura en la región.
En una muestra inusual de fuerza en la zona esmeraldera, las autoridades colombianas también han arrestado a Rincón por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el tráfico de armas. Dado el hecho de que Rincón ha estado bajo investigación durante años -fue detenido brevemente en 2009 por homicidio, pero nunca fue condenado- su encarcelamiento actual podría ser una advertencia para otros barones de las esmeraldas. Otro factor que puede mitigar la violencia es una disminución en la producción de esmeraldas.
Aunque los comerciantes de esmeraldas exportaron más de US$480 millones en piedras preciosas en los años ochenta, en el apogeo de la Guerra Verde, la industria sólo produjo US$127 millones para exportación en 2013. “No va a haber una Guerra Verde porque la producción se ha reducido mucho, no hay dinero”, explicó el obispo Sánchez.
Grupos armados en la región esmeraldera
Si bien la muerte de Carranza puede que no conduzca a una guerra esmeraldera sin cuartel, podría proporcionar a los grupos criminales –varios de los cuales ya operan cerca de la región esmeraldera– la oportunidad de infiltrarse en la industria. En el pasado, los barones de las esmeraldas defendieron las minas contra emisarios del Cartel de Medellín de Pablo Escobar, y el ejército privado de Carranza echó a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la región.
Sin embaro, ahora que Carranza se ha ido, las FARC y el ELN han regresado a la zona, según Pedro Claver Téllez, periodista que ha escrito varios libros sobre este conflicto.
También hay informes de que los barones de las esmeraldas han intentado forjar alianzas con grupos criminales, con rumores diciendo que los enemigos de Rincón están buscando la ayuda del más poderoso grupo híbrido paramilitar y criminal de Colombia -los Urabeños- para tomar el control del sector.
Pueden no estar solos. En un artículo publicado la semana en la que murió Carranza, la revista Semana citó una fuente del gobierno no identificada quien dijo que las armas estaban inundando la región, desde las regiones del Urabá, Valle del Cauca y los Llanos Orientales -las bases de los tres principales grupos criminales y sucesores de los paramilitares; los Urabeños, los Rastrojos y el Ejercito Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC).
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Por el contrario, el comandante de policía de alto rango en el departamento de Boyacá, donde se encuentran la mayoría de las minas, ha asegurado a funcionarios de la Iglesia que no hay grupos criminales operando en la zona. Incluso si esto es cierto, por el momento, la minería de esmeraldas sin duda sería propicia para la infiltración criminal.
La industria está sólo vagamente regulada y parte de la producción de esmeraldas de Colombia deja al país clandestinamente. Como un comerciante de esmeraldas, quien ha trabajado en el negocio durante 40 años, dijo a InSight Crime, una esmeralda es una “cosita pequeña que usted sólo pone en el bolsillo, es muy difícil de rastrear. El oro es como un camión de basura en comparación con las esmeraldas”.
Además, los grupos criminales en Colombia ya controlan las operaciones mineras en otras partes del país, y se estima que la minería de oro ilegal es la segunda mayor fuente de ingresos de las organizaciones criminales y de la guerrilla.
Aunque los ejércitos privados de los barones que quedan, y la complejidad de la minería de esmeraldas, dificultarían el ejercicio de un control directo sobre la industria por parte de los grupos criminales, estos podrían beneficiarse de la extorsión o la prestación de protección para las operaciones –una práctica común en el sector del oro ilegal.
Sin embargo, grupos externos podrían en última instancia tener cuidado de entrar en el negocio de las esmeraldas, por las mismas razones que las empresas extranjeras son cautelosas. En comparación con el oro y los minerales, la minería de esmeraldas tiene elevados gastos generales y produce una cantidad relativamente pequeña de lucro que, junto con las facciones fuertemente armadas luchando por el control, hace que sea una empresa muy arriesgada.