A pesar de la variada evidencia sobre las consecuencias del hacinamiento carcelario, entre las que cabe citar el reclutamiento generalizado para las pandillas y los extensos abusos contra los derechos humanos, Latinoamérica sigue recurriendo a la privación de la libertad de manera indiscriminada.

En ese contexto, crece la atención hacia los hijos de padres encarcelados: los impactos socioeconómicos a largo plazo de esta separación, la marginación a la que se ven sometidos y su posible participación en la actividad criminal en etapas posteriores de sus vidas.

La Universidad para la Paz, avalada por las Naciones Unidas, ha publicado un nuevo libro, Global Approaches on State Fragility & Organized Crime (Perspectivas globales sobre la fragilidad del Estado y el crimen organizado), uno de cuyos capítulos ahonda en las repercusiones que supone para los menores ver a sus padres privados de la libertad. En la mayoría de los casos analizados, las madres fueron a prisión por delitos relativamente menores relacionados con drogas.

InSight Crime se sentó con Megan Capp, criminóloga e investigadora doctoral de la Universidad para la Paz, y con Maurício Vieira, editor del libro y responsable de la Cátedra para Contrarrestar el Tráfico Ilícito y Prevenir el Crimen Organizado Transnacional de la Universidad de la Paz, para conocer más sobre este tema.

InSight Crime (IC): ¿Cuáles son las implicaciones socioeconómicas previsibles a largo plazo para los niños de Latinoamérica que tienen a sus padres en prisión?

Megan Capp (MC): Cada menor y cada situación familiar son únicos. Pero, en la mayoría de los casos, el apresamiento de un progenitor es una fuente de enorme estrés y una circunstancia que altera profundamente la vida de un niño y tiene consecuencias en su vida futura. Estos niños muchas veces viven en entornos sociales donde la violencia, la pobreza y la marginación hacen parte normal de la vida de sus comunidades.

El encarcelamiento de un padre por cualquier periodo de tiempo amplifica esas vulnerabilidades existentes a la par que introduce nuevas barreras para el bienestar y sano desarrollo de los menores. Durante el encarcelamiento de sus padres, muchas veces los hijos se ven obligados a asumir roles de adultos, incluida la búsqueda de un empleo y el cuidado de sus hermanos, lo cual impacta en su capacidad de completar su educación. Por lo general, son estigmatizados por otros miembros de la comunidad, como sus maestros, pares, profesionales de la salud y más, lo cual puede impactar gravemente su salud mental y emocional.

IC: Una investigación reciente se centró en la “trayectoria colectiva”, la noción de que la experiencia compartida y la exposición al crimen organizado a temprana edad aumenta las probabilidades de que los menores se unan a un grupo criminal. ¿Se aplica esto a los jóvenes con padres en prisión?

Maurício Vieira (MV): Es esencial evitar la correlación de que los hijos de padres privados de la libertad se unirán a bandas criminales o tendrán más posibilidades de enrolarse en una de ellas. Debemos centrarnos en otros aspectos, como la incapacidad del gobierno para brindar servicios básicos a niños y jóvenes, en especial acceso a educación y empleo. Esa ausencia estatal abre la puerta a que la delincuencia prospere a corta edad.

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Esto se hizo más evidente durante la pandemia de la COVID-19, cuando cerraron algunos centros educativos en las ciudades latinoamericanas porque no tenían la tecnología para enseñar en línea. Sin escuelas, los niños y jóvenes rápidamente se volvieron blanco de reclutamiento forzado de las bandas criminales.

IC: Algunos grupos criminales tradicionales, como el Cartel de Sinaloa, afirma que siente cierta responsabilidad por las familias de sus integrantes. ¿Hay evidencia de que los grupos se ocupen del cuidado de los hijos de sus soldados en prisión?

MV: Que no haya una investigación que muestre ese patrón, no significa que no suceda en el terreno. Esto pone de relieve los roles que desempeñan los grupos criminales en las comunidades en las que operan. Los grupos criminales asumen cierta responsabilidad en la comunidad debido a la ausencia del Estado o a la necesidad de fortalecerse dentro de la comunidad. Esto también puede tener relación con la perspectiva de la protección. Es allí donde los grupos garantizan cierta seguridad a la comunidad, que es exclusiva del Estado, a la par que protegen y propagan sus prácticas ilícitas mediante nuevas leyes, normas, negociación, extorsión y amenazas.

IC: Ustedes encontraron que solo el 10% de los menores cuyas madres iban a prisión permanecían con sus padres. ¿Quién se ocupa de estos niños, si hay alguien, cuando no hay familia?

MC: En la mayoría de las situaciones, cuando el padre queda preso, la madre sigue velando por los hijos, aunque ahora enfrenta el peso adicional de ser el único apoyo financiero y emocional responsable por ellos. Pero cuando la madre va presa, vemos un cambio de las responsabilidades del cuidado hacia los hermanos, abuelos maternos, tías u otros parientes. Hay una dinámica de género en esto, donde otras mujeres por lo general asumen las responsabilidades del cuidado en ausencia de la madre.

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También hay situaciones en las que la madre puede tener a su hijo con ella mientras paga su pena. Por la naturaleza transnacional de los delitos relacionados con drogas, es posible que ella sea acusada y apresada en un país diferente a su tierra natal. En estas situaciones, donde no hay familia que atienda las necesidades del menor, puede que este sea puesto en una institución. En estos casos, la investigación muestra una falta importante de coordinación entre la justicia penal y los sistemas de protección de menores, lo que dificulta aún más la realidad de mantener el vínculo entre madre e hijo durante el tiempo de privación de la libertad.

