Si el gobierno de México considera que la “legalización” de los grupos de autodefensas, en el asediado estado de Michoacán, resolverá sus problemas de seguridad ciudadana, debería observar con más detenimiento a los otros tres países de la región –Colombia, Guatemala y Perú- que probaron proyectos similares, bajo circunstancias similares, y obtuvieron terribles resultados.
La estructura legal que enmarcará a los grupos de autodefensa en México, aunque preliminarmente, los formaliza con un nombre –Cuerpos de Defensa Rurales- y les pide presentar una lista de sus miembros al gobierno.
Varios puntos de la ley son de cierta forma vagos. Ésta dice que pueden trabajar con la policía municipal, pero no los obliga a ser parte de la policía. Les exige registrar sus armas con el ejército, pero no dice si pueden quedarse con sus armas, ni que tipo de armas deben registrar (la ley mexicana permite a los ciudadanos portar un arma hasta de calibre .38)
El gobierno también afirma que ayudará a las autodefensas con sus actividades, pero no delimita claramente lo que estas actividades implican. De hecho, esa sigue siendo la pregunta principal: ¿Qué harán exactamente los Cuerpos de Defensa Rurales? ¿Cuál es su rol y jurisdicción?
Por supuesto, todo esto necesitará ser definido más claramente por medio de una legislación más formal, presuntamente a nivel nacional, pues las milicias ya están infringiendo varias leyes y poniendo al gobierno actual en un terrible dilema de relaciones públicas: ¿Cómo se apoya una estrategia paramilitar sin admitir que se ha fallado como gobierno?
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Cuando el Congreso de México se siente, deberá considerar cuidadosamente los esfuerzos de tres de sus vecinos, los cuales crearon unidades paramilitares legales para ayudarlos con sus propios problemas de seguridad. Entre ellos, Guatemala fue el más grande en términos per cápita. Las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) contaban con entre 500.000 y un millón de miembros en su apogeo, un número increíble, considerando que la población del país no superaba los diez millones en ese entonces.
Las PACs no estaban realmente definidas colectivamente por una ley, sino por muchas, y estaban dirigidas por déspotas militares, haciendo que su uso fuera de alguna manera arbitrario y, en últimas, brutal. De hecho, los comandantes del ejército que controlaron las PACs, las utilizaron para torturar, asesinar y delatar a sus vecinos sistemáticamente, a menudo a punta de pistola. Después de la guerra, el informe del Arzobispo afirmó que las PACs, junto con el ejército, estuvieron involucradas en 1.799 violaciones a los derechos humanos y en 342 masacres.
En Perú, el gobierno hizo un esfuerzo más concertado para colocar a las Rondas Campesinas bajo una estructura legal, las cuales estaban parcialmente basada en los históricos grupos de “vigilancia comunitaria”, que habían operado durante años en las comunidades indígenas.
Las leyes incluían suministrar armas a los grupos –un decreto legislativo de 1991 incluso permitió la adquisición de escopetas calibre 12. Así como en Guatemala, el ejército utilizó a las Rondas en su sucia guerra contra los insurgentes, aunque no de una forma tan espectacular y masiva, poniéndolas a menudo en situaciones de riesgo. Las Rondas se convirtieron en un blanco fácil para Sendero Luminoso, el brutal grupo guerrillero de Perú, el cual masacró a cientos de campesinos cuando el ejercito dejó sus pueblos.
Quizás el ejemplo más claro de cómo no administrar milicias apoyadas por el Estado viene de Colombia, donde las llamadas Convivir estuvieron cobijadas por una ley más amplia de seguridad privada, la cual proporcionaría el pilar de lo que se convertiría en la fuerza paramilitar más grande de la región.
Bajo el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estos mismos grupos paramilitares se convirtieron en representantes del ejército estatal, cometieron masivos abusos contra los derechos humanos, y se convirtieron en la organización de narcotráfico más grande del hemisferio.
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El tiempo ha ayudado a que las autoridades judiciales dicten fallos, tanto sobre los paramilitares que cometieron algunas de estas atrocidades, como sobre las políticas que ayudaron a constituir estas estructuras mortales en primer lugar. En la reciente decisión de condenar al detenido líder paramilitar Ever Veloza García alias “HH”, una corte de Bogotá afirmó que la política de las Convivir había permitido que “los grupos paramilitares consolidaran y expandieran sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”.
Considerando ésta historia, es interesante que Colombia haya proporcionado a México entrenamiento y consultores de alto nivel, incluyendo al antiguo director de la elogiada policía de Colombia, Oscar Naranjo, quién regresó para ayudar al gobierno colombiano a negociar un acuerdo de paz con el grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hay pocos indicios de que Colombia haya transmitido el “secreto” paramilitar a los mexicanos. De hecho, Naranjo sabe mejor que muchos el daño que pueden causar en el largo plazo. Después de que las AUC se desmovilizaran y firmaran su propio acuerdo de paz con el gobierno, surgieron docenas de grupos paramilitares más pequeños. El gobierno los ha llamado Bandas Criminales o BACRIM, con el fin de disfrazar su origen.
Desde entonces, las BACRIM han arrastrado al país hacia otra brutal fase de la guerra, en la que el grupo que emergió como el más poderoso, los Urabeños, tiene sus raíces en el grupo paramilitar original, las AUC.
La experiencia de estos otros países latinoamericanos sirven como moraleja, y no deben ser tomados a la ligera por los legisladores mexicanos a medida que avanzan con la formalización de las autodefensas de Michoacán.