Un grupo ambiental acusó al gobierno peruano de suspender el periodo de gobierno de su director forestal, porque el organismo encargado de proteger la selva amazónica del país estaba combatiendo la exportación ilegal de madera a Estados Unidos y México. La destitución del funcionario se dio después de que varias iniciativas de control progresivas se toparan con una reacción violenta de empresas y políticos, lo que pone sobre la mesa las dificultades que enfrentan quienes luchan contra la lucrativa industria de tráfico de vida silvestre, prácticamente exenta de riesgo en Latinoamérica.
La organización mexicana de noticias Proceso declaró que en enero el gobierno peruano destituyó al director del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), Rolando Navarro. La destitución de Navarro fue consecuencia de quejas de empresas peruanas y mexicanas que participan en la comercialización de madera, las cuales denunciaron que el control de OSINFOR les costaba onerosas sumas de dinero. Políticos limeños censuraron al organismo por dañar la imagen de Perú y exponer al país a posibles sanciones de Estados Unidos en el marco de los acuerdos comerciales vigentes.
“Esto obviamente es un intento por debilitar y bajar el perfil a Osinfor”, dijo Julia Urrunaga, directora en Perú para la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), según cita Proceso. La EIA es una organización internacional no gubernamental que se dedica a la investigación y divulgación de crímenes ambientales.
Lo notable de esta historia es que las regulaciones sobre tráfico de madera se estaban implementando por completo; la mayor parte de los delitos ambientales no se denuncian ni se penalizan en Latinoamérica.
Bajo riesgo, altas ganancias
El tráfico global de vida silvestre vale US$142 miles de millones al año según un informe de 2014 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés), donde la madera ilícita representa US$100 miles de millones, la pesca ilegal, US$23 miles de millones, y otras formas de vida silvestre, US$19 miles de millones anuales.
Jorge Ríos, director del Programa Global para la Lucha contra Crímenes sobre la Vida Silvestre y Forestal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC), comentó a InSight Crime que la madera ilegal también representa la mayor parte del tráfico de vida silvestre en Latinoamérica, seguido del comercio ilegal de aves y pequeños reptiles. En comparación con otras formas de crimen organizado en la región, Ríos dijo en entrevista telefónica que el ecotráfico es “el más lucrativo, con el menor riesgo”.
Ríos señaló que los agentes de orden público y los fiscales simplemente no tienen el conocimiento técnico para investigar o procesar con éxito los casos. Señaló que la justicia también se ve entorpecida por la falta de recursos y la ausencia en las áreas remotas donde el ecotráfico se presenta. Ríos consideró que las cortes latinoamericanas también tienen equipamiento insuficiente para encarar este tipo de delitos, y señala que incluso con leyes suficientes en los libros “aún debe juzgarse, apresarse y sentenciarse, y es allí donde hay problemas”.
El riesgo se reduce aún más por el hecho de que las sanciones legales por ecotráfico en Latinoamérica son muy inferiores a las penas impuestas a otros tipos de crimen organizado. Las sentencias máximas por narcotráfico en la región superan en 10 años por lo menos a las penas máximas por ecotráfico, y en ciertos casos los traficantes de vida silvestre enfrentan apenas una multa. (Vea tabla de InSight Crime a continuación)
| Ecotráfico | Narcotráfico | |
| Costa Rica |
1 mes a 2 años de prisión O multa de US$18,71 a US$187 | 8 a 15 años de prisión |
| Brasil |
1 a 3 años de prisión O multa (monto sin especificar) | 5 a 15 años de prisión |
| Perú | 3 a 5 años de prisión y multa de 180 a 400 días multa (el monto pagado depende de los ingresos de la persona) | 8 a 15 años de prisión |
| Colombia | 2 a 5 años de prisión y multas hasta de 10.000 salarios mínimos
| 10.7 a 30 años de prisión |
| Ecuador | 1 a 3 años de prisión y multa de 500 a 1000 salarios mínimos
| 12 a 16 años de prisión |
| Bolivia | Hasta 2 años de prisión y una multa equivalente al valor de los bienes traficados 10 a 25 años de prisión | 10 a 25 años de prisión
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En una entrevista en 2014 con el diario colombiano El Tiempo, Bernardo Ortiz, director para Suramérica de la organización TRAFFIC, señalaba que las actuales pautas de penalización no son un desincentivo para los traficantes de vida silvestre. “Las penas son mínimas”, decía Ortiz. “Nadie va a la cárcel por comerciar animales silvestres”.
