Una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia abre la puerta para examinar a fondo el uso de la violencia sexual y de género como estrategia de guerra por parte de grupos armados en el país.

Tras más de un año de investigación y recopilación de información, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia anunció el 27 de septiembre la apertura del macrocaso 11 sobre violencia sexual y de género en el marco del conflicto, tras determinar que este tipo de violencia fue utilizada por los grupos armados y la fuerza pública como arma de guerra. 

La JEP es el mecanismo de justicia transicional que surgió luego del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmado en 2016. Se encarga de investigar y judicializar los crímenes cometidos por la guerrilla, el Estado y terceros como parte del conflicto armado.

Los informes y testimonios recopilados por el tribunal ilustran las motivaciones y patrones preliminares detrás de crímenes por razones de género y exponen la lógica patriarcal que rige a los grupos armados en Colombia.

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Durante las décadas de conflicto entre grupos armados y criminales, y el estado colombiano, las personas con orientaciones, identidades y/o expresiones de género diversas han sido castigadas o eliminadas por desviarse de los roles de género tradicionales que muchos de estos grupos perpetúan.

En cuanto a violencia sexual, la JEP reveló, hay dos patrones de victimización que se repiten. En el primero, la violencia sexual fue utilizada para herir al enemigo, atacando a mujeres y niñas relacionadas con el rival del grupo. La otra gran parte de los casos investigados por la JEP dan cuenta de que existió una creencia de que las mujeres están “disponibles sexualmente” para los grupos armados, que se valieron de la intimidación y el poder para abusar de ellas.

Además, la JEP recopila otros crímenes, como el aborto y la anticoncepción forzada -que hacen parte de la violencia reproductiva- que ocurrieron dentro de las filas de las FARC y que ya han sido sujetos de discusión en otras instancias judiciales.

El tribunal también reveló el “universo provisional de hechos”, en el que registraron al menos 35.178 víctimas de violencia basada en género entre 1957 y 2016, de las cuales el 89,2% son mujeres y el 35% niños y niñas. Además, según las cifras de la JEP, los grupos paramilitares y pos-desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son responsables de la mayor parte de esta violencia (33% de los casos), seguidos por las FARC (5,82%), y agentes del Estado (3,14%). En otro 30% de los casos no se determinó un actor armado responsable.

Análisis de InSight Crime

La apertura del caso es una esperanza para las víctimas que llevan años reclamando justicia sobre estos crímenes, y pone en relieve la sistematicidad y las dificultades para investigar este tipo de violencia, que al día de hoy sigue siendo utilizada por grupos armados y criminales.

Desde el establecimiento de la JEP, las víctimas de violencia de género y violencia reproductiva, así como organizaciones de la sociedad civil, han pedido al tribunal que abra un caso especial para investigar estos crímenes que, como han demostrado numerosas investigaciones, no fueron esporádicos, sino parte de un patrón de violencia propiciado por el conflicto armado y que permitió a los grupos armados y criminales expandir su control sobre las comunidades y territorios donde hicieron presencia.

Los estudios preliminares de la JEP brindaron varios datos importantes y abrieron el paso para estudiar el tema más a fondo por el macrocaso. Este investigará denuncias de violencia sexual, asesinato, desaparición forzada, desplazamiento, aborto y anticoncepción forzada y esclavitud sexual, entre otros delitos que se cometieron motivados por el la orientación, identidad o expresión de género de las víctimas.

«El reto más grande que enfrenta a la JEP es el subregistro… y está tomando medidas para garantizar que más personas se acerquen se acrediten como víctimas bajo ese caso, lo cual es muy importante», explicó a InSight Crime María Cecilia Ibáñez, abogada senior de Women’s Link Worldwide, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los derechos de niñas y mujeres.

Se espera que la apertura del macrocaso permita a la institución ampliar el universo de hechos, recibiendo más denuncias e informes de la sociedad civil. Sin embargo, las barreras para denunciar la violencia basada en género aún son un problema en Colombia, donde ya existe un subregistro masivo de casos de violencia sexual.

«En muchas partes del país todavía hay conflicto, entonces muchas personas tienen miedo de denunciar y de acreditarse también como víctimas ante la Jurisdicción. […] Muchas personas sienten vergüenza de reconocer que fueron víctimas de violencias basadas en género y una [barrera] muy importante cuando hablamos, sobre todo de violencias reproductivas, es que muchas personas a veces no saben que eso que les ocurrió fue una forma de violencia», explicó Ibáñez.

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Además, el mismo tribunal reconoce que los modelos de justicia tradicionales no han sido efectivos en proveer a las víctimas de violencia basada en género justicia, verdad y no repetición, y deberá diseñar mecanismos para garantizar estos derechos al tiempo que evita revictimizar a quienes han denunciado. 

Otro factor limitante es que la JEP solo tiene competencia sobre los casos relacionados con las FARC-EP y el Estado. De acuerdo con la institución, el caso estará dividido en tres subcasos que investigarán la violencia basada en género perpetrada por las FARC en un caso, por la Fuerza Pública en otro, y los casos de violencia cometida al interior de las filas de ambos grupos.

Aunque no es su competencia juzgar estos crímenes, la JEP avanzó en la recopilación de datos sobre victimización por parte de otras guerrillas (9.202 casos), los paramilitares y los grupos criminales pos-desmovilización de las AUC (11.683), que podrían abrir la puerta a nuevas decisiones judiciales en el futuro. Al día de hoy, estos grupos continúan usando la violencia de género para controlar a las comunidades y responder ante estos hechos supone todavía un reto para las autoridades de Colombia, por lo cual contar con reportes y testimonios será vital, especialmente a medida que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) negocian con el gobierno colombiano.