La gran extensión de las áreas de reserva colombianas las convierte en presa del desbroce, la apropiación y la venta ilegal de tierras protegidas.
Poco más del 15 por ciento del territorio de Colombia está clasificado como «protegido», y sus parques nacionales representan en conjunto más de 14 millones de hectáreas. Los acaparadores de tierras despejan ilegalmente estas remotas reservas forestales, después de lo cual establecen actividades agrícolas y plantan cultivos ilícitos de coca.
InSight Crime se ha asociado con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) para investigar las actividades criminales que promueven la deforestación, la degradación forestal y la pérdida de biodiversidad en Colombia. El proyecto, titulado «Gobernanza transparente de los recursos naturales» y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), expone la dinámica de la apropiación de tierras en la zona noroccidental del Amazonas colombiano, que abarca los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare.
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El proyecto también cuenta con la participación de Transparencia por Colombia —capítulo de Transparencia Internacional— y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), organización conservacionista enfocada en la región amazónica colombiana.
La apropiación de tierras suele ser orquestada por actores criminales «invisibles», que emplean comunidades locales para cortar y quemar la cubierta forestal con el fin de apropiarse ilegalmente de las tierras. Estos actores se apoyan en la corrupción profundamente arraigada y en el uso de la violencia por parte de grupos criminales para ocupar regiones remotas y obtener títulos de tierras. Luego establecen valiosas operaciones agrícolas, como la cría de ganado y el cultivo de palma africana, entre otras actividades. En algunos casos también cultivan plantas de coca. Luego la tierra puede ser comercializada legalmente, si se construyen carreteras en sus alrededores.
Los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta se han visto profundamente afectados por la creciente deforestación provocada por la apropiación de tierras en los últimos años. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que entre enero y marzo de 2020 se destruyeron 64.000 hectáreas de bosques en los tres departamentos, lo que supone un incremento de más del 80 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.
Este video muestra cómo los territorios protegidos de Colombia han sido blanco de la apropiación de tierras, así como el impacto que este comercio está teniendo en la zona nororiental del arco amazónico del país. Explica además qué se puede hacer para contrarrestar la apropiación de tierras en las zonas protegidas.