La revista Contralínea analiza el testimonio de testigos protegidos que trabajaron como sicarios para el Cartel de Sinaloa, arrojando luces sobre la vida en las altamente disciplinadas organizaciones narcotraficantes mexicanas.
El testimonio es tomado de un caso, visto por Contralínea, de 2011 de la Procuraduría General de la República, sobre un jefe de sicarios del Cartel de Sinaloa en el estado de Sonora, al noroeste del país. Los testigos protegidos citados en el archivo incluyen un alias “Victoria”, quien afirma que se unió en noviembre de 2009 a una pandilla que hacía parte del Cartel de Sinaloa, la Gente Nueva. El grupo estaba encargado de expulsar a miembros de grupos rivales, como los Zetas y la Organización Beltrán Leyva, de algunas “plazas” en el estado de Sonora, incluyendo las ciudades de Nogales, Santa Ana y Hermosillo. “La orden era matarlos a todos”, dice Victoria.
También señala Victoria que para el Cartel de Sinaloa era estratégicamente vital controlar el tráfico de armas y drogas en su territorio, estableciendo que el grupo recibía cargamentos de armas de la patrulla fronteriza estadounidense en Nogales. Él describió cuando fue a la ciudad a recoger 30 rifles WASR-10 –una versión barata de la AK-47, conocida coloquialmente como “cuernos de chivo”, debido a su cartucho con forma curva–. La célula del Cartel de Sinaloa en Sonora también contaba con una base de operaciones en Tucson, Arizona, la cual era responsable de asegurar armamento para la organización, según el reporte.
Tales armas eran usadas en los enfrentamientos del Cartel de Sinaloa contra sus rivales. Victoria describe varios combates a finales de 2009 y en el primer semestre de 2010, usualmente involucrando un convoy gigante de vehículos que iban desde 20 hasta 80 camionetas, cada una con cinco o seis personas. Estas batallas duraban entre dos horas y tres días y mantenían a pequeñas poblaciones rurales, como Saric en Sonora, en un estado de acoso en el que los residentes no podían salir a comprar víveres por miedo a resultar heridos. Durante un enfrentamiento, los sinaloenses marcaron un convoy de sus vehículos con una “X” en cada automóvil para distinguirse del grupo rival.
Según el artículo, a Victoria le pagaban USD$6.000 al mes para trabajar para el cartel, y ganaba unos USD$50 extra por cada cargamento aéreo de cocaína que llegara a Oaxaca, México, desde Colombia y Costa Rica.
El reporte también arroja luces sobre algunas de las actividades narcotraficantes del Cartel de Sinaloa en el norte de México. Otro testigo protegido, alias “Zenya”, describe la operación de los traficantes de marihuana, conocidos como “burreros”. Los burreros trabajan en grupos de 12, y a cada miembro se le pagan USD$1.000 por contrabandear marihuana desde Nogales hacia Estados Unidos.
Análisis InSight Crime
El reporte de Contralínea pinta un escenario en el que el Cartel de Sinaloa maneja franquicias tan organizadas como McDonald’s, con un jugador asignado a cada rol específico. Las responsabilidades van desde proteger cargamentos de marihuana hasta sobornar las autoridades locales y manejar logísticas clave, como asegurarse que los sicarios reciban sus salarios a tiempo.
Algunas de las afirmaciones más sorprendentes de Victoria son que el cartel compró sus armas en Arizona, y dependió de agentes estadounidenses corruptos de la patrulla fronteriza para traficar las armas para ellos. Las acusaciones de corrupción al interior de la patrulla fronteriza no son nada nuevas –dos agentes fueron a juicio este año por participar en un esquema de tráfico de personas–. Arizona, un estado con unas de las leyes más laxas en materia de control de armas en Estados Unidos, es también una fuente bien documentada de armas para las organizaciones criminales de México, que usan intermediarios o testaferros para comprar las armas a su nombre, las cuales son luego enviadas a México.
El reporte de Contralínea, también habla sobre las principales causas de fricción al interior de las organizaciones narcotraficantes: operativos renegados. Otro testigo protegido citado en el artículo, alias “Lucero”, describe las tensiones que surgen al interior de la Organización de los Beltrán Leyva a mediados de 2009, luego de que un operativo, José Vázquez Villagrana, alias “Jabalí” o “Java”, empezó a cobrar a otras organizaciones criminales, como la Familia Michoacana, por cada kilo de droga traficada en su territorio en Sonora, sin permiso de sus jefes. El liderazgo de los Beltrán Leyva, amenazó con matar a Jabalí, el cual decidió cambiar sus lealtades y trabajar para el Cartel de Sinaloa. Estos tipo de incidentes –en los que un operario se queda para sí mismo con cargamentos o ingresos provenientes del narcotráfico, sin el consentimiento de sus jefes– son una causa común para la mortal fricción al interior de las organizaciones narcotraficantes, tanto en México como en Colombia.
El reporte también ilustra la dependencia del Cartel de Sinaloa en corromper a las autoridades locales para llevar a cabo operaciones exitosas. En un momento, Victoria describe las funciones de otro operativo del cartel, que era responsable de sobornar a la policía municipal, estatal, federal y de transporte que llevaban a cabo patrullajes en helicópteros, para asegurar el paso seguro de los cargamentos de marihuana a través de Sonora. También queda claro que estas autoridades cooptadas, resultan siendo víctimas de las guerras entre carteles. Victoria describe un incidente en el que fue ordenado a desenterrar los cuerpos de dos oficiales de la policía municipal, asesinados por su lealtad a la Organización de los Beltrán Leyva. Los cuerpos fueron enterrados nuevamente en algún lugar de Sonora “entre dos cactus y un mezquite”.