El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tiene varios enemigos públicos, pero hay uno que no lo deja dormir por las noches: Iván Velásquez Gómez.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es quien no le perdonó un delito de US$30.000 al hermano y al hijo del presidente, y quien presentó pruebas de que Morales recibió financiamiento electoral ilícito para su campaña electoral de 2015. Por eso, el mandatario puso en marcha un plan que lo llevó hasta Nueva York para reunirse con el jefe de Velásquez, el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres.
Jimmy Morales viajó a Estados Unidos entre el 24 y el 26 de agosto de 2017, pero no hay ningún registro oficial o funcionario público que explique cómo el jefe de Estado se movilizó por esos 3.311 kilómetros.
*Este artículo fue publicado originalmente en Nómada. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), que se encarga de los viajes, la logística y la seguridad del presidente, vicepresidente y sus familias, no tiene respuestas. O las oculta. En la Dirección Financiera no hay rastros de la compra de boletos aéreos para Nueva York los días indicados, y ni siquiera había presupuesto para gastar en transporte aéreo. Y en la Dirección de Seguridad no hay récords de que el ejército, responsable de los aviones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, haya prestado su flota.
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Orlando Ramírez, el jefe de la SAAS, dijo que cualquier consulta se debería hacer a través de solicitudes hacia la oficina de información pública. Ahí deberían estar las respuestas.
Entre el 12 de febrero y el 13 de julio de 2018, Nómada hizo 20 requerimientos de información a la SAAS, al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Dirección General de Aeronáutica Civil –una dependencia del Ministerio de Gobernación–. Ninguna de las instituciones aportó información concluyente sobre el vuelo a Nueva York de Jimmy Morales. Y además, salieron a luz inconsistencias en otros viajes del mandatario.
Alfredo Brito, el secretario de Comunicación de la Presidencia, dijo que Morales viajó por sus propios medios, pero no presentó pruebas que lo demuestren.
Además del viaje a Nueva York, los informes del Gobierno son inconsistentes y no explican cómo se pagaron otros vuelos de Jimmy Morales. Dos a Miami, Estados Unidos, en junio de 2016; otro a Panamá en diciembre de 2017 y uno a Israel en mayo de 2018.
La transparencia no aterriza
El 27 de agosto, un día después de volver de Nueva York, sin que su plan tuviera eco en Naciones Unidas, Jimmy Morales declaró “persona non grata” al comisionado y estuvo muy cerca de expulsarlo del país. Pero protestas ciudadanas, las acciones legales de organizaciones civiles y tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad frustraron el plan. La venganza ya había fallado en dos ocasiones.
“Ese viaje dejó en evidencia el plan de Jimmy Morales contra la CICIG. Y no hay excusa para que el Gobierno esconda la información y todos los detalles la logística detrás del vuelo”, dijo la activista Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack.
Según la Ley de Acceso a la Información, que data de 2008, la ciudadanía tiene derecho a saber a dónde y por qué viaja Morales. Y también quién paga esos viajes. Los datos deberían estar disponibles y actualizados en los portales de las instituciones, sin necesidad de que los ciudadanos la requieran.
En caso de que haya volado en un avión privado, el artículo 18 de la Ley de Probidad establece castigos en caso de que el mandatario haya recibido favores de particulares a cambio de una decisión o acción.
Además, el Código Penal define como delito el cohecho pasivo (soborno) cuando “un funcionario o empleado público recibe (una) dádiva o presente (regalo), o acepta ofrecimiento o promesa por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo, o por abstenerse de un acto que debiera practicar”. La sanción es prisión de uno a cinco años y una multa. Para determinar sobre quién recae esta una acusación por este delito, el Ministerio Público (MP) debe hacer una investigación.
La necesidad de un avión presidencial
Morales no es el único. El expresidente Álvaro Colom (2008-2012) incurrió en ese posible delito de la ley de probidad: usó una decena de veces los aviones de Tomza, una empresa importadora y comercializadora de gas licuado de petróleo. Y su sucesor, Otto Pérez Molina (2012-2015), utilizó un avión de la empresa Multi-Inversiones para asistir a la Cumbre de las Américas celebrada en Colombia en abril de 2012. De hecho, Samuel y José Manuel Morales, el hermano y el hijo del presidente, acusados de corrupción, también viajaron a Estados Unidos en un avión de Felipe Bosch (expresidente de Fundesa y acusado por el MP y la CICIG de dar financiamiento electoral ilícito a Jimmy Morales) para ver un partido de futbol de la selección nacional en marzo de 2016.
Una investigación de Nómada encontró que Jimmy Morales viajó en mayo de 2018 a Israel en el avión del empresario americano-israelí Sheldon Adelson, propietario de casinos y centros de convenciones, y sancionado por incurrir en actos de corrupción.
Sheldon Adelson también invierte recursos en el lobby pro-Israel que busca la apropiación de territorios disputados con Palestina. El gobierno de Jimmy Morales le dio un espaldarazo al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.
La negativa del gobierno para rendir cuentas y explicar el uso de un avión privado en una visita de Estado, para inaugurar la Embajada de Guatemala en Jerusalén, provocó incluso que se abriera una carpeta judicial en el MP.
Julia Barrera, portavoz del MP, explicó que la Contraloría General de Cuentas debe auditar e investigar ese vuelo. Además, la Fiscalía contra la Corrupción debe determinar quienes viajaron en ese avión y establecer si cometieron delitos. La investigación está en curso.
Las instituciones no se hacen cargo
El contralor Carlos Mencos dice que el caso del viaje a Nueva York no está en el ámbito de competencia de la Contraloría General de Cuentas, por tratarse de un vuelo que no fue pagado con recursos públicos.
“A nosotros nos corresponde fiscalizar el gasto público y este caso la investigación le corresponde al Ministerio Público”, aclara.
Pero Julia Barrera, la portavoz del MP, dice que aún no hay una denuncia que dé lugar a abrir un expediente.
Violeta Mazariegos, jefa de la Secretaría de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, considera que el viaje fue un acto de administración pública que hizo Jimmy Morales en sus funciones como Presidente de la República, y no como particular ni en su periodo vacacional. Y por eso dice sí debería rendir cuentas.
“Por efectos de ética, integridad y para evitar los conflictos de interés, se debe declarar quién paga los vuelos del Presidente”, dice.
*Este artículo fue publicado originalmente en Nómada. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.