La última vez que un presidente colombiano se sentó a negociar la paz con un grupo ilegal, el proceso tardó casi 5 años. Después de eso, no hubo en el horizonte político del país una posibilidad similar hasta la llegada de Gustavo Petro. Esta vez no es un solo grupo. Son más de una veintena.

En 2016, el gobierno colombiano encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron la paz. Un paso importante para Colombia y América Latina, luego de que cerca de 13.000 combatientes, de la que fue conocida como la guerrilla más longeva del hemisferio occidental, entregaran sus armas. La comunidad internacional aplaudió el logro, e incluso le dio un espaldarazo al proceso al reconocer a Santos Calderón con el premio Nobel de paz del año 2016.

Un legado innegable para un mandatario y una promesa de paz que dividió al pueblo de Colombia. La misma promesa ha estado en boca de todos los presidentes de Colombia y con Gustavo Petro no sería la excepción. Solo que con una idea más ambiciosa.

La llegada a la presidencia de Colombia de Gustavo Petro, quien asumió su cargo en agosto de 2022, enarboló una vez más la bandera de la paz, o de una Paz Total: una política de Estado a través de la cual busca, además de continuar la implementación de lo anteriormente acordado con las extintas FARC, llevar a cabo el titánico propósito de adelantar acercamientos y negociaciones paralelas con más de veinte grupos armados, criminales y bandas delincuenciales que hacen presencia en el país.

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Se podría asumir que el presidente Petro sabe a lo que se enfrenta y tiene una idea clara de cómo adelantar su idea. Hasta ahora, sus anuncios públicos han cautivado a varios grupos ilegales que hacen presencia en el país y que han constituido el conflicto colombiano.

A la fecha, más de 25 grupos armados, criminales y bandas han expresado su voluntad de sumarse a la Paz Total, entre los que destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Urabeños y varios grupos disidentes de las FARC, conocidos como ExFARC Mafia.

Si se logra llevar a cabo los procesos paralelos, será una experiencia nunca antes vista. Sin duda, la implementación de esta política traerá cambios en el accionar de los grupos criminales en el país y en las respuestas gubernamentales a estas acciones.

Mientras tanto, los ojos están puestos sobre Gustavo Petro y su política de paz, la cual tiene indudables retos en su ejecución.

Y aunque Petro ha roto el molde con la Paz Total, no está exento de una propia decepción.

“Si no hay Paz Total, lo que sí puede haber es una frustración total”, señala Luis Fernando Trejos, doctor en Estudios Americanos y profesor e investigador de la Universidad del Norte a InSight Crime.

Exitosa o no, la Paz Total indudablemente tendrá un impacto en las dinámicas del crimen organizado en Colombia durante los próximos cuatro años e, incluso, a más largo plazo.

El camino recorrido

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha viajado a diferentes lugares del país para llevar la bandera de la Paz Total a los grupos ilegales. Sin embargo, a cuatro meses de gestión, el proceso sigue mayoritariamente en etapa inicial.

El ELN ya se encuentra en negociación con el gobierno. Esto, luego de los fallidos diálogos de paz entre la guerrilla y el Estado colombiano iniciados en 2017 y finalizados abruptamente en 2019, tras del ataque con explosivos una escuela militar en Bogotá, donde resultaron más de 20 personas muertas y casi 90 heridas.

Otros grupos han avanzado en los acercamientos con el gobierno, sin embargo, no se han definido las hojas de ruta para iniciar procesos de diálogo.

El denominado Bloque Suroriental de las Ex FARC Mafia, comandado anteriormente por el fallecido Miguel Botache, alias “Gentil Duarte”, firmó un comunicado conjunto con el comisionado de paz colombiano, donde enuncian las condiciones iniciales para adelantar un proceso de diálogo, como un cese al fuego bilateral, la participación de terceros neutrales, entre otras.

El liderazgo de este bloque y las estructuras armadas asociadas a él, fue heredado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, quien fue dado por muerto por el gobierno colombiano a mediados de julio de 2022, para luego reaparecer en un video expresando su voluntad de sumarse a la política de Paz Total y ordenando a sus estructuras abstenerse de enfrentar a la Fuerza Pública.

