Santiago Palomo estaba a punto de embarcar en un vuelo a Nueva York cuando recibió una llamada del recién inaugurado presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Palomo, abogado guatemalteco licenciado por la Universidad de Harvard, regresaba a su país tras unas vacaciones de enero en Madrid con la intención de volver a su trabajo en un importante bufete de Nueva York. En vez de eso, Arévalo le ofreció un nuevo puesto: dirigir la principal comisión anticorrupción del gobierno, en un momento en que Guatemala trata de reavivar su lucha de décadas contra la corrupción y la impunidad.

Humilde y seducido por la propuesta, Palomo tomó el primer avión a Guatemala tras llegar a Nueva York, se reunió con el presidente y aceptó su oferta.

En febrero, Palomo se había instalado en Guatemala y había puesto en marcha la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), una versión renovada del órgano ejecutivo creado por el predecesor de Arévalo, el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

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Palomo asume el cargo tras años de retrocesos en materia de corrupción que han visto cómo redes de corrupción enquistadas en el Estado desmantelaban cínicamente el sistema judicial del país y saqueaban las arcas del Estado, apuntando a los ministerios que se ocupan de la infraestructura, la salud pública y la educación. Fiscales vinculados a redes de corrupción han transformado al Ministerio Público en un arma para perseguir a rivales políticos. Eso incluye al presidente Arévalo, que sorteó un campo minado de ataques legales tendidos por la fiscal general Consuelo Porras antes de tomar posesión a principios de enero.

Con este ominoso telón de fondo, InSight Crime se reunió con Palomo en las oficinas de la CNC en Ciudad de Guatemala para discutir los retos que se avecinan.

InSight Crime (IC): Arévalo ha dicho que su gobierno no tolerará la corrupción. Sin embargo, todavía no ha anunciado un plan anticorrupción concreto. ¿Cuál es el plan y dónde encaja la CNC?

Santiago Palomo (SP): Parte del motivo por el que se puso en marcha la comisión fue sentar las bases de la agenda nacional anticorrupción. No hemos tenido éxito contra la corrupción, en parte porque no hemos tenido voluntad política. Hemos sido gobernados por cleptócratas y por personas que han visto en el Estado un medio para satisfacer sus intereses económicos. Además, no hemos tenido una estrategia nacional anticorrupción eficaz que aborde las causas profundas de la corrupción.

No somos un organismo fiscal porque ese no es nuestro mandato constitucional. Se trata más bien de una visión global de cómo abordar la corrupción a través de políticas públicas [y] procesos de los que han carecido los gobiernos anteriores.

La misión del presidente Arévalo es abordar los problemas a largo plazo. Llevará tiempo, pero podemos sentar las bases de una política pública que se traduzca en las medidas preventivas necesarias para tener un gobierno eficaz e imparcial.

IC: Las redes de corrupción se han infiltrado con éxito en la mayoría de los poderes del Estado. ¿Dónde enfocará su energía la CNC?

SP: Al tratarse de un problema tan amplio, tenemos que dar prioridad a los lugares donde las redes de corrupción están más arraigadas y donde han hecho más daño. Queremos priorizar al menos tres ministerios que han estado más expuestos a prácticas corruptas: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y el Ministerio de Educación (MINEDUC).

La licitación de obras públicas ha sido sinónimo de discrecionalidad. No ha habido transparencia ni rendición de cuentas sobre cómo se contrata a los contratistas. Estamos trabajando con el CIV para revisar unos 1.430 contratos que, según una evaluación preliminar, presentan indicios de irregularidad. Un grupo de trabajo, liderado por la CIV y acompañado por la CNC y la Procuraduría General de la Nación (PGN), tiene previsto identificar contratos irregulares para poder tomar medidas.

IC: Hace poco rechazó una invitación para reunirse con la fiscal general Consuelo Porras. ¿Tiene prevista alguna colaboración con ella, dados los intentos de su oficina de procesar al presidente Arévalo?

SP: Estamos dispuestos a trabajar con cualquier institución o parte interesada de Guatemala que esté verdaderamente comprometida con la lucha contra la corrupción. Ese es un compromiso general del presidente, mío y de los miembros del gabinete.

No hemos visto eso en el Ministerio Público. Sus acciones han demostrado lo contrario. Hemos visto este continuo de impunidad, sobre todo porque no ha habido un compromiso fuerte por parte del Ministerio Público.

