Un representante de una importante ONG de Honduras afirmó que al menos cuatro oficiales de alto rango de la policía lideran organizaciones narcotraficantes; una afirmación que resalta la profundidad de la corrupción policial y la dificultad del trabajo al que se enfrenta el nuevo presidente del país.
Josué Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) –un grupo paraguas de ONGs hondureñas que aboga por la seguridad y la reforma judicial- aseveró que cuatro o cinco altos oficiales están involucrados en el comercio de drogas, y que dirigen pequeños grupos criminales de oficiales corruptos que operan dentro de la Policía Nacional. También dijo que el miedo y la complicidad desde el interior de la policía impiden que se haga una investigación sobre el asunto, informó El Heraldo.
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“Los que han liderado y lideran la Policía Nacional, son los responsables que el crimen organizado y el narcotráfico haya penetrado hasta lo más profundo de la Policía Nacional de Honduras” denunció Murillo.
Las afirmaciones de Murillo surgieron cuando se anunció que tres oficiales de alto rango de la Policía Nacional estaban bajo investigación por la suma de US$7,4 millones en propiedades bajo su posesión; un valor que no coincide con sus ingresos.
Análisis de InSight Crime
La infiltración del crimen organizado en la policía hondureña ha sido bien documentada –a mediados de 2013, 1.400 agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) fueron suspendidos bajo sospechas de tener dichos vínculos. Pese a que millones de dólares han sido gastados en un constante esfuerzo por depurar la policía, los resultados han sido muy pocos.
La acusación de que oficiales de alto rango lideran redes de drogas, pone de relieve un gran obstáculo a la implementación efectiva de la reforma en el país: La policía hondureña no solo recibe sobornos de los criminales –como es común en la región- sino que participa activamente en el crimen organizado. La corrupción y la participación en actividades ilícitas también se extiende hasta los niveles más altos de la fuerza, con el recientemente destituido director de la policía siendo acusado previamente de participar en escuadrones de la muerte.
Frente a una fuerza policial profundamente corrupta e inefectiva, la administración anterior frecuentemente recurrió al uso del ejército para luchar contra el crimen. El recientemente posesionado presidente, Juan Orlando Hernández, parece estar decidido a seguir este camino, desplegando a la policía militar en las calles de la capital, como uno de sus primeros actos de liderazgo.
Sin embargo, esta táctica genera preocupaciones por los derechos humanos y no es, en definitiva, una solución al problema de las fallas institucionales que permiten que el crimen prolifere. Todavía está por verse si Hernández demostrará o no la suficiente voluntad política para implementar una reforma policial efectiva.