La bonanza del negocio de la minería ilegal de oro en Colombia demanda explosivos, muchos de los cuales se consiguen en forma ilícita. Este negocio, esencial pero olvidado, ha abierto la puerta para que poderosos capos criminales creen un lucrativo mercado negro que involucra a un grupo grande de personajes, desde sicarios, empresas mineras legales incluso hasta el ejército colombiano.
En Segovia, a pocas horas en dirección norte de la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín, bombillos fluorescentes iluminan una mina donde la gente no busca oro, sino que retira con sumo cuidado los números de serie de explosivos expedidos por el ejército.
La distribución de estos poderosos explosivos “Indugel” es exclusiva del ejército colombiano, y estos son la opción preferida para abrir túneles para la minería en esta región rica en oro. Pero no solo las empresas legales los usan. Toneladas completas de explosivos se desvían al mercado negro cada año para abastecer a los miles de mineros informales que trabajan sin las licencias exigidas.
Un operativo de las fuerzas de seguridad el 14 de enero cerró esta operación clandestina. Se decomisaron casi 3 toneladas de explosivos y se arrestaron a dos personas, informó El Colombiano.
Poco después, comentaron las autoridades a InSight Crime, parece que el dueño de la mina recibió una llamada de un miembro de Los Urabeños, el grupo criminal más poderoso de Colombia. Quería saber cómo había permitido la incautación de tanto material explosivo, y a cambio demandaban que se les pagara.
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Según los funcionarios judiciales y de gobierno consultados por InSight Crime, hay indicios de que Los Urabeños tienen casi un monopolio de este lucrativo mercado ilegal en el departamento de Antioquia, donde se ubica Segovia. Algunas fuentes señalaron que el grupo criminal considera que los explosivos ilegales son una fuente de ingresos más fácil que el narcotráfico, la tradicional fuente de ganancias de los delincuentes colombianos.
Varios factores hacen de los explosivos ilegales una inversión importante para Los Urabeños, aun cuando el grupo ya tenga intereses en la minería ilegal, el negocio de la droga, el tráfico sexual y otras industrias criminales.
Una razón es la enorme demanda. Las inmensas reservas auríferas en el departamento de Antioquia son el sustento de miles de mineros. Quienes no han sido contratados por empresas legales necesitan explosivos para abrir sus túneles clandestinos. Pero la alternativa casera del Indugel, comúnmente llamada “polvo loco”, se considera riesgosa e inestable.
En segundo lugar, estos mineros no pueden ir a otro lugar. Para asegurarse el control del negocio, Los Urabeños supuestamente convocaron a los mineros de la región a una reunión en la que les advirtieron que les prohibían vender explosivos Indugel fuera de su red. Se dice que grupos “piratas” que intentaron negociar independientemente de Los Urabeños fueron exterminados, mientras que otros que revenden los explosivos que fabrican deben pagar extorsiones a Los Urabeños.
Quizás lo más importante para el grupo criminal es que esta es una empresa de bajo riesgo. Hasta hace cerca de un año, cuando las autoridades abrieron investigaciones sobre esta red ilegal, casi nadie se había ocupado del asunto. De hecho, funcionarios judiciales confirmaron a InSight Crime que hasta ahora solo se ha capturado a delincuentes de bajo nivel, como transportadores, aunque se esperan arrestos de más relevancia en el futuro.
Cómo funciona el mercado negro
Los operativos actuales han revelado hasta el momento por lo menos 60 asociaciones mineras que apoyan el mercado negro de explosivos bajo control de Los Urabeños en solo dos pueblos mineros del departamento de Antioquia, los cuales generan alrededor de US$350.000 en ganancias al mes; unos US$4 millones anuales.
Esta red criminal requiere colaboradores en la esfera legal, según explicaron fuentes judiciales. Las empresas mineras formales deben tener un título minero, y al parecer un papeleo interminable para recibir autorización de la Secretaría de Minas, el Departamento para el Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCA) y de las autoridades ambientales. Con esto, pueden comprar los explosivos para minería al único productor legal del país, el fabricante del ejército Indumil.
