Atacantes intentaron asesinar en su casa a la fiscal general interina de Uruguay tras una incautación de droga vinculada con el principal fugitivo de narcotráfico del país, Sebastián Marset, en una clara señal de la creciente influencia de las violentas organizaciones de narcotráfico en el mundo criminal de Uruguay.
En la madrugada del 28 de septiembre, dos personas ingresaron a la vivienda de la fiscal antinarcóticos y fiscal general interina de Uruguay, Mónica Ferrero y abrieron fuego en lo que el gobierno caratuló como un intento de asesinato. Las autoridades también hallaron un hueco en el patio de la fiscal, donde creen que los atacantes planeaban colocar explosivos. Nadie resultó herido.
Dos sospechosos ya fueron detenidos y se cree que tienen vínculos con la banda local Los Albín. El gobierno investiga a más personas que habrían participado en el ataque.
“No nos van a hacer retroceder y van a caer. Ya cayeron dos, y no van a ser los únicos ni los últimos en caer”, afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa.
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No es la primera vez que Ferrero es blanco de amenazas y ataques. En 2020, una bomba molotov fue lanzada contra la sede de la Brigada Antidrogas en Montevideo. Después, Ferrero recibió una amenaza que le advertía que detuviera sus investigaciones sobre tráfico de cocaína.
“No es algo aislado, es algo que podría pasar en cualquier momento”, dijo a InSight Crime Nicolás Centurión, analista de crimen organizado del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). “[Las advertencias existen] desde hace por lo menos 15 años, 20 años. […] Tarde o temprano iba a pasar.”
Análisis de InSight Crime
Uruguay rara vez ha sufrido ataques de grupos criminales contra funcionarios, pero a medida que el país gana importancia en el comercio internacional de cocaína, las redes criminales globales tienen más incentivos para recurrir a la violencia con el fin de proteger sus operaciones
La principal hipótesis es que el ataque responde a la incautación de más de dos toneladas de cocaína vinculadas a Los Albín en Punto Espinillo en agosto. “¿Por qué [a Ferrero] la han convertido en blanco de los narcotraficantes? Porque viene haciendo bien su trabajo”, señaló Centurión.
Tanto esta última amenaza contra Ferrero como la de 2020 pueden estar relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Al igual que este año, el primer ataque ocurrió poco después de una incautación de unas dos toneladas de cocaína encabezada por Ferrero. Las autoridades sospechan que la droga era de Marset, y el principal sospechoso del ataque de 2020 era un presunto integrante de su red criminal.
Marset, que fue condenado por narcotráfico en 2013, está prófugo y es buscado por coordinar cargamentos de varias toneladas de cocaína hacia Europa. También ha sido acusado de ordenar el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci. Se sospecha que Los Albín trabajan con Marset para asegurar pasta base destinada al microtráfico y supervisar los envíos internacionales que transitan por Uruguay.
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Si bien los atentados son poco comunes en Uruguay, la violencia vinculada a grupos locales dedicados sobre todo a la venta de pasta base de cocaína se ha convertido en un problema de primer orden. Los enfrentamientos entre clanes rivales desataron una ola de homicidios en 2018 y, aunque la violencia se redujo, el país nunca regresó a los niveles precedentes.
Aunque estas bandas suelen ser pequeñas y centradas en el microtráfico, Uruguay se consolidó como un país de tránsito de cocaína durante la pandemia de COVID-19. En el último año, las autoridades han descubierto cada vez más casos de grupos locales que almacenan grandes cantidades de cocaína para cargarlas en contenedores rumbo a Europa. “Toda esta droga precisa muchas armas y mayor organización”, explicó Centurión. Como resultado, los vínculos entre las bandas locales y las organizaciones criminales internacionales parecen volverse cada vez más estrechos.
Imagen principal: Autoridades incautan más de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo, Uruguay. Se cree que el cargamento fue almacenado por la banda local conocida como Los Albín. Crédito: Gobierno de Uruguay.