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Por otro lado, en octubre, Rueda confirmó que se encontró con Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, líder de la Segunda Marquetalia, para conocer la voluntad de paz del grupo. La reunión se dio meses después de que Marín fuera herido de gravedad en medio de un ataque armado en Venezuela.

Otros grupos criminales, como los Urabeños, también conocidos como Clan del Golfo, han buscado acercarse a la sombrilla de la Paz Total. Desde 2017, su antiguo líder Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, buscó negociar su entrega y el desarme del grupo con el gobierno, sin embargo, la iniciativa no tuvo futuro.

Tras la captura de Úsuga en octubre de 2021, el liderazgo de la organización criminal ha enfrentado diferentes retos, por lo que los anuncios de voluntad de paz llegaron en un momento clave. En octubre, expresaron, a través de un comunicado, el inicio de los acercamientos con el gobierno.

Por su parte, otros grupos y bandas de menor tamaño, pero claves para las dinámicas de violencia y criminalidad, han expresado su interés de sumarse al proceso. En el departamento de Valle del Cauca, el gobierno de Petro ha tenido acercamientos con bandas como los Shottas y los Espartanos, mientras que en Magdalena, Atlántico, Putumayo y Valle del Cauca, grupos como los Pachenca, Rastrojos Costeños y Comandos de la Frontera, han expresado sus deseos de sumarse a la política del gobierno.

En Antioquia, el comisionado de paz hizo el llamado a grupos como Los Caparrapos y Los Pachelly para sumarse a la Paz Total, mientras que en Medellín diferentes bandas criminales retomaron pactos de no agresión como muestra de su compromiso a un acercamiento con el Estado.

Sin embargo, la Paz Total no puede ignorar la posibilidad de que algunos grupos no estén interesados en sumarse. A la fecha, 10 grupos y bandas criminales mantienen su silencio frente a los ofrecimientos del gobierno, un reto importante para la ejecución de la política de paz en el país.

El futuro de la Paz Total

A la par que se discuten los acercamientos y conversaciones, el accionar criminal de los grupos se mantiene en los territorios.

En departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Arauca, entre otros, los grupos criminales cumplen sus promesas de paz al gobierno mientras se enfrentan a sus enemigos, generando afectaciones a la sociedad civil. A pesar de los aires de optimismo, la paz en Colombia no logra saborearse.

Ante esto, una pregunta que la Paz Total deberá responder, es el futuro de las economías criminales, como el narcotráfico, principal motor de la guerra en Colombia y la fuente de financiación protagonista para la mayoría de los grupos.

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“Aquí hay como un punto ciego de la política de paz total […] Muchas de estas organizaciones están vinculadas a economías ilegales, transnacionales […] al ser parte de cadenas de crimen transnacional, es posible que sus pares internacionales, una vez el grupo local se movilice, deje las armas, se mueva rápidamente para rearmar un grupo o crear otro grupo que mantenga activa la producción de clorhidrato para poder surtir los mercados internacionales”, agrega Trejos.

Esta posibilidad no es descabellada. Colombia ya ha vivido en el pasado el rearme de estructuras armadas alimentado en parte, por la persistencia de economías ilegales y los vacíos que han dejado los grupos armados y la institucionalidad en los territorios. Retos que sin duda deberá enfrentar Petro en el marco de las negociaciones.

De igual forma, el proceso deberá enfrentarse a la posibilidad de una fragmentación de los grupos y la continuación de la guerra. Ante esto, surge la pregunta por cuál será el papel del Estado ante esta realidad.

“No sabemos cuál va a ser la respuesta del Estado frente a los primeros grupos que no quieran participar de la Paz Total y tampoco de aquellos que la abandonen una vez arranque”, cuestionó Trejos.

La misma pregunta la formuló InSight Crime, unas semanas atrás, al senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, ponente del proyecto Paz Total y cercano al gobierno de Gustavo Petro.

“La confrontación militar será la opción”, contestó Cepeda.

Un efecto colateral que no parece contemplado y que probablemente el gobierno tendrá que afrontar de la misma forma en que lo han hecho todos los expresidentes de Colombia: a sangre y fuego.

Todavía no es del todo claro cómo se llevaran a cabo las negociaciones y conversaciones entre el gobierno y los diferentes grupos, sin embargo, los fantasmas de experiencias pasadas alertan sobre la multiplicidad de retos que quedan por delante.