Un informe señala que el grupo criminal Los Gaitanistas de Colombia ha sitiado a 3.000 personas en un pueblo ubicado en el departamento de Bolívar, al norte del país; una táctica inusual que pone de relieve el grado de control social que el grupo puede ejercer en áreas de importancia estratégica.
El informe de Verdad Abierta señala que Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), han estado prohibiendo durante varias semanas el acceso a alimentos y restringiendo la circulación por las calles en el municipio de Achí (vea abajo el mapa de Verdad Abierta).
Han obligado a los dueños de las tiendas de víveres a cerrar y han impuesto un toque de queda a las 6 p.m, informó Verdad Abierta. El grupo criminal al parecer incluso controla la duración de las llamadas telefónicas hechas por los residentes, y ha exigido el pago de extorsiones en dinero en efectivo, con alimentos o con otros artículos de valor.
Verdad Abierta también dijo que ha habido informes de asesinatos recientes en la zona: un mototaxista fue asesinado en Achí en enero y en julio otro conductor y un comerciante local fueron asesinados. A principios de agosto, los locales encontraron un cuerpo decapitado flotando en el río Cauca.
Según Verdad Abierta, las autoridades locales también han recibido informes de una trocha entre Achí y el vecino municipio de Tiquisio, que presuntamente las AGC han utilizado para torturar y asesinar a las víctimas de la zona.
Según informes, el grupo también ha estado reclutando a niños de la localidad, que son utilizados como “delatores”, recolectores de hoja de coca conocidos como “raspachines”, o como vigilantes de las retroexcavadoras que se usan en la minería para extraer el oro. Las autoridades locales también han informado de casos de abusos sexuales perpetrados contra las niñas en la zona, dijo Verdad Abierta.
Un periodista de Verdad Abierta, quien trabajó en el informe, dijo a InSight Crime que las AGC habían restringido el acceso a la alimentación como un mecanismo de control “para demostrar que ellos son la ‘autoridad’ en la región y que nada se mueve sin su permiso”. El periodista afirmó que algunos de los habitantes estaban sobreviviendo de los cultivos de alimentos de subsistencia como la papa, la yuca y el plátano, pero añadió que debido a la escasez de alimentos al menos 3.000 personas estaban en riesgo de ser desplazadas en la zona Achí.
Análisis de InSight Crime
En el pasado, las AGC han sido conocidos por ejercer control social sobre las áreas de importancia estratégica para sus intereses criminales. Sin embargo, el caso en Achí es notable por dos razones.
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En primer lugar, aunque se han reportado otros casos de toques de queda por parte de las AGC, restringiendo el acceso a los alimentos -una medida particularmente extrema- no parece ser su modus operandi típico.
En segundo lugar, las AGC normalmente refuerzan su control sobre un área cuando luchan contra otro grupo por territorio en disputa.
Achí está situado en la región del Magdalena Medio, una franja de tierra fértil a lo largo del río Magdalena, que ha sido uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia. Numerosos grupos armados ilegales han luchado por el control de la producción de coca y por las rutas de tráfico de drogas en la zona, que tiene una larga historia de ocupaciones por parte de la guerrilla y los paramilitares, y más recientemente ha visto la incursión de grupos narcoparamilitares -incluyendo las AGC- conocidos como BACRIM (acrónimo para “bandas criminales”).
Sin embargo, en la parte sur del departamento de Bolívar, donde se encuentra Achí, las AGC al parecer han formado una alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según Verdad Abierta, las FARC supervisan el cultivo de coca y producción de cocaína en la zona, mientras que las AGC compran el producto terminado para su distribución y exportación.
Una posible explicación a las actuales medidas impuestas en Achí es que las AGC pueden estar reforzado el control sobre la región en respuesta a la percepción de una amenaza por parte del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las FARC se aliaron con el ELN en la región en 2009, en respuesta a la competencia con las BACRIM, pero rompió el pacto dos años después cuando el Frente 37 de las FARC formó una alianza con las AGC para expulsar al ELN del comercio de drogas de la región.
Tras el cambio de alianzas de las FARC en 2011, las AGC aumentaron su nivel de control social en la región. Las AGC establecieron puestos de control en las carreteras locales, deteniendo a los mototaxistas y a otras personas para obtener información. El grupo presuntamente también asesinó a tres personas a las que acusaban de ser simpatizantes del ELN en el municipio de Montecristo, cerca de Achí.
Pero mientras las batallas que tuvieron lugar en mayo entre las GAC y el ELN provocaron un desplazamiento masivo en el departamento de Chocó, no ha habido informes recientes sobre conflictos entre el ELN y las AGC cerca de Achí. Después de todo, sin un enemigo claro a la vista, no son del todo claras las razones que podrían explicar las tácticas de asedio de las AGC en Achí.
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Aún así, la situación sirve como un recordatorio de la capacidad que tiene el grupo para ejercer un estricto control sobre las áreas de importancia estratégica y económica. Las fuentes de ingresos de las AGC que provienen del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, dependen de control territorial. Perder ese territorio implicaría perder esas fuentes de ingresos.
La capacidad de las AGC para ejercer este control se deriva de las raíces de la organización en los grupos guerrilleros y paramilitares. Los hermanos Úsuga, Juan de Dios y Darío Antonio -quienes tomaron el mando del grupo en 2009- eran exmiembros de la guerrilla maoísta Ejército Popular de Liberación (EPL) antes de unirse a una organización paramilitar, que luego se convertiría en parte de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).
A veces al grupo le gusta recordarle a los residentes y al gobierno sobre este control. Por ejemplo, tras la muerte del líder de los Urabeños Juan de Dios Úsuga en un allanamiento que tuvo lugar el día de Año Nuevo en 2012, el grupo impuso un paro armado y obligó a los tenderos a cerrar durante 48 horas en partes del norte de Colombia, ocasionando pérdidas económicas de más de US$5 millones sólo en la ciudad de Santa Marta.
Otros grupos armados ilegales en Colombia, en particular las FARC y el ELN, son conocidos por imponer medidas de control social similares. En julio, el ELN anunció un “paro armado” de tres días para celebrar el aniversario número 50 del grupo, el cual afectó a las empresas y al sector de transporte en el bastión del grupo, cerca de la frontera con Venezuela.