En ocasiones, la violencia endémica provocada con armas de fuego en Latinoamérica y el Caribe produce consecuencias no intencionadas –y fatales- para las víctimas de balas perdidas; una amenaza limitada aunque real para la seguridad ciudadana en la región.

Un informe (pdf) publicado en junio de 2014 por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC, por sus siglas en inglés) examinó 550 casos que resultaron en 617 víctimas de balas perdidas –definidas como aquellas balas disparadas intencionalmente que ocasionan la muerte o causan heridas a una persona (o personas) diferente a la que es el blanco de quien acciona el arma de fuego- que fueron reportados por los medios en Latinoamérica y el Caribe entre 2009 y 2013.

El estudio encontró que las mujeres son desproporcionalmente victimizadas a causa de las balas perdidas en comparación con la violencia en general; las mujeres representan el 43 por ciento de los casos de balas perdidas, aunque constituyen sólo el 17 por ciento de las víctimas de homicidio a nivel mundial.

Mientras tanto, un alarmante 45 por ciento de todas las víctimas de balas perdidas fueron menores de edad (con menos de 18 años). Esto puede atribuirse al hecho de que los jóvenes son los principales perpetradores –y víctimas- de la violencia provocada con armas de fuego en la región. Sin embargo, esta cifra también muestra cómo el uso de lugares públicos por los niños, como los parques, los pone en un mayor peligro de ser víctimas de violencia no intencionada que la población general.

Además de graficar la demografía de las víctimas, el informe también documentó las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los incidentes con balas perdidas. Más de un cuarto de los casos reportados por balas perdidas durante el periodo de cuatro años estuvieron relacionados con la violencia de pandillas, mientras que el 14 por ciento de los casos fueron atribuidos a la delincuencia común o a robos armados. Notablemente, el 14 por ciento de los casos involucró a las autoridades. Sin embargo, esta cifra incluye no sólo las balas disparadas por, sino también en contra de, policías u otros cuerpos de seguridad.

A nivel de países, Venezuela registró el número más alto de incidentes con balas perdidas reportados entre 2009 y 2013 con 74 casos, seguido por Brasil (71) y Colombia (57).

En total, 325 de las 617 víctimas (el 53 por ciento) de balas perdidas documentadas en el informe sufrieron algún tipo de herida, mientras que el 47 por ciento restante de los casos resultaron en la muerte.

Como lo indica el informe, el estudio no es un reporte completo del problema sobre las balas perdidas en la región. En 2013, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos en Colombia publicó un informe (pdf) que registró cerca de 3.000 víctimas de balas perdidas en el país entre 1990 y 2013.

Análisis de InSight Crime

Las balas perdidas matan indiscriminadamente y a menudo sin advertencia, haciendo que sea difícil prevenir que algunas subpoblaciones específicas se conviertan en víctimas. Según el autor del estudio, William Godnick, el hecho de que las mujeres constituyan un mayor porcentaje de víctimas de balas perdidas que de la violencia en general puede deberse a una nivelación de las probabilidades. “La naturaleza de las balas perdidas es de alguna forma aleatoria y esto la hace un tipo de violencia más equitativa que afecta a las mujeres casi igual que a los hombres”, dijo Godnick a InSight Crime.

Pese a que las balas perdidas usualmente golpean de forma aleatoria, son producto de un marco más amplio de violencia sistemática que existe en muchos lugares de la región. De los 27 países de Latinoamérica y el Caribe estudiados por UNLIREC, 23 tienen tasas de homicidio que alcanzan proporciones endémicas –definidas por la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) como más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con el fin de disminuir el número de víctimas de balas perdidas, los gobiernos primero deben limitar el rol de los actores principales y mitigar los factores que traen como resultado altos niveles de violencia en la región.

Las pandillas callejeras juegan un rol central no sólo en los casos de balas perdidas, sino también en hacer de Latinoamérica la región más violenta del mundo. Como resultado, el punto central de las estrategias de seguridad que apunten a reducir la victimización por balas perdidas debe incluir formas de minimizar la violencia de pandillas, pese a lo intimidante que pueda ser esta tarea.

Las pandillas callejeras de Centroamérica, o maras, como Barrio 18 y la MS13 han evolucionado hasta convertirse en organizaciones criminales transnacionales con células que operan en las principales ciudades a lo largo de la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá. En Suramérica, el incremento de operaciones de microtráfico dirigidas por pandillas locales es una fuente principal de violencia en Colombia, mientras en Venezuela, pandillas juveniles armadas y sofisticadas han ayudado a convertir a Caracas en una de las ciudades más peligrosas del mundo.

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Limitar el acceso a pequeñas armas de fuego es otra estrategia compleja, aunque importante, en la reducción del número de víctimas de balas perdidas -y la violencia en general- en la región. En Venezuela, el país que registró el mayor número de casos por balas perdidas, los altos índices de violencia se han relacionado con la facilidad de acceso a las armas de fuego.

Sin embargo, la evidencia sugiere que leyes de armas más estrictas no necesariamente tienen un efecto significativo sobre la violencia armada en Latinoamérica. A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años para reducir el número de armas en varios países de Latinoamérica, “la región está tan inundada de armas, que son tanto traficadas a través de fronteras como desviadas de almacenamientos militares, policiales y privados, que la disponibilidad es generalizada”, dijo Godnick a InSight Crime. Como resultado de ello, los gobiernos deben desarrollar estrategias para limitar el acceso no sólo a las armas de fuego legales sino también a las que son traficadas ilegalmente para disminuir la violencia provocada por balas perdida en la región.

Por último, volver a examinar el uso adecuado de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad probablemente reduciría los problemas de victimización por balas perdidas. La policía de Brasil -que registró el segundo mayor número de víctimas de balas perdidas- asesinó a un promedio de seis personas al día durante los últimos cinco años, apuntando a un uso excesivo de armas de fuego por parte de la policía del país. Es probable que la militarización de las fuerzas policiales en países como Honduras sólo aumente la participación de la policía en los casos de balas perdidas, a medida que los soldados entrenados para escenarios bélicos son desplegados para combatir a las pandillas callejeras locales y a los grupos del crimen organizado.

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En pocas palabras, la victimización por balas perdidas es muy aleatoria en su naturaleza, pero hay factores institucionales que impulsan este fenómeno. En la medida en que los países de la región reduzcan los niveles de violencia de las pandillas, el acceso a las armas de fuego legales e ilegales, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, es probable que los países experimenten una caída correspondiente en las muertes no intencionales por “balas perdidas”.

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