En los raros casos en que se encierra a los traficantes, el costo es bajo en comparación con las potenciales ganancias. Un mexicano fue sentenciado este año en Ecuador a dos años de cárcel y se le tasó una multa de US$20.000 por tratar de sacar 11 iguanas de las Islas Galápagos. Estas criaturas únicas están protegidas y se consideran vulnerables a la extinción. En 2007, un hombre de California, atrapado cuando trataba de sacar ilegalmente también iguanas protegidas de Fiji en la prótesis de su pierna dijo a un agente encubierto que había vendido iguanas por más de US$10.000 cada una, informó BBC.
Aunque los hábitats y recursos naturales son los más visiblemente afectados por los delitos ambientales, GITOC dice que también pueden financiar el conflicto, socavar el estado de derecho y afectar el acceso de la gente a fuentes de agua potable segura, fuentes de alimento y refugio. GITOC también señala que el ecotráfico se conecta muchas veces con el lavado de dinero, porque los traficantes deben procesar sus ingresos ilícitos. A lo largo de sus rutas y en los cruces de fronteras, los ecotraficantes coinciden con otros elementos del crimen organizado, porque todos estos grupos buscan áreas donde la fuerza pública es escasa y la presencia de funcionarios corruptos garantiza el paso seguro del contrabando.
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“En los escalones superiores, los funcionarios estatales en connivencia con organizaciones internacionales y grandes empresas nacionales venden licencias, tierras y derechos de extracción a personas y empresas según la coima en lugar del mérito de la licitación, o los distribuyen como regalos entre la clientela política favorecida”, informa GITOC.
Urrunaga, de la EIA, afirma que la participación de funcionarios estatales va más allá del boicoteo de algunos políticos peruanos a las iniciativas de control y vigilancia. Indica que el tráfico de madera ilegal de Amazonas peruano tuvo que haber sido facilitado por documentación falsa aprobada por agentes del gobierno.
En las escalas más bajas, los funcionarios se hacen cómplices del tráfico. En un caso, mencionó Ortiz en su entrevista con El Tiempo, la policía colombiana decomisó varias tortugas con sus huevos a un grupo de campesinos. En lugar de conservar la evidencia, se repartieron lo decomisado para llevar a sus casas como alimento.
Necesidad de múltiples estrategias
Los ambientalistas señalan que una solución a largo plazo al problema del ecotráfico debe involucrar un cambio en las actitudes de los involucrados o en los afectados por la práctica; desde las comunidades locales que entregan su flora y fauna, a intermediarios que transportan los bienes hasta los usuarios finales que los compran.
“Las penas deben ser suficientemente severas para situarse en el rango disuasor, pero cambiar la actitud de las personas, para no llegar a la situación en la que se comete el delito es en primer lugar una alternativa preferible —aunque difícil de alcanzar”, comentó el doctor Richard Thomas, coordinador global de comunicaciones para TRAFFIC. “En la actualidad, los esfuerzos por cambiar comportamientos se dirigen a los usuarios finales […] porque si se los persuado de no comprar, el mercado colapsará”.
Los expertos hacen notar que también es importante crear alternativas económicas para las comunidades locales que sacan sus ingresos de estas prácticas ilegales. “Es esencial darles medios de subsistencia”, comentó Ríos, “y debemos reconocer que no se trata solo del ecoturismo, sino de desarrollo rural a gran escala”.
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[i.] Fuentes de sentencias para delitos de ecotráfico y narcotráfico en países latinoamericanos: