Corrupción en las filas, falta de supervisión y seguimiento, y una mediocre legislación son las responsables de que las armas y munición de los ejércitos latinoamericanos lleguen a manos de grupos criminales, como concluyó un informe de la ONU.
El informe, «Un abordaje de los nexos entre las armas ilícitas, el crimen organizado y el conflicto armado” (Addressing the linkages between illicit arms, organized crime and armed conflict), exploró las relaciones entre las fuerzas castrenses y las agrupaciones criminales en todo el mundo y cómo estas propician un flujo incesante de armas entre fronteras y en zonas con conflictos activos.
Aunque el informe analizó esas relaciones en todo el mundo, las ilustró con varios ejemplos de Latinoamérica, como las fuentes de suministro de armas de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los Zetas de México, y cómo se ha saqueado de forma sistemática los arsenales de El Salvador.
Aquí, InSight Crime presenta tres conclusiones importantes de este informe, redactado por el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR).
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Armas y municiones del ejército terminan en los grupos criminales
Una de las principales vías de abastecimiento de armamento por las bandas criminales latinoamericanas es por contactos castrenses. Según el informe del UNIDIR, el mal manejo de los arsenales militares y la corrupción entre el personal del ejército implican que las armas y municiones pasan con demasiada facilidad a manos criminales en varios países.
En El Salvador, por ejemplo, normalmente se han perdido los excedentes de armas de las bodegas del ejército. UNIDIR halló que aunque estos arsenales en ocasiones eran objeto de robos, los soldados también participaban activamente en estos esquemas. Hay evidencia de que las organizaciones criminales podían pagar US$500 por persona para recibir capacitación de tiro de contactos militares, además de acceder a licencias falsificadas de registro de armas. El mal manejo de los arsenales del ejército y la dinámica corrupta del personal de seguridad nacional implican que las armas y municiones pasan de los ejércitos a manos de las organizaciones criminales. El expresidente Mauricio Funes y el exministro de defensa José Atilio Benítez Parada, ambos de El Salvador, fueron señalados de participar en dichas estructuras, entre otros políticos con altos cargos, según reveló en 2020 una investigación de OjoPúblico.
Ejemplos similares pueden observarse en otros países. Como lo informó InSight Crime recientemente, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de Paraguay tiene un extenso historial de desvío de armas y municiones a grupos criminales. Las balas acuñadas con el nombre de la Dimabel se han recogido en escenas de numerosos asesinatos en todo el país. En septiembre de 2022, se abrieron investigaciones al menos a cuatro unidades del ejército por presunta venda de armas, según el director general de la Dimabel Aldo Daniel Ozuna.
El informe del UNIDIR señala que, si bien el grado de conflicto interno de un país puede dar pie a mayores oportunidades de que esto suceda, la corrupción de funcionarios de gobierno implica que la venta de armamento militar se mantendrá en el tiempo. La falta de acción institucional para combatir ese tráfico en gran parte de Latinoamérica indica que se mantendrán los nexos entre las fuerzas armadas y las organizaciones criminales, según encontró el informe.
Armas compradas legalmente van a parar a criminales
La legislación en países donde la venta lícita de armas está poco regularizada (tiene lagunas que permiten disipar los límites de oferta, demanda y penalización), o que favorecen una cultura de la legalidad e impunidad frente a la posesión de armas de alto calibre por civiles, están directamente relacionados con la economía del tráfico ilegal de armas que acabarán en posesión de criminales.
Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadounidense, el 70% de las armas incautadas que se han podido reportar en México entre 2014 y 2018 provienen de Estados Unidos. Involucrados, fabricantes y distribuidores, pero también la gran mayoría de estas armas se relacionan con redes de compradores testaferros, quienes aprovechaban la laguna estadounidense mediante declaraciones y representaciones falsas de los comerciantes de armas de fuego.
En consecuencia, Estados Unidos y México buscaron recientemente atacar la conexión entre el tráfico de armas y el crimen organizado. Esto se tradujo en la reciente aprobación y puesta en vigor de una nueva legislación, con miras a detener el flujo ilegal de armas estadounidenses a América Latina.
Sin embargo, el tráfico estadounidense no es el único que entra en juego en la región. En Brasil, bajo la administración de su presidente Jair Bolsonaro y los decretos en vigor durante su candidatura, han provocado que la posesión de armas aumente en 2 millones desde 2018; alrededor de más de 1300 armas vendidas al día, lo que está empezando a provocar reacciones entre los ministros brasileños.
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De países pequeños a grandes
El informe del UNIDIR presentó varios ejemplos de cómo los arsenales de países más pequeños, como Honduras y El Salvador, han ofrecido opciones convenientes para el reabastecimiento de organizaciones criminales en Colombia y México. De manera alternativa, los traficantes de armamento en esos países pueden actuar como intermediarios para coordinar las ventas de armas a gran escala.
En el caso de El Salvador, el escándalo de tráfico de armas antes mencionado, en el que resultaron implicados altos funcionarios de gobierno, armamento del ejército salvadoreño terminó en manos de carteles mexicanos. Como se conoció en 2013, en el esquema se descubrió que armas reportadas como destruidas por el gobierno fueron vendidas por canales ilícitos al Cartel Texis, quienes luego los entregaron a los Zetas, en México. Aunque la mayoría de las armas eran convencionales, una operación encubierta descubrió a un oficial salvadoreño listo para vender granadas antitanque y explosivos plásticos.
De la misma forma, se han beneficiado los grupos criminales más poderosos de Colombia. Ambas facciones disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han recibido armas de almacenes de armamento colombianos y venezolanos, pero también de Estados Unidos. En 2019, la Interpol arrestó a un traficante de armas hondureño sospechoso de manejar una red en la que armas adquiridas en Estados Unidos eran transportadas por servicios de mensajería de Centroamérica hacia Colombia, con destino al ELN.