Varios de los candidatos a convertirse en el nuevo fiscal general de El Salvador y de los diputados responsables de elegirlo tienen cuentas pendientes con el Estado, lo cual pone en riesgo los avances logrados por la Fiscalía en los últimos tres años.
Cuatro de los 33 candidatos, entre ellos un exfiscal general y un ex director de Aduanas, tienen asuntos pendientes con la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, Hacienda o la misma Fiscalía General, según el periódico Diario El Mundo.
A pesar de eso, la Asamblea Legislativa les permitió pasar el filtro inicial y los incluyó como candidatos, lo cual les da las mismas oportunidades que a los aspirantes sin antecedentes. Las entrevistas comenzarán el lunes 19 de noviembre.
Pero aun más graves es que sobre cuatro de los siete diputados encargados de elegir al funcionario responsable de la investigación criminal en el país pesan señalamientos de posible enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, mal uso de recursos públicos o incluso crímenes de guerra.
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La Asamblea Legislativa tiene que elegir en diciembre al sustituto de Douglas Meléndez, el actual fiscal general, para un periodo de tres años.
Para hacerlo, el congreso juramentó el 13 de noviembre a una subcomisión de siete legisladores que deberán entrevistar a los 33 candidatos que presentaron los papeles exigidos por ley para luego mandar una lista final que será votada por el pleno legislativo.
Análisis de InSight Crime
Un fiscal débil, elegido por diputados que tienen pasados relacionados con la corrupción, ponen en grave riesgo los avances logrados hasta ahora por la Fiscalía General de El Salvador.
La Fiscalía salvadoreña ha logrado recuperarse en buena medida de un pasado plagado de corrupción.
Meléndez, el fiscal saliente, logró, entre otras cosas, encarcelar a un expresidente por delitos de corrupción y abrir investigaciones contra otros dos exmandatarios.
También metió preso a Luis Martínez, su antecesor, quien había convertido a la institución en una suerte de bufete particular del crimen organizado y las redes de corrupción al cerrar investigaciones contra políticos y empresarios señalados por defraudar al fisco y otros delitos.
Su principal deuda es el fortalecimiento de una institución cuyos recursos siguen siendo muy precarios.