Guatemala parece haber hecho caso omiso de la presión internacional para que se tomen medidas enérgicas contra la corrupción enquistada en el gobierno, con el retiro de cargos contra un expresidente en problemas el mismo día que detuvo a sus principales investigadores contra la corrupción.
Un alto tribunal falló el 19 de mayo a favor del expresidente Otto Pérez Molina, y no será procesado en conexión con la llamada Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, según informaron medios guatemaltecos. Este fue un efecto del veredicto de enero que determinó que la evidencia presentada por la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI), dependiente del Ministerio Público de Guatemala, no era suficientemente sólida para formular cargos penales contra Pérez Molina.
Develado en 2019, durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con aval de las Naciones Unidas, el caso se centra en una red criminal de poderosos miembros de la élite que exigía millones de dólares en sobornos a las empresas a cambio de contratos públicos.
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El mismo día en que Pérez Molina esquivó esta acusación de corrupción, el Ministerio Público anunció la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente tributario, quien ayudó a abrir el caso de corrupción contra Pérez Molina, y de Aníbal Argüello, quien se desempeñó como abogado e investigador de la CICIG. Ambos enfrentan cargos por un caso que incluye la presunta falsificación de documentos oficiales para un nuevo partido político que Solórzano Foppa trataba de crear.
Argüello también es testigo clave en el histórico caso de corrupción de La Línea, el escándalo de fraude aduanero por varios millones de dólares que llevó a la renuncia de Pérez Molina y a su privación de la libertad, junto con quien era su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Después de que saliera a la luz en 2015, el caso está programado para juzgarse en enero de 2022.
Análisis de InSight Crime
Este parece ser ejemplo más reciente, y al parecer el más ostensible, de la forma como Guatemala protege a sus élites en el poder de la judicialización criminal y en lugar de eso persigue a los cruzados contra la corrupción.
Un portavoz del Departamento de Estado declaró a InSight Crime por correo electrónico que al Departamento le preocupa el «esfuerzo [al parecer] sistemático de Guatemala por aislar a personas reconocidas por combatir la corrupción» y la «detención bajo cargos espurios de personas que participaron en anteriores iniciativas para promover la transparencia”.
El expresidente Jimmy Morales (2016-2020) encabezó una campaña contra la CICIG, al declarar a su director “persona non grata” y negarse a renovar el mandato de la comisión y expulsar a sus fiscales del país sin ninguna repercusión, pese a los reclamos de la comunidad internacional. La medida benefició directamente a los implicados en las investigaciones de la CICIG, incluido Morales y varios de sus aliados.
Este desafío abierto se ha mantenido en el mandato del presidente Alejandro Giammattei. La detención de Argüello y Solórzano Foppa se llevó a cabo pocas horas antes de que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se reuniera con cuatro exfuncionarios guatemaltecos, entre ellos la exfiscal general Thelma Aldana, a quien se le otorgó asilo en Estados Unidos después de verse obligada a huir de su país natal después de varias investigaciones de alto perfil.
Pocos días antes, el Departamento de Estado estadounidense divulgó una lista de funcionarios centroamericanos —que incluyó seis de Guatemala— “por denuncias creíbles” de facilitación de la “financiación de campañas políticas con dineros del narcotráfico u otros actos ilícitos en los últimos dos años”. Docenas de funcionarios antiguos y activos fueron también incluidos en otras dos listas de corrupción emitidas por el gobierno estadounidense desde 2019.
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Uno de los señalados en la última lista —Gustavo Alejos Cámbara— se encuentra detenido actualmente por cargos de corrupción y ha estado implicado en la tentativa de influenciar las designaciones de magistrados de las altas cortes. También es sospechoso de liderar la red de corrupción en el que están involucrados funcionarios de las tres últimas administraciones, un caso por el que ya no se juzgará a Pérez Molina.
Pese a los importantes avances logrados durante la gestión de 12 años de la CICIG, desde su partida las élites en Guatemala se han concentrado en “echar para atrás cualquier progreso que hubiera habido y se envalentonaron al no enfrentar ninguna consecuencia por sus acciones”, comentó Mike Allison, experto en Centroamérica, vinculado a la Universidad de Scranton, en conversación con InSight Crime.
“En este momento, las élites políticas y económicas […] no toman en serio a Estados Unidos. No temen sanciones ni parecen responder a los mismos incentivos económicos del pasado”, añadió.