En una noche de agosto, a las afueras de Dolores, una pequeña ciudad ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, varios equipos de policía se agrupan en una estación de gasolina para repasar los últimos detalles de la operación contra el tráfico de fauna más grande en la historia de Argentina.
“Tuvimos una reunión operativa la noche anterior, precisamente para evitar que los vehículos de policía y de la Brigada no despertaran ninguna sospecha”, afirmó Emiliano Villegas, coordinador operativo del Área de Fauna de la Brigada de Control Ambiental (BCA), un cuerpo de agentes especializados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), a InSight Crime.
A más de 1.000 kilómetros de distancia al noroeste, en Guampacha y Santo Domingo (Santiago del Estero), otro grupo de agentes se prepara en simultáneo para realizar 13 allanamientos que tendrían lugar el día siguiente en varios puntos del país. Según contó Villegas, se necesitó la participación de 20 vehículos y 70 agentes de la BCA y la Policía Federal.
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El objetivo de la operación es la empresa Caza y Safaris Argentina, una organización bajo el mando de Jorge Néstor Noya, un empresario y cazador dedicado al ofrecimiento de paquetes turísticos para cazar animales de forma ilegal en distintos puntos de Argentina.
“En las paredes de las habitaciones de huéspedes había toda clase de fotos, cabezas de animales y cráneos de especies protegidas. Era una clase de propaganda para los cazadores que se hospedaban allí”, puntualizó Villegas, refiriéndose a uno de los espacios de caza que estaba ubicado en Dolores.
En el bar de la casa principal, continuó, estaban los trofeos más exóticos. Una de las mesas estaba hecha con una oreja de elefante taxidermizada, mientras que uno de los paragüeros estaba hecho con una de las extremidades de este animal. Fuera de la casa, había toda clase de talleres para la preparación de cueros, cráneos y ejemplares que posteriormente serían taxidermizados.
“El olor era nauseabundo. Se sentía desde que llegabas. No me quiero ni imaginar cómo se sentía en días de verano”, dijo Ariana Acevedo, una de las agentes de la Policía Federal que estuvieron durante el operativo.
Aunque quienes contrataban sus servicios parecían no estar completamente al tanto de las irregularidades detrás de Caza y Safaris Argentina, esta era la fachada de uno de los negocios ilegales de fauna más grandes del país y dejaba cientos de miles de dólares en ganancias por cada tour que vendía. Además, según autoridades de fiscalía y policía consultadas por InSight Crime, se trata del primer caso en la historia del país que relaciona este delito con el crimen organizado.
Un viejo conocido
A pesar de que fue desmantelada en agosto de 2024, la organización dirigida por Noya ya había estado bajo la lupa de las autoridades.
En enero de 2018, una fuerza constituida por funcionarios del MAyDS y de las divisiones de Delitos Ambientales y Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina, irrumpió en uno de los cotos de caza -como se le conoce al espacio físico donde se realizan este tipo de actividades- de Noya.
Se recuperaron decenas de piezas y varios animales fueron liberados, pero las autoridades no arrestaron a nadie, según reportó La Nación en su momento. Al parecer, Noya se encontraba en Las Vegas, Estados Unidos, en una convención para promocionar los cotos que eran de su propiedad y sus socios tampoco fueron mencionados.
La causa fue archivada, pero a principios de 2024, una serie de denuncias presentadas por la BCA, y las ONG Freeland y Red Yaguareté, lograron reabrir el caso. A través de las denuncias, contó Emiliano Villegas, se pudo establecer que Caza y Safaris seguía funcionando.
“La denuncia de Freeland fue la más importante, ya que aportaba nombres de clientes que pudieron identificar a través de un programa de reconocimiento facial”, afirmó.
“Nosotros hicimos un informe que acompañamos con las dos denuncias y la nota periodística. Eso lo elevamos a la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal y así se desarchivó la causa que fue asignada a otra Fiscalía”, añadió.
Estrella mundial de la caza
Caza y Safaris operaba a la vista de todos y su líder, Jorge Néstor Noya, era una celebridad de la escena safari internacional. Sin embargo, había logrado pasar desapercibida gracias a una estricta división de labores, empresas fachada, procesos irregulares y el uso de redes sociales para promocionarse, de acuerdo con las fuentes de fiscalía, policía e investigación ambiental que consultó InSight Crime.
Según se lee en la página web de la organización, Noya se presenta como un experimentado cazador y veterinario que ofrece este tipo de servicios desde 1979.
Asistía anualmente a las convenciones desarrolladas por la asociación estadounidense Safari Club International (SCI), en Estados Unidos, y Expo Cinegética, una conveción anual de caza, en España, según se lee en los documentos del caso a los que pudo acceder InSight Crime. Noya estaba encargado de atraer la atención de potenciales clientes en estos países a través de la promoción de tours de caza que ofrecían una amplia variedad de especies.
Ofrecía a sus potenciales clientes alojamiento, comidas, bebidas, guías de caza en idioma inglés de ser necesario, armas para realizar la actividad y transporte desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, hasta los diferentes cotos de caza en Dolores y Santiago del Estero.
