Más de 100 candidatos políticos en Perú han sido vinculados a casos de tráfico de drogas, destacando el creciente riesgo de infiltración criminal en el gobierno del principal productor de cocaína del mundo.
Según el ministro del Interior Daniel Urresti, la policía antidrogas de Perú identificó al menos 115 candidatos a cargos gubernamentales municipales y regionales que han sido vinculados a casos de tráfico de drogas, informó La República. Urresti señaló que si bien estos candidatos han sido previamente investigados por vínculos con el narcotráfico, no necesariamente han sido condenados.
“No estamos diciendo que sean narcotraficantes, pero creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber“, señaló.
Urresti dijo que entregaría la lista de los candidatos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la autoridad electoral de Perú, institución que tomará las medidas necesarias para evitar que los narcotraficantes se infiltren en las próximas elecciones del 5 de octubre.
El Ministerio del Interior también está compilando un listado de candidatos que han sido vinculados a la minería ilegal, informó El Comercio.
Mientras tanto, el congresista José León Rivera anunció una propuesta para modificar una ley existente, que prohibiría la participación en las elecciones de los partidos políticos que patrocinen candidatos vinculados al narcotráfico o cuyas campañas reciban financiamiento de grupos criminales.
Análisis de InSight Crime
Una gran cantidad de políticos peruanos han estado implicados en actividades criminales, entre ellos el expresidente Alan García, quien según los informes ha sido investigado por aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de conceder indultos presidenciales. Sólo en 2013 diecinueve políticos -entre ellos tres gobernadores y cinco congresistas- fueron investigados por vínculos con el narcotráfico.
Dado el hecho de que actualmente Perú es el principal productor de coca y cocaína en el mundo, no es sorprendente que algunos candidatos políticos hayan estado relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, lo preocupante es que más de 100 políticos crean que tienen la oportunidad de ser elegidos a pesar de sus presuntos vínculos con el narcotráfico -una cifra que refleja la cultura de impunidad existente entre la élite política del país.
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El alcance de la presunta infiltración del crimen en la política de Perú evoca la Colombia de los años ochenta y noventa. En los ejemplos más evidentes de este fenómeno, el conocido capo del narcotráfico Pablo Escobar fue elegido a la Cámara de Representantes en 1982, y el presidente Ernesto Samper (1994-1998) supuestamente aceptó del Cartel de Cali un estimado de US$6 millones en contribuciones para su campaña.
A pesar de que el ministro del Interior Urresti ha tomado medidas para exponer a los candidatos con presuntos vínculos criminales, es poco probable que hacer una lista de nombres haga mucho para mantener separado al tráfico de drogas de la política, a menos que sus esfuerzos vayan acompañados de leyes más estrictas y de un sistema judicial más fuerte.