Más de una docena de informes confidenciales de la Policía Nacional Civil en poder de InSight Crime revelan que, aunque “debilitadas” tras año y medio de régimen de excepción, las tres principales pandillas que operan en El Salvador todavía son una amenaza sutil.
La Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Sureños y el Barrio 18 Revolucionarios conservan 54 grupos armados, sobre todo en áreas rurales. También permanecen en libertad casi 43.000 personas perfiladas como pandilleros, en tres categorías: miembros activos (homeboys), aspirantes a serlo (chequeos) y lo que llaman “colaboradores”, una designación amplia de los supuestos operadores y ayudantes de esos grupos.
Estos números ponen en entredicho el triunfalismo de la administración de Nayib Bukele que auspició una ofensiva sin precedentes contra esos grupos criminales.
Los informes policiales detallan con precisión la situación de las pandillas y su actual presencia dispareja en el territorio nacional. Presentan un panorama con logros notables en la desarticulación de estos grupos, pero también consigna sombras y amenazas. Además, insinúan la posibilidad de que las pandillas hayan decidido no llevar a cabo una respuesta violenta, en lugar de no poder hacerlo.
El Salvador vive bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, aprobado y prorrogado mes tras mes por la Asamblea a solicitud del presidente Bukele. La medida ha supuesto el encarcelamiento de más de 72.000 personas, de las que más de 7.000 han sido ya liberadas tras comprobarse que fueron detenciones arbitrarias, después de semanas o meses privados de libertad.
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Bajo el nombre de “Apreciación de pandillas ante coyuntura del Régimen de Excepción”, los informes a los que ha tenido acceso InSight Crime son elaborados periódicamente por la División de Análisis y Producción de Inteligencia, una dependencia de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC).
Se envían al director de la institución policial, Mauricio Arriaza Chicas, y él los distribuye sólo entre funcionarios de extrema confianza. La fuente que los facilitó es parte de ese círculo. Además, InSight Crime corroboró la autenticidad de los documentos con un exoficial del nivel superior de la PNC y expertos no gubernamentales que habían conseguido reportes similares.
Los análisis sobre quiénes integran las pandillas los centraliza la Subdirección de Inteligencia y, según el exoficial consultado, la base de datos está sujeta a una actualización constante.
Estos informes confidenciales, además, representan la verdadera visión del fenómeno de las maras que tiene la Administración Bukele, una visión alejada de la propaganda y el secretismo que envuelve las comunicaciones oficiales.
“La oposición salvadoreña, sus gremiales, sus medios, sus ONG, sus expertos; todos salieron ayer, al UNÍSONO, aceptando el éxito total de nuestra guerra contra pandillas”, tuiteó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 4 de febrero de 2023.
Aún hay 54 clicas armadas
El más reciente de los informes en manos de InSight Crime, fechado 1 de septiembre de 2023 y de 19 páginas, cifra en 54 los grupos armados de pandilleros que siguen activos en El Salvador. A dos meses de iniciado el régimen, en junio de 2022, la PNC tenía monitoreadas 95 células (clicas, en argot pandillero) con suficiente armamento como para ser consideradas “grupos armados”.
En febrero de 2023, este número había bajado a 75 y en mayo disminuyó a 67. Pero todavía quedan 54 en septiembre.
La MS13 está detrás de 43 de esos 54 comandos; seis son del Barrio 18 Sureños, y los cinco restantes, del Barrio 18 Revolucionarios.
Además, los avances en desmantelar no han sido uniformes en todo el país. La PNC y las fuerzas armadas han golpeado con más dureza a los grupos armados en los departamentos de Cuscatlán, Santa Ana, San Miguel, La Unión y Usulután. Pero el impacto ha sido notablemente inferior en San Salvador, Ahuachapán, Morazán, Cabañas, La Libertad y La Paz.
Hay dos departamentos — Chalatenango y San Vicente — en los que se mantiene el número de grupos. Pero el caso más sorprendente es Sonsonate, donde se ha subido de cinco a seis.
En cuanto al número de integrantes de cada estructura criminal, las pandillas más golpeadas a escala nacional han sido la MS13 y Barrio 18 Sureños, pero aún mantienen en libertad al 33% y al 35% de sus integrantes, respectivamente.
El Barrio 18 Revolucionarios — pandilla con presencia importante en la mitad oriental del área metropolitana de San Salvador, y en los departamentos de La Libertad y La Paz — parece haber resistido mejor la ofensiva o su desarticulación no ha sido tan prioritaria. De cualquier manera, el 46% de sus integrantes están libres.