Safari a un click de distancia
En Dolores, los clientes podían acceder a la caza de ciervos colorados, ciervos Axis, antílopes negros, gamos, búfalos de agua, jabalíes, cabras salvajes, cerdos salvajes, muflones, carpinchos, entre otros. En Santiago del Estero, por otro lado, se ofrecía la caza de pecaríes labiados, pecaríes de collar, pumas, venados cordón y también tórtolas, palomas, patos y perdices.
Aunque algunas de estas especies se encuentran protegidas por la legislación nacional y convenios internacionales, Caza y Safaris ofrecía su cacería durante todo el año. Los pecaríes, por ejemplo, están categorizados como especies “amenazadas” y en “peligro de extinción” por el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional que pretende velar por el comercio de especies amenazadas en todo el mundo.
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Mientras tanto, la cacería de pumas, búfalos de agua, carpinchos, muflones e incluso los mismos pecaríes, están prohibidas en Santiago del Estero y Buenos Aires.
De acuerdo con los documentos de la investigación a los que tuvo acceso InSight Crime, la organización cobraba desde US$900 hasta US$6.000 por cada especie cazada.
“La organización cazaba todo aquello que también se encontraba prohibido pero que los abultados bolsillos de los clientes podían pagar”, se lee en el documento que la Fiscalía Federal recopiló sobre el caso.
Por otra parte, la cacería indiscriminada de estas especies significa un importante desequilibrio para los ecosistemas donde habitan, poniendo en riesgo su supervivencia e incluso afectando los modos de vida humanos.
«El equilibrio ecológico es como un rompecabezas, le sacas una pieza y no la puedes volver a colocar. Lo rompes», dijo Juan Pablo Arci, fiscal auxiliar de la Fiscalía de Lomas de Zamora y quien está a cargo de este caso.
Ahora bien, cuando no eran atraídos por Noya, los potenciales clientes de Caza y Safaris accedían a sus servicios a través de su página web, correo electrónico y redes sociales como Instagram y Facebook.
Además de la caza, la organización también ofrecía el servicio de envío de los “trofeos de caza”, como cráneos y bustos de los animales taxidermizados. Para ello, la Fiscalía determinó que Noya y los demás miembros de la organización recurrían a Federico Manuel Testa, propietario de la empresa Logistic Solution SRL.
Una vez cazadas las especies sin autorización, estas pasaban a ser tratadas en talleres de taxidermia clandestinos. En paralelo, Noya y sus socios confeccionaban detalladamente las solicitudes de documentación de estos trofeos con información falsa para después exportarla a través de Logistic Solution, dijo la Fiscalía.
“En realidad [los trofeos] salían con todos los documentos necesarios. El problema fue cuando se empezaron a cruzar esos datos de migraciones con los permisos de caza”, dijo Villegas.
Además de Noya, también se encontraba Carlos Pablo Escontrela, socio de la firma Los Moros S.A.. Según los fiscales, la firma, constituida en Santiago del Estero, tiene como objeto principal actividades de caza, y servía como una fachada para dar una apariencia legal a los servicios que la organización ofrecía en esta provincia, ya que los cotos en los que se llevaba a cabo la caza no estaban autorizados por la ley.
El ocaso de Caza y Safaris
Tras los operativos, Noya, Testa, Funes y Marcelo Alejandro Araujo fueron arrestados. Federico Gustavo Oliva fue capturado poco después, pero Leonardo Marti Destefani y Escontrela siguen prófugos de la justicia, según pudo conocer InSight Crime. Además, se logró la incautación de más de 3000 trofeos de caza, más de 35 armas de fuego y miles de municiones que además no contaban con la documentación necesaria. También se confiscaron vehículos, documentación adicional y soportes electrónicos relacionados.
Por lo que se sabe, este podría ser el caso más importante de delitos contra la fauna que se haya presentado en Argentina y según dijeron Villegas, Arci y Acevedo a InSight Crime, es el primer caso de delitos ambientales que se relaciona con delincuencia organizada en el país. De acuerdo con Arci, esto se debe a que, en el pasado, las investigaciones de delitos ambientales nunca habían podido relacionar estos crímenes con estructuras criminales más organizadas.
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“Muchos de los casos que veíamos eran de mascotismo, de comercio ilegal, pero nunca habíamos podido llegar al proveedor. En este caso, vemos una red que además de este delito, también cometía varios otros más dentro de una estructura organizada”, añadió.
El hecho marca un hito en la lucha contra los delitos ambientales en Argentina, que comúnmente son desestimados y considerados como delitos de segunda categoría, una tendencia que se repite en otros países de la región.
Sin embargo, aún falta mucho por recorrer. Para Arci, este caso es el vehículo para enviar un mensaje no solo a los criminales, sino a toda la sociedad en general.
“Es importante construir un proceso de concientización y de empatía con estos delitos. Más que formación técnica, necesitamos empatía para entender que detrás de estas matanzas ilegales hay una afectación para nosotros y todas las generaciones futuras”, afirmó.
