En toda América Latina se siguen presentando niveles récord de incautaciones de aletas de tiburón, pero los esfuerzos legislativos para proteger a los tiburones se ven obstaculizados por la falta de recursos y por las grandes ganancias que genera esta actividad criminal.

Panamá realizó este mes la mayor incautación de aletas de tiburón de su historia, al incautar 6,79 toneladas de aletas de tiburón el 13 de julio cerca de Capira, municipio al suroeste de Ciudad de Panamá. Cinco ciudadanos panameños fueron detenidos, así como una mujer china, que presuntamente financió la iniciativa.

La incautación récord de aletas de tiburón realizada en Panamá llega pocos meses después de que en noviembre de 2022, el país hiciera las veces de anfitrión de la Conferencia Mundial sobre la Vida Silvestre, donde lideró los esfuerzos para agregar el tiburón azul, el tiburón réquiem y el tiburón martillo a la lista de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La incautación de Panamá también se produjo tras el descubrimiento del mayor cargamento de aletas de tiburón ilegales del mundo. En junio de este año, Brasil incautó el mayor cargamento de aletas de tiburón, el cual contenía casi 29 toneladas que fueron acopiadas por dos empresas exportadoras, que habían utilizado permisos legales para pescar otras especies con el fin de obtener aletas de manera ilegal. Las autoridades ambientales estiman que para dicho cargamento se mataron unos 10.000 tiburones azules y tiburones marrajo de aleta corta.

Ambas especies habían sido agregadas a la lista de especies en peligro de extinción de Brasil.

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Perú es el mayor exportador de aletas de tiburón en el mundo, y la mayor parte de sus presas son enviadas al continente asiático. Una parte considerable de estas exportaciones se hace de manera ilegal. De abril de 2017 a octubre de 2021, se exportaron más de 150 toneladas de aletas de tiburón a China, Singapur y Vietnam, gracias a permisos que fueron entregados de manera ilícita y en complicidad por las autoridades peruanas, como señala una investigación reciente de Mongabay.

Esto ha hecho que Perú se resista a implementar las protecciones recomendadas por Panamá, lo que lo convierte en uno de los que menos colabora en América Latina.

Análisis de InSight Crime

Si bien el ejemplo de Panamá indica que existe un genuino deseo de tomar medidas contra el comercio de aletas de tiburón, los países interesados deben lidiar con aspectos como la corrupción entre sus funcionarios, la falta de capacidad y las grandes ganancias que genera esta actividad.

«La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) no cuenta con los recursos económicos ni humanos para llevar a cabo una efectiva fiscalización de la aplicación de las normas pesqueras en nuestras aguas jurisdiccionales, y mucho menos para la flota pesquera de servicio internacional», señaló a InSigt Crime Luisa Araúz, abogada de derechos ambientales en Panamá. «el aparato estatal no está preparado para enfrentar la magnitud del problema».

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Aunque Panamá está debatiendo actualmente un proyecto de ley que prevé restaurar y proteger las poblaciones de tiburones en aguas panameñas, el país aún no ha prohibido la pesca de tiburones ni la exportación de aletas de tiburón.

Por otro lado, los esfuerzos legislativos y judiciales también parecen positivos, pero carecen de eficacia.

En un caso bastante sonado, en febrero de 2022 Perú condenó a dos traficantes de tiburones a cuatro años y medio de prisión. Los hombres fueron arrestados en 2018 en posesión de 1,8 toneladas de aletas de seis especies de tiburones, que iban a ser vendidas a una empresa de mariscos.

“Este es un gran logro en el Perú y es importante para que los jueces empiecen a entender que se trata de especies con un rol fundamental en los océanos”, dijo en ese momento César Ipenza, abogado especializado en asuntos ambientales, en comunicación con InSight Crime.

Esta fue la primera vez que el país condenó a alguien por comerciar aletas de tiburón. Pero el caso se tardó cuatro años, y después de eso no ha habido más condenas.

Además de ser el mayor exportador, Perú también recibe importantes exportaciones de aletas de tiburón procedentes de Ecuador. A pesar de que el país prohibió el comercio de aletas de tiburón en 2004, una investigación de InSight Crime descubrió que Ecuador exportó poco menos de 800 toneladas de aletas de tiburón a Perú entre enero de 2017 y junio de 2022.

Si bien las aduanas peruanas están siendo más cautelosas para garantizar que las aletas de tiburón ilegales no se mezclen con los cargamentos legales, hay otras formas de contrabandear las aletas a través de la frontera, como afirma Alicia Kuroiwa, directora del programa de Oceana para la protección de hábitats y especies amenazadas en Perú.

“Entre Perú y Ecuador hay más de 200 cruces ilegales y [las aletas] pasan por allí, junto con todo el otro contrabando”, dice Kuroiwa. “Llegan a través de esos caminos ilegales y por mar, transferidas de embarcaciones pequeñas”.

Agrega que también se están ocultando las aletas ilegales entre pescado congelado, que las autoridades son más reticentes a inspeccionar, dado el riesgo de estropear todo el cargamento si se descongela.

Finalmente, Brasil captura unas 5.000 toneladas de carne de tiburón al año, sobre todo de tiburones azules y tiburones martillo protegidos. Además, importa 17.000 toneladas de carne de tiburón de China, Portugal y países vecinos como Uruguay.

Brasil no otorga permisos legales para la pesca de tiburones, pero se puede recurrir a la captura incidental declarada como accidental.

“En términos prácticos, se pescan y desembarcan grandes cantidades de tiburones utilizando esta táctica. Cualquier barco puede traer toneladas de tiburones si lo presenta como captura incidental y afirma que no se encontró la especie buscada, para la cual tienen la licencia”, dijo a National Geographic la experta Patricia Charvet, quien se dedica a la investigación sobre tiburones en la Universidad Federal de Ceará.