El crimen organizado y la violencia en Ecuador han alcanzado nuevos picos y han vuelto a poner en el centro del debate la controvertida política de legalización de las pandillas implementada en la administración del presidente Rafael Correa (2007-2017). 

Parte de esto tiene que ver con la violencia que desembocó en el asesinato del candidato a las elecciones presidenciales Fernando Villavicencio el 9 de agosto, y que marcó un nuevo piso en el deterioro de la seguridad en el país andino. Pero el debate ha traído a colación a grupos criminales organizados, como los Lobos y los Choneros —que se han expandido desde las prisiones, controlando el tráfico transnacional de cocaína en el país y disparando la tasa de homicidios a 26 por 100.000 habitantes en 2022— con pandillas callejeras como los Latin Kings. 

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No hace mucho, Ecuador se consideraba uno de los países más seguros de Latinoamérica, con tasas de homicidios en el orden de los 5 por 100.000 en 2017. Y al menos parte de ese logro se atribuyó a la innovadora estrategia en el manejo de las bandas callejeras: en lugar de la encarcelación masiva, el gobierno negoció con grupos como los Latin Kings, los Ñetas y los Masters of the Street, y los reconoció como organizaciones sociales legítimas.  

El proceso de “legalización” llevó a una desmovilización de las pandillas y a una caída pronunciada de los homicidios. Pero después del asesinato de Villavicencio, estas políticas han sido blanco de fuertes críticas, aduciendo que la legitimación de la presencia de pandillas en el país llevó a los niveles extremos de violencia que se observan actualmente. 

En su estudio de 2020 sobre la legalización de las pandillas, titulado “Control social y la pandilla: lecciones que deja la legalización de las pandillas callejeras en Ecuador”, los criminólogos David Brotherton y Rafael Gude, de la City University de Nueva York, exploraron cómo las políticas de legalización en Ecuador afectaron la estructura de las bandas y las relaciones de estos grupos con la sociedad. 

InSight Crime conversó con Brotherton para conocer más sobre la historia de la legalización de las pandillas en Ecuador y analizar el impacto de esto sobre la actual situación de seguridad. 

InSight Crime (IC): ¿Qué fue lo que diferenció el proceso de legalización de pandillas en Ecuador? 

David Brotherton (DB): A medida que los grupos comenzaron a tener diferentes concepciones del Estado, también adoptaron diferentes concepciones de sí mismos. Ahora no son proscritos, sino grupos de jóvenes muy legítimos y autoorganizados, libres de desarrollar habilidades y bases de conocimiento.

Ellos procedían de las comunidades más marginadas de Ecuador, entonces se les reconoció su conocimiento interno de esos lugares. Varios de ellos fueron reclutados por los ministerios de Justicia y de Interior, y otros trabajaron muy estrechamente con consultores líderes del gobierno…

(Y) el gobierno y las pandillas tenían canales de comunicación diferentes, siempre abiertos. Cuando se trata con grupos callejeros, hay demasiado drama en la calle, muchas cosas que pueden pasar ya sea dentro del grupo o con otros grupos. Estos canales de comunicación facilitaron bastante la resolución de conflictos, porque se podía entrar a intervenir antes de que los conflictos se salieran de control.

IC:  Los homicidios relacionados con la violencia entre pandillas cayeron considerablemente. ¿Por qué fue tan exitosa esta política? 

DB: Cambió todo el concepto de las pandillas, algo increíble de ver. Realmente esto no ha pasado en ningún otro lugar. En Estados Unidos, hablamos de cómo la gente abandona las pandillas. Una de las formas de dejarlas es “madurar fuera de ellas”. Los pandilleros se hacen mayores, encuentran una pareja, tienen hijos, encuentran alguna especie de ocupación legítima y se van soltando.  

Pero si se está en un grupo que es valorado por la sociedad y se ve que sus amigos realmente tienen éxito por primera vez en sus vidas, ¿por qué dejarían el grupo? Esto se ha vuelto realmente esencial para su desarrollo social y psicológico. Así, en Ecuador, no maduraron fuera de ella, en realidad maduraron dentro de ella. 

IC: ¿Hasta qué punto las iniciativas de legalización de las pandillas se dirigieron hacia grupos narcotraficantes como los Lobos y los Choneros? 

DB: No se dirigieron a ellos. Los grupos narcotraficantes eran mucho más pequeños en esa época.  

Hay una atracción obvia para las personas en zonas muy marginales de entrar a formar parte de los grupos narcotraficantes. No sé si fue intencional, pero las bandas legalizadas se multiplicaban en número y atraían a su órbita a muchachos muy jóvenes que de otra forma se habrían enrolado en el tráfico de drogas. Esto dejó al tráfico de drogas sin muchos de los jóvenes que ahora se han unido. 