Una vez obtienen la valiosa licencia, las empresas cooptadas compran los explosivos al ejército, y se dice que algunos sobornan a los agentes para que les den “manos” (unidad de explosivos por un valor de unos US$250) extra, sin registrar en los libros. Las investigaciones indican que estas manos se entregan a Los Urabeños, quienes revenden el producto a una tasa hasta de US$1.500 en el mercado negro, margen de ganancias de un 500 por ciento.
Esta red también ha afectado a importantes instituciones mineras. Pese sus esfuerzos por eliminar el número de serie en el Indugel, varios explosivos decomisados se han podido rastrear hasta sus compradores originales, entre ellos empresas mineras subcontratadas por multinacionales. En otros casos, los explosivos han sido aparentemente robados a las multinacionales y revendidos en el mercado negro. No es claro el grado de participación, si la hay, de las multinacionales mismas en el negocio ilegal.
Según los funcionarios judiciales, este proceso no puede funcionar sin complicaciones sin la negligencia o la colaboración de los agentes de seguridad y entes de gobierno. Hay sospechas entre las autoridades de que mandos medios del ejército pueden estar facilitando la concesión de licencias a empresas sospechosas. Además, los transportadores de explosivos ilegales capturados en flagrancia pueden sobornar a la policía (algunos de los cuales están en la nómina de Los Urabeños) para evitar ir a la cárcel y conservar parte de su carga.
Aun cuando se denuncian y penalizan las empresas corruptas, algunas simplemente cambian el nombre registrado y siguen como si nada hubiera pasado, al parecer bajo la laxa supervisión de la Secretaría de Minas. El mismo ente es el responsable de garantizar que las minas que reciben los explosivos estén realmente en operación, lo que no se hace actualmente, según fuentes judiciales. Cuando las fuerzas de seguridad incursionaron en la mina en Segovia, esta se encontraba fuera de operación hacía un mes por lo menos.
En otros casos, la falta de comunicación entre las instituciones ha beneficiado este mercado negro. Es sorprendente que aparentemente el DCCA no tuvo noticia de la conducta criminal de los compradores hasta hace poco, aun cuando otros organismos del gobierno sabían de esto.
Gráfico cortesía de El Colombiano que ilustra los decomisos de explosivos realizados en 2016
Una tendencia más amplia
Viendo cómo este fenómeno solo comenzó a atraer la atención del gobierno hace algunos meses, no sería una gran sorpresa que existieran redes criminales similares en otros centros mineros alrededor de Colombia. La minería informal también se da en regiones como Cauca, Córdoba y Bolívar, donde las autoridades aún no analizan el uso de explosivos de procedencia ilegal.
Toda esta dinámica está ligada a la falta de énfasis del gobierno en la minería ilegal en Colombia hasta hace relativamente poco. Aunque durante décadas las iniciativas de seguridad se vieron consumidas por la “guerra contra la droga”, los sucesores criminales de los grandes carteles se diversificaron para incluir la minería en su repertorio criminal. Según las autoridades, la industria minera ilegal es actualmente hasta 200 por ciento más rentable que el narcotráfico para los criminales, y en los últimos años esta se ha convertido en prioridad para las autoridades.
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Estos mismos grupos criminales ahora han sacado provecho de las falencias en la vigilancia sobre el negocio de los explosivos, y las investigaciones y decomisos recientes pueden ser el catalizador de nuevas investigaciones. El ejército está poniendo mayor atención a las transgresiones relacionadas con explosivos y está tomando medidas contundentes; ya ha bloqueado por lo menos nueve licencias de explosivos en Antioquia por sospechas de ilegalidad.
Pero el gobierno también debe resolver los problemas en el ámbito legal que están haciendo posible este mercado negro. Los mineros muchas veces enfrentan obstáculos casi insalvables al tratar de establecer operaciones formales, lo que los empuja a buscar alternativas al margen de la ley. Las investigaciones de InSight Crime han hallado que la corrupción e ineptitud en el gobierno local han entorpecido las propuestas de negocios mineros legítimos para obtener licencias para el manejo de explosivos. Quitar del camino algunos de los obstáculos que enfrentan los mineros locales que buscan adelantar operaciones legítimas probablemente ayudaría a restringir esta fuente de ingresos para Los Urabeños y la red corrupta que lo sustenta.