Obviamente, las denuncias penales se van a poner donde tienen que estar, en el Ministerio Público. Ahí tienen un trabajo que hacer. Pero hasta que no veamos lo contrario, no veo cómo podemos extender la conversación a una agenda nacional anticorrupción más amplia.

IC: ¿Qué va a pasar con los 1.430 contratos de obras públicas potencialmente irregulares, o con las denuncias de corrupción hechas por ciudadanos guatemaltecos, si el Ministerio Público no está dispuesto a investigarlos?  

SP: Ese es el reto. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance institucional para denunciar los actos de corrupción en el gobierno, respetando el marco legal más amplio. Y vamos a mostrarle al pueblo de Guatemala lo que se ha encontrado.

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Sabrán que el Ministerio Público debe rendir cuentas sobre si los casos se han investigado o no. La historia dirá si van a comprometerse con su mandato constitucional y responder a esta cleptocracia que se ha apoderado del Estado guatemalteco.

IC: El sector judicial ha sido infiltrado por mafias políticas que buscarán posicionar a aliados en altos cargos magistrales durante las elecciones a las altas cortes que tendrán lugar a finales de este año. ¿Tiene la CNC un plan para promover un proceso de selección transparente?

SP: Se hará todo lo que esté dentro del mandato de la comisión. La mayor batalla institucional a la que se enfrenta este país es la selección de magistrados en el Organismo Judicial (OJ). Sin un sector judicial fuerte, no podemos avanzar en un programa anticorrupción sólido.

Vamos a seguir de cerca el proceso. Cuando haya una oportunidad de coordinarnos dentro de los márgenes de nuestro mandato legal, lo haremos. Tenemos previsto elaborar estrategias de comunicación que expongan las implicaciones de este proceso y por qué la transparencia tiene que estar en primer plano.

IC: La línea que separa la política del narcotráfico suele ser difusa. ¿Qué hará la CNC si recibe información sobre políticos de alto nivel vinculados al narcotráfico? ¿Hay alguien intocable?

SP: No. No debería ser un límite de la comisión. Parte de nuestro trabajo consistirá en localizar a los principales actores [criminales] dentro del marco institucional más amplio. Y obviamente, una vez identificado este tipo de comportamiento, vamos a utilizar el poder ejecutivo y el judicial, así como la cooperación con las instituciones internacionales, para que se puedan tomar medidas.

IC: ¿Cómo evaluaría la salud de los principales ministerios del gobierno?

SP: Yo diría que es crítica. Creo que tenemos que ser honestos con la impresión que nos han dado los dos primeros meses de gobierno.

El [CIV] se utilizó como botín político. Sabemos que las obras públicas han sido un medio de financiación de las redes corruptas. Ha sido un medio para financiar los bolsillos de funcionarios públicos y políticos locales en diferentes partes de Guatemala. El diagnóstico inicial en el CIV es corrupción total.

El ministerio de salud [también está sufriendo]. Los hospitales no tienen medicamentos. Los médicos han estado trabajando en condiciones infrahumanas. El negocio [corrupto] alrededor de los medicamentos ha crecido significativamente durante las últimas tres o cuatro administraciones.

Esta es la tendencia en todos los ministerios. El gabinete sabe que es una situación crítica, pero también sabe que el umbral es tan bajo que hay mucho margen de mejora.

IC: ¿Qué metas tiene la CNC para este año?

SP: Va a ser un reto crear una dinámica [anticorrupción] que sea eficaz y produzca resultados.

Vamos a presentar una iniciativa de protección de los informantes en las próximas semanas. Uno de los objetivos para este año es conseguir que el Congreso apruebe una ley que ayude en la lucha anticorrupción. Ahora mismo, los informantes no se sienten cómodos presentando demandas contra funcionarios públicos por actos corruptos porque sienten que no hay protección física, laboral o de identidad.

[También] revisaremos los 1.430 contratos del [CIV] para identificar los que sean onerosos, que afecten los intereses del Estado guatemalteco y que no tengan utilidad pública. [Queremos] sentar un precedente de que esto no se tolerará.

*Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Imagen principal: Santiago Palomo, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción de Guatemala. Crédito: Comisión Nacional contra la Corrupción