La pista sobre el campamento de minería ilegal llegó a comienzos de marzo de 2026. El informante no sabía qué tan grande era el sitio ni cuántas personas trabajaban allí, pero sí dio la ubicación exacta: una zona remota del Parque Nacional Corcovado, un área protegida en el sur de Costa Rica.

Un par de semanas después, un equipo de ocho guardaparques salió del sector Los Patos antes del amanecer, a las 2:00 a.m., para recorrer los 10 kilómetros hasta el lugar.

Los guardaparques, que trabajan bajo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), enfrentan una batalla cuesta arriba para combatir la minería ilegal en las reservas protegidas de Costa Rica. Las redes de tráfico de drogas que utilizan las playas remotas y los senderos selváticos de la zona para transportar cocaína también están usando estas minas ilegales para lavar sus ganancias.

Costa Rica está en el centro del auge global del negocio de la cocaína. Cumple un papel clave como punto de tránsito hacia los mercados de consumo en Estados Unidos y Europa, y las redes de transporte locales son una parte crucial de esa cadena de tráfico.

Pero a medida que el tráfico de cocaína se filtra hacia otras economías criminales —como la minería ilegal dentro de Corcovado—, la tarea de los guardaparques para proteger los recursos naturales se ha vuelto cada vez más compleja, en medio de la falta de recursos y apoyo operativo.

Un paraíso de cocaína y oro

A unos 35 kilómetros del sector Los Patos dentro de Corcovado, Puerto Jiménez es el principal poblado de la península de Osa en Costa Rica, bordeado por el Golfo Dulce. El pueblo fue un antiguo centro de minería de oro antes de su prohibición en 2010. Hoy atrae a miles de turistas cada año que buscan adentrarse en Corcovado —una de las reservas más biodiversas del mundo— para ver monos, guacamayos rojos, jaguares y pumas.

También atrae a mineros ilegales, cazadores furtivos, taladores y traficantes de drogas.

Las autoridades incautaron un total de 46,5 toneladas de cocaína en 2025, lo que representa un aumento de más del 70% frente a las 27 toneladas incautadas durante 2024, según datos oficiales. A finales de agosto de 2025, la guardia costera de Costa Rica interceptó una lancha rápida sin registro que avanzaba por la costa de Puerto Jiménez. A bordo iban dos costarricenses y dos colombianos, y se incautaron 1,6 toneladas de cocaína. Meses después, una aeronave bimotor cargada con más de 300 kilogramos de cocaína se estrelló frente a la costa de Puerto Jiménez.

El año pasado, las autoridades costarricenses desarticularon el llamado Cartel del Caribe Sur, el primer grupo de tráfico transnacional del país. Este grupo dependía en gran medida de redes de transporte que descargaban cocaína en playas remotas a lo largo de la costa de Puerto Jiménez. Luego la droga era trasladada a bodegas para su exportación o distribución en el resto del país.

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Más cocaína implica más dinero por lavar. Durante 2025, las autoridades financieras detectaron US$700 millones en fondos sospechosos que ingresaron al sistema bancario. El uso de la minería ilegal para lavar parte de ese dinero —según los guardaparques y una organización no gubernamental que trabaja en la zona, que pidió mantener el anonimato por razones de seguridad— es evidente tanto en las minas como en el equipo que utilizan los mineros ilegales.

Los mineros artesanales ahora cuentan con detectores de metales y teléfonos satelitales, según fotos que los guardaparques mostraron a InSight Crime. La mayoría proviene de contextos socioeconómicos bajos y recurre a la minería ilegal como fuente de ingresos ante la falta de oportunidades laborales formales en la zona, explicaron. No tienen los recursos para costear equipos costosos ni un sistema de vigilancia.

“Es dinero del narcotráfico”, dijo uno de los guardaparques. “Sabemos de al menos dos personas en la zona que están involucradas en el tráfico de drogas y financian la minería ilegal”.

En los últimos años, el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) también ha señalado el ingreso de ganancias del tráfico de drogas en las operaciones de minería ilegal en Corcovado. Esto ha dificultado aún más la protección del ecosistema de la reserva, ya que las operaciones de conservación han pasado de enfrentar a mineros artesanales a confrontar estructuras de minería ilegal con respaldo financiero significativo.

Falta de recursos

El presupuesto para los guardaparques no ha seguido el ritmo de las ganancias de la cocaína que fluyen hacia las operaciones de minería ilegal.

El presupuesto anual del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se redujo en 40% por cuarto año consecutivo en 2025, según un informe anual de un equipo de investigadores independientes que evalúa el desempeño social, económico, político y ambiental de Costa Rica.

Como resultado, los guardaparques ahora dedican menos horas a patrullar Corcovado. El director del SINAC incluso advirtió sobre un posible cierre a mediados de 2026 si no se aborda adecuadamente la falta de financiamiento para sus funciones administrativas y operativas.

“Es extremadamente difícil”, dijo a InSight Crime uno de los guardaparques que trabaja en Corcovado. “Las condiciones son bastante complejas, y el presupuesto actual es extremadamente bajo en relación con la cantidad de tareas, responsabilidades y funciones que cumple el SINAC”.

La institución ha recurrido a establecer alianzas con el sector privado para recibir financiamiento de organizaciones no gubernamentales enfocadas en la conservación, lo que les permite adquirir alimentos, equipos y otros insumos logísticos necesarios para llevar a cabo estas operaciones.

Así fue como, hacia la última semana de marzo de 2026, el cuerpo de guardaparques en Corcovado logró reunir los recursos suficientes para intervenir finalmente el campamento de minería ilegal.

La lucha continúa

Mientras los ocho guardaparques se internaban en la oscuridad siguiendo el río Rincón hacia el sitio de minería ilegal, una mezcla de emoción y preocupación invadía a quienes permanecían en la base operativa en el sector Los Patos.

Los recursos obtenidos de una ONG local garantizaban suficiente alimento para la operación, pero los guardaparques no cuentan con un sistema de comunicación. Mientras los mineros ilegales disponen de teléfonos satelitales y una red de vigilancia, los guardaparques en la base no pueden saber cómo avanza la operación hasta que regresen sus compañeros.

Si todo salía bien, se esperaba que el grupo volviera al mediodía, con los mineros detenidos y sus equipos incautados. Pero a la 1:00 p.m., aún no había señales de los ocho guardaparques.

Los demás esperaban con ansiedad con la mirada detenida en un claro entre la vegetación. Veinte minutos después, uno de ellos creyó escuchar algo y pidió silencio. A lo lejos, el sonido húmedo de las botas pisando el barro empezó a hacerse cada vez más fuerte.

Balanceando un manojo de llaves en la mano, el líder del grupo apareció por un sendero estrecho, seguido por los otros siete guardaparques y tres detenidos esposados. Los guardaparques también incautaron bateas utilizadas para separar el oro de la tierra y la grava, una barra de acero y dos palas.

De regreso en la base, los guardaparques leyeron sus derechos a los tres hombres y contactaron a la fiscalía local. Luego completaron la documentación necesaria y se dieron un momento para estrecharse la mano y darse palmadas en la espalda, celebrando la victoria. Pero, mientras el precio del oro sigue alcanzando niveles históricos, sabían que la lucha estaba lejos de terminar.