En la suma de todas las pandillas, el informe señala que permanecen libres 42.826 pandilleros activos, aspirantes y colaboradores, un 36% de todos los que el gobierno tiene fichados. El porcentaje más alto es en la categoría homeboys, con un 40% de ellos en libertad.
Hilando más fino, de las 72.871 personas detenidas entre marzo de 2022 y agosto de 2023, apenas 1.230 (un 1,7%) han sido identificados como “cabecillas”, categoría en la que la PNC incluye a varios niveles de liderazgo, como los ranfleros, corredores de clica y palabreros.
También hay diferencias notables en cuanto a la efectividad por territorios. Los departamentos que registran más pandilleros sin capturar son San Vicente, Cabañas, La Paz, La Libertad y San Salvador. Sin embargo, en estos dos últimos — los más urbanos del país — podría deberse a que los pandilleros se han ocultado en el interior del país o en otros países.
Al contrario, el embate gubernamental ha sido más contundente en Cuscatlán y en los cuatro departamentos de la zona oriental de El Salvador.
La ‘trampa eterna’
La violencia homicida ha caído a mínimos históricos en El Salvador y la proyección es que el país cierre 2023 con una tasa de entre 3 y 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2015, la tasa fue de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Verónica Reyna, directora del Programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), avaló que las maras han perdido poder y presencia territorial desde que se implementó el régimen de excepción, pero cuestionó con dureza la estrategia del gobierno e hizo referencia a informes de oenegés nacionales e internacionales que registran una violación sistemática derechos humanos.
“Es la trampa eterna. Nos venden soluciones inmediatas e ilegales… y así asumimos formas de gobernar violatorias, con ejecuciones extrajudiciales y tortura. Si eso es un éxito, cualquier gobierno con suficiente cinismo y sin control alguno podría haberlo hecho antes”, dijo.
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El investigador y consultor especializado en seguridad pública Luis Enrique Amaya también cree que la bautizada desde el oficialismo como guerra contra pandillas ha asestado a las maras un golpe sin precedentes.
“La gente está percibiendo más seguridad y esa percepción no es falsa, no es un efecto de una campaña publicitaria del presidente”, dijo Amaya a InSight Crime.
Pero de ahí a aseverar que las pandillas son cosa del pasado, como se insinúa desde el oficialismo e incluso desde algunos ámbitos de oposición, hay un trecho que Amaya no ha recorrido aún.
«[Las pandillas] ya no son como las conocíamos, con la fuerza que tenían, con la presencia pública en grandes territorios del país”, dijo Amaya.
Sin embargo, menciona “células dormidas” de pandilleros, que estarían “inactivas temporal e intencionalmente”, o sea, por iniciativa propia. Esto le da mayor credibilidad a la hipótesis de que la ausencia de una respuesta violenta es una estrategia deliberada.
“Conociendo la historia de las pandillas, uno se pregunta si ahora mismo no estarán sencillamente en un proceso de adaptación, de redefinición de su forma de ser, de su forma de operar”, dijo.
De hecho, aunque las denuncias por extorsión que registra la PNC han disminuido un 54% en lo que va de 2023 respecto al mismo período de 2022, cada semana hay un promedio de 16 denuncias por este delito. Un total de 572 denuncias han sido procesadas hasta el 11 de septiembre, y en 375 de los casos, identificaron a sus extorsionistas como miembros de una las dos facciones del Barrio 18 o de la MS13.
Otro indicador son las incautaciones de armas. Uno de los informes policiales revela que en lo que va de 2023 suman apenas 83 fusiles incautados. El año pasado fueron 242. Y antes del régimen de excepción, las cifras eran más altas. La policía incautó 321 fusiles en 2020 y 508 en 2019.
Esto indica que las pandillas aún conservan buena parte de sus arsenales, como ya adelantó una investigación de InSight Crime de julio de 2022.
Sin embargo, el gobierno mantiene un importante control sobre los datos oficiales y sostiene haber erradicado a las pandillas del país. Este aparente logro ha consolidado la popularidad de Bukele, lo que lo ha incentivado a buscar la reelección, a pesar de las restricciones constitucionales que lo impiden.
El tema de las pandillas podría persistir. “En los últimos días se ha tenido información, la cual se estaría confirmando, sobre posibles acciones por parte de la pandilla MS13 para tratar de incidir o boicotear las próximas elecciones”, dice uno de los reportes, publicado el 1 de septiembre.
En definitiva, la Subdirección de Inteligencia de la PNC cree que aún es demasiado pronto para afirmar que el régimen ha desarticulado las pandillas en El Salvador.
“Están debilitadas, pero existen clicas que pueden llevar a cabo los homicidios ordenados”, afirma el informe.
*Steven Dudley contribuyó al reportaje.