El crecimiento de las bandas dedicadas a la minería ilegal de oro en la provincia de La Libertad, Perú, ha provocado un deterioro de la situación de seguridad, con un aumento sin precedentes en los ataques contra las fuerzas de seguridad y una de las mayores empresas mineras del país.

El 7 de enero, un grupo de aproximadamente 100 agentes armados asaltó un convoy policial en Pataz, un distrito perteneciente al departamento La Libertad, en el oriente peruano. La caravana transportaba a cinco presuntos miembros de una banda de minería ilegal, según reportaron informes de prensa confirmados por la policía peruana.

Cuatro de los cinco detenidos fueron liberados y ningún oficial resultó herido en el incidente, producido en medio de una ola creciente de violencia en Pataz. La zona alberga la mayor mina de oro subterránea de Perú, propiedad de la empresa minera Poderosa. 

Poderosa ha denunciado un aumento de la violencia por parte de los parqueros, o bandas de mineros ilegales, desde mediados de 2023, informando que presuntos miembros de las bandas han matado al menos a siete empleados y contratistas de la empresa. Los parqueros también habrían bloqueado carreteras y atacado la infraestructura de Poderosa con explosivos.

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“Nunca ha pasado. Nunca”, dijo a InSight Crime Pedro Yaranga, un experto en seguridad peruano que ha seguido de cerca la situación. “Hay minería ilegal, hubo ajusticiamiento, enfrentamientos con la policía, con las fuerzas armadas utilizando dinamita y todo, pero jamás como este caso”.

El ataque más descarado se produjo a principios de noviembre de 2023, cuando presuntos parqueros asaltaron los túneles de la empresa –aparentemente para robar el oro que allí se extraía–, matando a nueve trabajadores e hiriendo a otros 15 cuando no pudieron robar los minerales. 

Poco después del ataque, refuerzos policiales fueron enviados a la región, pero el último asalto sugiere que esto podría no ser suficiente.

“Va el ministro al territorio, se desplaza un contingente de policías, pero eso dura pues tres semanas, un mes y después se regresa a la normalidad” dijo a InSight Crime José de Echave, investigador de la ONG CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental.

Análisis de InSight Crime

La falta de presencia del Estado y la fiebre del oro en La Libertad han provocado un aumento de la minería informal e ilegal, lo que ha llevado al surgimiento de los parqueros. Con muchas de las mismas condiciones presentes en otras zonas mineras, este tipo de ataques puede extenderse.

Las bandas, ahora conocidas como parqueros, surgieron junto con la afluencia de mineros ilegales e informales en todo Perú en los últimos años. Estos mineros contrataron guardias de seguridad privados conocidos como chalecos. Los chalecos protegían a estos mineros y les ayudaban a resolver conflictos, a menudo al margen de la ley, tanto porque los mineros querían evitar la atención de las fuerzas de seguridad, como porque no había presencia de seguridad para hacer cumplir la ley. 


Con el tiempo, los chalecos empezaron a dominar a los mineros, extorsionándolos o tomando el control de sus territorios. Así, han incrementado su capacidad de organización, y algunos expertos afirman que bandas de Trujillo, la capital de La Libertad, e incluso la banda venezolana Tren de Aragua han entrado en la escena parquera de Pataz.

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Las bandas de parqueros también han surgido en otras regiones mineras de Perú, lo que plantea la posibilidad de que otras empresas sean amenazadas. 

«Hay varias zonas donde se pueden producir situaciones similares (…) Estamos hablando de una actividad que está creciendo aceleradamente, que sigue creciendo y que busca controlar territorios», dijo de Echave.

El gobierno ha incrementado su presencia militar y policial en Pataz y prorrogó el estado de emergencia en la zona el 15 de enero. Sin embargo, no será fácil controlar a los parqueros ahora que se han atrincherado tanto. 

«Si se ve cómo el Estado peruano ha intentado responder al avance de actividades ilegales en varios territorios en el país, el común denominador es que no ha podido controlar esas actividades ilegales», afirmó de Echave.