IC: Con el cambio de administración en 2017, ¿qué pasó con las políticas de legalización? 

DB: 2017 fue un punto de quiebre. En solo dos meses después de asumir el poder, el presidente Lenín Moreno (2017-2021) abandonó muchas de las políticas de Correa. Ya había estabilidad con el proceso de legalización, pero ellos simplemente lo suspendieron e hicieron un acuerdo que permitió que los carteles básicamente se tomaran el control de las prisiones. 

Las políticas de legalización de las pandillas pasaron a ser inexistentes. Las conexiones entre el gobierno y las pandillas se evaporaron. En 2019, yo hablaba con [pandilleros de] los Masters of the Street, y me contaron que se habían acabado las conexiones con el Estado. Ahora estaban por su cuenta.  

IC: Parte del discurso político en las elecciones ha sido que la política de legalización de las pandillas contribuyó a la actual situación de Ecuador. ¿Cuánto de esto es responsabilidad de esas políticas? 

DB: Decir que hay relación entre la actual crisis de seguridad y el programa de legalización de las pandillas es negar de tajo la historia. Solo hay que mirar las tasas de homicidios de 2007 a 2017. Era increíble. Año tras año, sin importar la situación económica del país, estas decrecían.  

Incluso en las zonas limítrofes con Colombia, que siempre eran las más violentas porque había mucho flujo de drogas en ambas direcciones, los homicidios eran mucho menores. 

IC: Los homicidios también cayeron en El Salvador con las medidas de mano dura del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué cree que la opinión pública ha virado hacia las estrategias que lidera Bukele?  

DB: La gente quiere desesperadamente paz y seguridad. Quieren poder moverse por sus barrios sin que los extorsionen o los atraquen, entonces entiendo por qué siguen a esta especie de figuras carismáticas y radicales.  

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Pero las estrategias de estos líderes sofocan la manifestación del problema sin enfrentar realmente las causas que dieron origen al problema. Las políticas de seguridad deben poner fin a la marginación, empoderar a la gente en todos los aspectos de la ciudadanía.  

IC: La estrategia de Bukele ha llevado a una drástica reducción de la violencia con mucha rapidez. Las políticas de Correa tardaron una década, pero lograron resultados similares. ¿Por qué el modelo de Bukele llena titulares mientras que se pasó por alto el de Correa en su mayor parte? 

DB: Porque [el de Correa] es antihegemónico. ¿De dónde reciben los países latinoamericanos sus políticas de justicia penal? Reciben estrategias, capacitación y uniformes de Estados Unidos. Las lecciones sobre cómo combatir el crimen y cómo mantener la paz en Latinoamérica siguen en su mayoría un modelo norteamericano.  

Las estrategias de aplastar el delito pueden funcionar a corto plazo, pero no abordan las causas a largo plazo. La clase media está ansiosa. La clase obrera pierde su lugar. La gente opta por soluciones rápidas que son muy seductoras. 

IC: La crisis carcelaria en Ecuador se sitúa en un extremo en la región, pero es difícil encontrar un ejemplo de un país latinoamericano que no tenga problemas con las prisiones. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos definir una nueva ruta en las políticas penitenciarias? 

DB: Los experimentos son importantes. Algunos experimentos en Brasil están haciendo grandes avances para el empoderamiento de los reclusos. También hubo un movimiento de reforma en República Dominicana —que tenía un sistema desastroso— ellos crearon lo que llamaron “prisiones modelo”. Miles de presos entraron al sistema, y encontraron que tenían agua limpia y guardias bien entrenados. No tenían los presos que gobernar la prisión, que es lo que sucede en muchos países latinoamericanos

Deben introducirse algunas reformas radicales. La primera es la excarcelación masiva de personas. La privación de la libertad por delitos no violentos es descontrolada, y más del 30% de la población carcelaria en Ecuador va a prisión sin pasar por un juicio. También deben dejar salir a cualquiera que tenga más de 65 o 70 años de edad. La mayoría de las personas incurre en delitos hasta más o menos los 30 o 35 años, luego baja la prevalencia.

También debe hacerse todo lo posible para impedir que la gente llegue ahí para empezar. Ecuador debe retomar los programas de justicia comunitaria que dirimían los problemas antes de que interviniera la policía.

Ecuador fue más innovador que cualquier otro país de Latinoamérica por un tiempo. Nunca he visto algo parecido. Entre más pronto puedan volver a eso, mejor. 

*Esta entrevista se editó para mayor claridad y fluidez.