IC: ¿Hay países en Latinoamérica que tengan mejores protocolos de atención a estos menores y de apoyo social en ausencia de los padres?

MC: A nivel nacional, existen políticas públicas mínimas para atender las necesidades variadas y específicas de los hijos de padres privados de la libertad. Chile es un caso único, donde existen programas financiados por el Estado para apoyar el mantenimiento de la relación entre una madre y su hijo durante su tiempo en prisión. Costa Rica ha dado algunos pasos para considerar las responsabilidades de cuidado de la madre como un factor atenuando al formular condenas por cargos relacionados con drogas. Y Brasil brinda apoyo financiero a las familias afectadas si el progenitor tenía vinculación laboral formal antes de su ingreso a prisión.

Se está viendo cierto trabajo prometedor en los niveles comunitario y de la sociedad civil. Un ejemplo de esto es la creación de La Plataforma NNAPE, una coalición regional de 11 organizaciones de 10 países de toda Latinoamérica y el Caribe, que trabajan para proteger y promover los derechos de los hijos de padres privados de la libertad.

En algunos países existen políticas nacionales, basadas en las Reglas de Bangkok de la ONU, que permiten que el menor permanezca en prisión junto a la madre. Pero la inadecuación y la falta de recursos para la implementación ha generado numerosas preocupaciones relacionadas con la seguridad y el cuidado de estos menores. Aunque este acuerdo permite conservar la relación hijo-progenitora, la gran mayoría de cárceles de la región no están adecuadas para proteger o apoyar de manera adecuada a estos niños y sus necesidades de desarrollo, atención en salud y educación.

De conformidad con las consideraciones internacionales sobre derechos humanos, por lo general se permite que los niños visiten a sus padres en prisión. Pero se ha denunciado que los niños han sido sometidos a inspecciones corporales invasivas, a presenciar violencia y a malos tratos por parte de los guardias. Todo esto incide en sus percepciones de los actores de la justicia penal. También obliga a los cuidadores a la situación inédita de querer mantener al niño para que mantenga una relación con su progenitor o progenitora en prisión, mientras lo protegen de la presión y el estigma que se deriva de tal situación.

IC: ¿Puede la presencia de niños en las prisiones ser aprovechada por otros delincuentes para extorsiones a sus padres, amenazar los menores u obligarlos a unirse a grupos criminales?

MV: Esta es una pregunta muy interesante porque se inserta en una hipótesis dicotómica de “sí” o “no”. Yo prefiero replantearla discutiendo las vulnerabilidades a las que estos menores se ven sometidos. Esas vulnerabilidades no tienen que ver únicamente con amenazas de grupos criminales sino también con la falta de atención del Estado, lo que, a su vez, agudiza la vulnerabilidad de los niños debido a lo inadecuado de sus condiciones sociales.

El punto que quiero mostrar es: ¿cuáles son las iniciativas lideradas por el Estado que contribuyen a reducir las vulnerabilidades de los niños frente a la privación de la libertad parental? ¿Está el Estado en capacidad de actuar de manera proactiva para interrumpir los riesgos sociales que estos niños enfrentan? Nuestra discusión debe cuestionar nuestra comprensión sobre la relación entre víctima y perpetrador. Específicamente, reconocemos que los grupos criminales, desafortunadamente, hacen lo que quieren. Pero, ¿qué deberíamos esperar del Estado?

IC: Ustedes mencionan que las políticas de mano dura han contribuido a un acelerado incremento de los índices de privación de la libertad. ¿Cómo han exacerbado las campañas agresivas, como la de El Salvador, la situación de los padres en prisión?

MC:La situación de El Salvador ha llevado a un drástico incremento del número de menores que viven el encarcelamiento parental. Sabemos que la población carcelaria femenina de El Salvador se multiplicó por siete entre 2000 y 2022. La falta de consideración para estas familias durante la guerra contra las pandillas ha llevado a un mayor estigma y a una agudización de necesidades sociales que recién estamos empezando a entender.

IC: ¿Qué recomendaciones de política haría para mejorar esta situación? ¿Hay esperanza de que se reformen los delitos menores relacionados con drogas, ante la estrategia de “duro contra el crimen” en gran parte de la región?

MC: El punto de partida absoluto debería ser la consideración de las experiencias de estos menores en todas las decisiones sobre justicia penal, desde el arresto y la formulación de condenas hasta el encarcelamiento y más. Con los delitos menores relacionados con drogas, sería útil asegurar que las sentencias sean proporcionales al delito cometido y que se consideren circunstancias atenuantes, como la escala del tráfico de narcóticos en el que la persona opera, sus características particulares de vulnerabilidad, y si tienen personas a su cuidado.

En situaciones donde la privación de la libertad sea absolutamente necesaria, deberían considerarse las visitas a la cárcel y las situaciones en las que los menores permanezcan con la madre en prisión centrándose en el interés del menor y con una óptica de derechos. Estas visitas y situaciones de convivencia deben contar con recursos y evaluación adecuados y mejorarse radicalmente para responder de manera más adecuada a las necesidades de los menores afectados.

Sería en extremo útil tener más datos sobre el número de niños afectados por el encarcelamiento parental, y las experiencias y necesidades específicas de estos niños. Dado que ningún país de la región actualmente recoge datos sobre si los presos tienen hijos, los gobiernos podrían empezar a recopilar datos desagregados por género.

*Esta entrevista ha sido editada para ajustar la extensión y la claridad.