Para las autoridades es rutina contar a los “pandilleros” y, en el caso de El Salvador, también a los “aspirantes” y “colaboradores”. Pero, ¿cómo lo hacen y cuáles son las implicaciones?
Un ex alto oficial de policía accedió, bajo condición de anonimato, a explicarle a InSight Crime cómo crea el gobierno su base de datos sobre pandillas. El método no es ni fácil ni especialmente empírico, pero el exoficial insiste en que es fiable.
El deseo de crear un censo de pandilleros, relató el exoficial, surgió a mediados de la década de 1990, cuando las pandillas se convirtieron en un problema de seguridad pública importante. Al igual que en Estados Unidos, cada inspección de policía enviaba sus estimados al cuartel general , donde los usaban para crear un conteo global.
Sin embargo, el sistema de recopilación de información de El Salvador se hizo más confiable a partir de 2009, con la implementación del Sistema de Información Policial (SIP) en las inspecciones de policía de todo el país. El SIP era una unidad especial, cuya única función era la recolección y el análisis de información.
“A medida que se investigaban las estructuras criminales sobre el terreno, la información iba fluyendo al SOP, que analizaba quiénes eran los integrantes [y quiénes] eran los familiares, las novias, y los colaboradores que participaban”, explicó la fuente.
Pronto, la Policía Nacional Civil (PNC) tuvo una base de datos de sospechosos de pertenecer a las pandillas, que estaba en continua actualización y ajuste, explicó la fuente. Estos no eran meros estimados numéricos, si no registros detallados, que incluían nombres completos, números de identificación nacional, fotografías “y toda la información general sobre cada persona”.
A lo largo de los años, las actualizaciones continuas al sistema de recolección de datos, así como las mejoras tecnológicas han hecho más confiable el censo, dijo.
“Ningún sistema es infalible, pero el conocimiento de la PNC sobre estas estructuras criminales tiene un nivel de confiabilidad bastante alto”, insistió.
De hecho, los números son exactos pero no necesariamente precisos. Para el 31 de agosto de 2023, según los informes a los que InSight Crime tuvo acceso, el SIP estimaba que en total había 120.187 pandilleros y asociados. Los desglosaron de la siguiente manera: 53.973 homeboys (pandilleros), 5.454 chequeos (aspirantes) y 60.760 colaboradores. Dicho estimado no incluyó a los pandilleros en prisión en el momento, que sumaban cerca de 20.000.
Un uso ampliado de la base de datos
La base de datos se reservó en un momento para usarla en temas de inteligencia y no necesariamente en casos penales. Es importante establecer la diferencia. Por lo general, la primera es poco elaborada y no corroborada. Por otro lado, los casos judiciales normalmente requieren un alto grado de corroboración y de evidencia, en especial si se va a imputar cargos a alguien.
Durante las últimas administraciones, a los agentes de policía les preocupaba cómo se usaría esa información. El exoficial de la policía, por ejemplo, contó que un ex ministro de seguridad, el general David Munguía Payés, sin razón añadió a los familiares de sospechosos de pertenecer a las pandillas en el conteo de la SIP.
“‘Multipliquemos el dato de la SIP por tres o cuatro’”, relató la fuente que propuso Munguía Payés, “‘porque, ¿cómo es posible que a un pandillero no le ayude su mamá o su papá o sus hermanos o sus primos?’ Y ahí se le iban agregando, pero esas [eran] valoraciones temerarias, al margen del trabajo profesional de los investigadores”.
A pesar de ese minucioso trabajo, pronto las cosas se movieron aún más en la dirección propuesta por Munguía Payés. De manera específica, la actual administración del presidente Nayib Bukele agregó oficialmente dos nuevas categorías a la base de datos del SIP: “chequeos” para los aspirantes a ingresar a una pandilla y que están, por así decir, en periodo de prueba; y los “colaboradores”, el escalón más bajo, reservado para operadores que apoyan a la pandilla de manera considerable.
En marzo de 2022, una oleada de violencia pandillera incitó a Bukele a solicitar al Congreso que decretara lo que se conoce como Régimen Especial. El acto legislativo suspendió varios derechos constitucionales al debido proceso y amplió el alcance legal para capturar e imputar a sospechosos con el fin de incluir a chequeos y colaboradores.
Los resultados han sido profundos. Más de 72.000 salvadoreños han sido privados de la libertad desde marzo de 2022. Según el SIP, para el 31 de agosto de 2023, estos incluían 32.247 homeboys, 3.433 chequeos y 41.673 colaboradores; el SIP añade que 21.718 homeboys, 2.021 chequeos y 19.087 colaboradores siguen prófugos.
El problema de contar pandilleros
Debe señalarse que tratar de contar a los miembros de las pandillas conlleva problemas, de los cuales el más importante puede ser que no hay consenso sobre lo que constituye una pandilla, un pandillero o un colaborador.
El Centro Nacional de Pandillas de Estados Unidos, por ejemplo, señala que 44 estados y el Distrito de Columbia tienen su propia definición de “pandilla”, 11 estados tienen una definición propia de “pandillero” y 31 estados enuncian de manera específica diferentes actos que constituyen “actividad o crimen de pandillas”. Las definiciones académicas de las pandillas y sus afiliados también presentan grandes variaciones.
Esa discrepancia lleva a estimados extremadamente diferentes sobre lo que significa pertenecer a una pandilla, como apuntó InSight Crime en un reportaje de 2018 sobre la MS13. Los estimativos también se ven influenciados por la capacidad institucional, los recursos, la política y los sesgos.
A pesar de esos peligros, El Salvador parece tener una metodología bastante disciplinada —aunque no muy empírica— para sacar sus conclusiones sobre la participación en una pandilla. Sus conteos han sido consistentes a lo largo de los años y su enfoque ha sido aplaudido por otros gobiernos de la región.
*Con reportería adicional de Steven Dudley.