Un informe reciente resalta la situación de miles de migrantes que atraviesan el Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, ahora bajo el control de un grupo criminal colombiano.
El reporte, publicado por la organización Human Rights Watch (HRW), detalla la situación de los migrantes que actualmente atraviesan el Tapón del Darién, una región selvática ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. De acuerdo con la organización, la mayoría de los migrantes se dirigen a Estados Unidos, pero su paso por el Darién los expone a la violencia perpetrada por grupos criminales.
Cerca de 440.000 venezolanos, 80.000 ecuatorianos y 63.000 haitianos han cruzado por este paso fronterizo entre enero de 2022 y noviembre de 2023, según HRW.
El dominio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —una organización criminal también conocida como Clan del Golfo— del lado colombiano es indiscutible, mientras que del lado panameño, pequeñas bandas delictivas han sometido a los migrantes a un régimen de asaltos y violencia.
InSight Crime explora tres conclusiones sobre el panorama del crimen organizado en esta ruta y las debilidades estatales que hoy por hoy abren espacios para la creciente participación del crimen organizado en este punto de tránsito.
AGC: juez y verdugo en la frontera colombiana
Las AGC han reclamado control total de la frontera colombiana, mezclando su participación en el tráfico de migrantes y su hegemonía sobre el narcotráfico en la zona.
Tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quien fungía como máximo comandante de la organización, las AGC han comenzado una lenta transformación de su estructura, antes organizada por un comando central y ahora dividida en células con mayor independencia que han buscado incrementar su participación en otras rentas criminales. En este caso, el tráfico de migrantes en el Darién.
Las AGC ejecutan tres actividades principales en esta zona, según Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW.
En primer lugar, regulan y administran las rutas migratorias. “Administran las rutas migratorias para que no entren en tensión con sus rutas de tráfico de cocaína hacia el norte y para eso evitan que los migrantes caminen por las rutas que ellos utilizan para traficar cocaína,” dijo a InSight Crime.
“En la práctica, los Gaitanistas son quienes concesionan el movimiento de migrantes a través del Darién”, añadió.
Según investigaciones de InSight Crime entre 2022 y 2023, los migrantes pagaban hasta US$440 por ser transportados desde Necoclí, un municipio ubicado en el golfo de Urabá, hasta Carreto, una localidad panameña al otro lado de la frontera. En otros casos, los migrantes pagaban entre US$310 a US$350 por llegar desde Necoclí hasta Acandí o Capurganá, en Chocó, cerca de la frontera con Panamá.
Las AGC cobran un impuesto del 20% a guías y comunidades que se encargan de conducir a los migrantes a través de la selva. Ya que los precios parecen haber aumentado, las AGC estarían recibiendo cerca de 125 dólares por cada migrante que atraviesa el Darién, de acuerdo con Pappier, dejándoles una ganancia estimada de 57 millones de dólares al año.
En segundo lugar, utilizan embarcaciones de migrantes para distraer a las autoridades y evitar la incautación de lanchas con cocaína. Para las AGC, los migrantes actúan como un seguro en caso de ser perseguidos por las autoridades.
“En algunos casos, las lanchas desde puertos irregulares las llevan en paralelo a las lanchas que tienen cocaína y cuando hay algún operativo de la Armada, usan a los migrantes. Los lanzan al mar para distraer [a las autoridades] de la lancha de cocaína y poder avanzar con la embarcación de droga”, expresó Pappier.
Finalmente, se ha documentado que, cuando los migrantes son descubiertos sin haber pagado a un guía, las AGC los utilizan como correos humanos para el envío de cocaína a través de la frontera en forma de pago.
Bandas panameñas se aprovechan del vacío de poder en el Darién
Una vez del lado panameño, los migrantes siguen encontrándose con hechos de violencia. Varios migrantes afirmaron a HRW que grupos de entre 8 y 15 hombres armados los asaltan una vez cruzan la frontera. No solamente les roban dinero, sino que en muchas ocasiones han separado a sus víctimas entre hombres y mujeres, sometiendo a estas últimas a hechos de violencia sexual.
Sin embargo, hay poca información sobre estos grupos.
“Parece tratarse, en muchos casos, de personas locales, incluyendo indígenas, que se aprovechan de los migrantes”, expresó Pappier.
Al parecer, estas bandas locales se benefician de la falta de presencia del Estado panameño y de la impunidad en la región. Sin embargo, aún no existe evidencia que permita vincular estos grupos a organizaciones de crimen organizado más grande, como las AGC.
La ausencia de un grupo criminal dominante que pueda oponer resistencia podría representar una oportunidad para las AGC de expandirse en suelo panameño sin llamar mucho la atención de las autoridades. Es posible que estas bandas panameñas terminen asociándose a la organización colombiana en su afán de aumentar sus ganancias.
La migración no se puede detener, pero los Estados pueden reducir los riesgos para los migrantes
En ambos lados de la frontera, hay debilidades en la respuesta de seguridad y la respuesta a la investigación penal. Panamá y Colombia han encontrado problemas para determinar la composición de los grupos que están en ambos lados de la frontera, al tiempo que no existe una estrategia general de persecución penal frente a este fenómeno criminal.
“No hay una estrategia clara de persecución penal para judicializar el rol del Clan del Golfo en el movimiento de migrantes. La zona no está priorizada en los proyectos investigativos por parte de la Fiscalía en Colombia,” expresó Pappier.
Esto se debe a que los indicadores de violencia en la región son bajos. Según datos de la Policía Nacional de Colombia, a octubre de 2023 se han presentado apenas 3 homicidios en Acandí, el municipio fronterizo con Panamá. Esto se debe a que las AGC se han encargado de mantener un férreo control social, buscando no llamar la atención de las fuerzas de inteligencia y seguridad.
Por otra parte, también hay un problema de limitada cooperación entre Colombia y Panamá para atacar este fenómeno transnacional.
“Hasta donde sabemos ni siquiera se han logrado arrestos como resultado de la cooperación entre Colombia y Panamá. Hablando de una frontera tan porosa y tan difícil de investigar, si no hay cooperación de los dos aparatos de justicia para trabajar de forma conjunta, va a ser muy difícil lograr avances para desmantelar a los grupos armados,” sentenció Pappier.