El hijo del presidente de Colombia admitió que recibió dinero de reconocidos criminales para financiar la campaña de su padre y que se apropió de gran parte de esos fondos, lo cual ha generado un escándalo en torno al gobierno y podría causar retrasos en su controvertida política de seguridad.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y político de la Costa Caribe, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro negó las acusaciones en un principio, pero durante una audiencia de 10 horas el pasado 3 de agosto admitió los cargos y acordó cooperar con las autoridades.
El hijo del presidente fue arrestado el 29 de julio, casi tres meses después de que su exesposa, Daysuris Vásquez Castro, quien también está siendo investigada, diera una entrevista al medio de noticias colombiano Semana, en la que señala que ella y su excompañero utilizaron grandes sumas de dinero, destinadas a la campaña Petro, para gastos personales.
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En la audiencia del 3 de agosto, Nicolás Petro reconoció que había recibido US$386.000 de personas con antecedentes criminales.
Entre dichas personas se encuentra Samuel Santander Lopesierra, alias “El Hombre Marlboro”, un exsenador y convicto narcotraficante, contrabandista y blanqueador de dinero, proveniente del departamento de La Guajira, en el Caribe colombiano. Santander Lopessierra cumplió una pena de 18 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Salió de prisión en 2021 y actualmente es candidato a la alcaldía de la ciudad de Maicao, en La Guajira.
En la audiencia judicial también se mencionó a Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso Hilsaca, alias “El Turco”. Las autoridades colombianas han investigado a El Turco por corrupción relacionada con contratos de construcción y financiamiento de grupos paramilitares ilegales.
La tercera persona implicada es Oscar Camacho, un reconocido contratista de Norte de Santander cuyos familiares han sido investigados, e incluso condenados, por narcotráfico en Estados Unidos.
Nicolás Petro afirmó que el dinero que recibió estaba destinado a financiar la campaña presidencial de su padre, y aunque se quedó con una suma significativa, parte de los fondos fueron a parar a las arcas de la campaña. Según dijo el Fiscal General asignado al caso, la campaña no informó que el presupuesto había excedido los topes permitidos.
Presentando un gráfico de las conexiones de la pareja, entre las que se encuentran políticos prominentes, empresarios y otros miembros de la familia Petro, el fiscal general afirmó que “de una manera u otra, cada una de estas personas lo ayudó a obtener recursos, posiblemente provenientes de la corrupción, para la campaña presidencial”.
Por su parte, el presidente Petro ha declarado públicamente que no intervendrá en las investigaciones en torno a su hijo, y pidió que se asignara un fiscal general ad hoc al caso. También ha negado que tuviera conocimiento de que se hicieron contribuciones ilegales o irregulares a la financiación de su campaña.
Análisis de InSight Crime
Los escándalos anteriores en los que se han vinculado las campañas presidenciales colombianas con dineros de la droga indican que el actual escándalo en torno a Petro quizá obligará al presidente a ponerse a la defensiva, poniendo los temas de seguridad en un segundo plano.
En 1995 se desató un caso, conocido como Proceso 8.000, en torno al expresidente Ernesto Samper (1994-1998). Las grabaciones de audio adquiridas por su oponente en las elecciones de 1994 dejaron al descubierto los tratos entre representantes del Partido Liberal, del que hacía parte el presidente, y líderes del Cartel de Cali, la organización narcotraficante más poderosa de Colombia en ese momento.
Si bien los tribunales colombianos nunca encontraron pruebas suficientes para implicar a Samper, Estados Unidos le revocó la visa al expresidente. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert S. Gelbard, citó “pruebas sustanciales” de que Samper “solicitó y recibió algo más de US$6,5 millones” de narcotraficantes antes de las elecciones de 1994.
Las consecuencias del Proceso 8.000 dejaron a Samper maniatado. Mientras que su administración se enfocó en sortear los escándalos y los juicios políticos, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ganaron más territorios y obtuvieron un mayor control sobre el lucrativo tráfico de drogas del país.
“En 1997 […] la guerrilla incrementó sus acciones militares y los secuestros, principalmente contra miembros de la fuerza pública, así como asesinatos selectivos contra la población civil”, señala el informe de la Comisión de la Verdad.
Otros grupos intervinieron para combatir la inseguridad, dado que el Estado se volvía cada vez más impotente. La organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzó como una serie de grupos de autodefensa respaldados por el gobierno, formados para proteger a las comunidades frente a la violencia, los secuestros y la extorsión perpetrados por la guerrilla. Con el tiempo, dichos grupos se convirtieron en una de las organizaciones narcotraficantes más fuertes de Colombia.
Así como el Proceso 8.000 obstaculizó la política de seguridad de Samper, los escándalos que rodean a la administración Petro podrían poner en peligro el cada vez más frágil plan de “Paz Total” del presidente y su ya inestable relación con las fuerzas armadas. El presidente está negociando con varios grupos armados diferentes, buscando poner fin al conflicto civil que durante seis décadas ha azotado a Colombia. Esta política ha obstaculizado las operaciones de las fuerzas de seguridad contra los diferentes grupos, en medio de un aumento en los cultivos de coca y la producción de cocaína, y acusaciones de violaciones del cese al fuego por parte de algunos de los participantes.
Escándalos anteriores, que involucran a figuras gubernamentales de alto rango, ya han obstaculizado la capacidad del gobierno de Petro para aprobar reformas en el Congreso y han debilitado su imagen como líder anticorrupción.
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En julio de este año, el gobierno publicó un borrador de su ambiciosa política de seguridad, que apunta a atacar a los intermediarios y actores de alto rango en el tráfico de drogas del país, a la vez que promueve un nuevo programa de sustitución de coca. Sin embargo, los informes del Ministerio de Defensa muestran que la erradicación forzada de cultivos de coca ha disminuido drásticamente, y los resultados de las incautaciones de cocaína muestran una disminución del 12% en el primer semestre de 2023, lo que pone en duda la implementación y la efectividad de la reforma de seguridad del gobierno. Además, la crisis de los precios de la coca ha agudizado la pobreza rural, y los ambiciosos planes de sustitución de coca podrían sufrir retrasos.