El asesinato de 13 trabajadores de seguridad pone de manifiesto cómo las bandas mineras en Perú se han convertido en verdaderos gigantes criminales.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo 4 de mayo en una mina ubicada en Pataz, en el departamento de La Libertad, al noroeste del país. Ocho días antes, una banda armada había atacado el sitio, operado por un minero artesanal contratado por la empresa peruana Poderosa, según un comunicado de la compañía.
Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al aumento de la violencia vinculada a la minería ilegal y a delitos asociados como la trata de personas. Los asesinatos ocurrieron a pesar de la presencia militar en la zona.
VEA TAMBIÉN: Las 6 economías ilegales que amenazan los ecosistemas de Latinoamérica y el Caribe
La presidenta Dina Boluarte señaló como principal sospechoso del ataque a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto cabecilla de una banda minera local conocida como la Gran Alianza 2 o la Nueva Alianza. Cuchillo salió de Lima rumbo a Colombia la mañana del 5 de mayo, según la autoridad migratoria colombiana. Cuchillo negó su participación en el ataque, y hasta el momento no existe orden de captura en su contra.
Un día antes del hallazgo de los cuerpos, la policía rescató a 50 mineros que habían sido secuestrados tras un ataque a otra mina en Pataz.
“Son formas de mostrar su poder y decir ‘aquí mando yo. Aquí ni el Estado ingresa’”, dijo a InSight Crime César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales.
Ante la situación, Boluarte decretó un toque de queda y la suspensión de las actividades mineras en la región para “facilitar la instalación” de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Los trabajadores asesinados representan un tercio de los 39 empleados directos, mineros artesanales y contratistas vinculados a la empresa que han sido asesinados en los últimos tres años, dijo Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Poderosa, al medio RPP.
Análisis de InSight Crime
Aunque la violencia no es nueva entre las bandas mineras, la masacre de más de una docena de agentes de seguridad armados sugiere que el grupo responsable es una fuerza formidable. Pero estas bandas, y la violencia que generan, se extienden mucho más allá de Pataz o La Libertad, afectando zonas mineras de todo Perú.
El aumento en el precio del oro ha incentivado aún más la minería ilegal, y las ganancias de esta economía ilícita han permitido a las bandas sobornar a funcionarios estatales que les brindan protección.
“Tenemos congresistas que representan a los intereses de los mineros”, dijo Ipenza. “Tenemos una bancada multipartidaria, de distintos partidos de gobierno, de izquierda y de derecha, que representan los intereses de la minería ilegal.”
VEA TAMBIÉN: El crimen organizado saca provecho del récord en los precios del oro
El actual presidente del Congreso de Perú, Eduardo Salhuana, ha sido señalado por las organizaciones Transparencia Perú y el Observatorio de Minería Ilegal de promover leyes que dificultan la lucha contra la minería ilegal.
Ipenza también criticó las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, que limitan el uso de herramientas como interceptaciones telefónicas o agentes encubiertos para delitos con penas de cinco años en adelante, impidiendo así su aplicación en casos relacionados con la minería ilegal, como el tráfico de mercurio o combustible.
Las bandas dedicadas a la minería ilegal suelen estar fuertemente armadas y conocen bien el terreno, lo que complica la acción de las autoridades. Sin embargo, tanto Ipenza como una fuente del sector minero legal que habló bajo condición de anonimato dijeron a InSight Crime que el principal obstáculo no es la capacidad de la policía, sino la corrupción que garantiza la impunidad de estas estructuras.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, fue acusado de proteger a mineros informales cuando era jefe policial en Arequipa, según testimonios entregados al Ministerio Público y revelados por el programa Panorama el 11 de mayo.
Así como una legislación favorable ha permitido que estas bandas adquieran más armas y contraten a más hombres armados —aumentando su capacidad de ejercer violencia—, la protección de parte de las fuerzas del orden ha generado en sus miembros la sensación de que pueden cometer actos de extrema violencia sin consecuencias. Mientras no se enfrente a la corrupción, el envío de más soldados y policías —la medida adoptada por Boluarte en Pataz— probablemente tendrá poco impacto a largo plazo en la reducción de la minería ilegal.
“Yo no sé cómo van a controlar esto y si va a ser posible controlarlo”, concluyó Ipenza.
Imagen principal: Los cadáveres de los trabajadores de seguridad fueron descubiertos en una mina en Pataz, Perú. Crédito: Panorama
Monserrat Peters contribuyó al reportaje de este artículo.
