Tras registrar la tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe en 2020, Jamaica está experimentando un repunte de la violencia este año, con un promedio de más de 100 homicidios al mes.

Al 20 de marzo, el país isleño había registrado 328 asesinatos, un siete por ciento más que los 307 asesinatos registrados en el mismo período del año pasado, según datos de la Fuerza Policial de Jamaica. Casi la mitad de los asesinatos documentados hasta principios de marzo ocurrieron a plena luz del día, según datos policiales obtenidos por el Jamaica Gleaner.

El 16 de marzo fue particularmente violento, pues en un lapso de 24 horas fueron asesinadas 10 personas. Ello incluye la muerte de un vendedor informal, un doble asesinato en Kingston, la capital, y el asesinato de un joven de 21 años, conductor de un camión repartidor, como informó el Jamaica Gleaner. El país tuvo además un fin de semana particularmente nefasto a mediados de enero, cuando 25 personas fueron asesinadas y otras más resultaron heridas en varios ataques.

«Este nivel de cinismo y desprecio absoluto por la vida y el orden público no puede ser aceptado», dijo la fiscal general Marlene Malahoo Forte a medios locales después de esa ola de violencia letal.

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El aumento de la violencia en Jamaica es una de las principales razones por las que el país aprobó el Consenso Nacional sobre Crimen a mediados de 2020, un plan de reducción de la criminalidad que es supervisado por un comité multisectorial y no partidista. El plan pretende priorizar programas sociales y comunitarios eficaces, reformar la Fuerza Policial de Jamaica e incorporar militares a los programas de lucha contra el crimen en áreas azotadas por altas cifras de asesinatos y otros crímenes violentos.

«Esta es una colaboración entre la sociedad civil y los principales partidos políticos, con el fin de identificar lo que acordamos que debe implementarse para lograr una reducción sostenible de la criminalidad, la corrupción y la violencia, y nuestra entidad está allí para monitorear el trabajo que están haciendo», dijo Lloyd Distant, presidente de la Cámara de Comercio de Jamaica y director del comité de supervisión.

La modernización y transformación de la Fuerza Policial es una de las principales prioridades. Jamaica tiene alrededor de 450 agentes por cada 100.000 habitantes, según el experto en seguridad Anthony Clayton, profesor de la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica. Si bien el número de agentes está por encima del promedio mundial, que es de unos 300 por cada 100.000 habitantes, la carga de trabajo por agente —que según Clayton es unas 40 veces mayor que en un país como el Reino Unido— es inmanejable.

«Solo hay cinco o seis agentes para ocuparse de cada homicidio», afirma Clayton, quien ayudó a redactar el Consenso Nacional sobre el Crimen y hace parte del comité que supervisa su implementación.

La institución también está enfrentando altas tasas de renuncias y ausentismo, lo que, según Clayton, es un indicio de que se requiere cambiar la cultura mediante la inversión en capacitación, mejores salarios y perspectivas profesionales. Las capacidades tecnológicas deben mejorarse y, como mínimo, las patrullas deben funcionar adecuadamente, agrega.

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Sin embargo, el plan anticrimen va más allá de la policía. El gobierno también está impulsando reformas legislativas, incluida una revisión de la anticuada Ley de Armas de Fuego de 1967. Cerca del 80 por ciento de los homicidios del país se cometen con armas de fuego ilegales, según Horace Chang, ministro de Seguridad del país.

«Tenemos leyes sobre la posesión ilegal de armas de fuego, pero ninguna de ellas aborda la fabricación o el tráfico ilegal de armas de fuego, por lo que estos cambios legislativos son muy importantes en la lucha contra la delincuencia», afirma Distant.

Durante años, las pandillas criminales de Jamaica han traficado en el país armas de fuego provenientes de Estados Unidos y de otras partes del Caribe. Por ejemplo, los barcos pesqueros son cargados con marihuana, que luego es intercambiada en Haití por pistolas y armas de asalto, las cuales son vendidas a pandillas y otros grupos criminales locales. En 2017, el Estudio sobre Armas Pequeñas (Small Arms Survey), que hace un rastreo de las armas de fuego ilícitas en todo el mundo, estimaba que en Jamaica había más de 200.000 armas no registradas.

Otras iniciativas incluyen enmiendas a la legislación “antipandillas” para mejorar en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y consolidar la autonomía de la Agencia Central de Crimen Organizado y Anticorrupción (Major Organized Crime and Anti-Corruption Agency, MOCA), una unidad parecida al FBI enfocada en casos sobresalientes de crimen organizado.

Distant dijo a InSight Crime que el comité de supervisión es «optimista con respecto al logro de sus objetivos», siempre y cuando continúe existiendo apoyo para el plan por parte de las diversas entidades involucradas, como la sociedad civil, el gobierno, la oposición y el sector privado. Asimismo, a principios de febrero de 2021, Chang, el ministro de Seguridad, anunció el lanzamiento del Plan Jamaica Segura (Plan Secure Jamaica) un programa que involucra una millonaria inversión y que complementará lo que el Consenso Nacional sobre el Crimen ya ha puesto en marcha.

La búsqueda de Jamaica por lo que en la iniciativa contra la criminalidad se denomina un enfoque más «integral, coordinado e integrador» para combatir los crímenes violentos busca distanciarse de las respuestas anteriores a los repuntes de la violencia, que solían ser ineficientes e incluían ocupaciones militares y policiales con un enfoque de mano dura. «Jamaica tiene que salir de esta fosa que hemos cavado, si queremos hacer frente a la delincuencia y la corrupción y enmendar gran parte de lo que se ha hecho mal hasta el momento», afirma Clayton.