Varios altos funcionarios de República Dominicana han recibido sentencias de prisión preventiva por presuntos nexos con un escándalo de monumentales sobornos en los que está involucrada la gigante firma constructora brasileña Odebrecht, una muestra del alto grado de corrupción en el país.
El 7 de junio, el juez Francisco Ortega emitió medidas preventivas para los catorce sospechosos de alto perfil implicados en el escándalo de Odebrecht, hasta que se juzguen sus casos, informó El Nuevo Diario.
Diez de ellos, incluyendo al ministro de Comercio, Temístocles Montás, así como otros exministros, destacadas figuras de la oposición, empresarios y ejecutivos de empresas estatales fueron arrestados el 29 de mayo.
Las autoridades dominicanas han acusado a los sospechosos de lavado de dinero, emisión de balances falsos y sobornos en conexión con los US$92 millones en pagos ilícitos que desembolsaron representantes de la firma brasileña para asegurar 17 contratos de obras públicas por un valor total de US$163 millones entre 2001 y 2014.
Odebrecht, la mayor firma constructora de Brasil, admitió el año pasado que había pagado cerca de US$800 millones en sobornos a funcionarios estatales, en una docena de países, a cambio de que les permitieran ganar las licitaciones para contratos de obras públicas.
El ministro Montás renunció luego de ser arrestado, pero ha negado cualquier acto contra la ley, al igual que otros de los acusados, informó Reuters.
La Procuraduría General de la República (PGR) de República Dominicana también expidió una orden de arresto para otro sospechoso, que se encuentra en Panamá y buscó revocar la inmunidad parlamentaria de tres senadores en ejercicio que también están implicados en el escándalo de corrupción.
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Según El Nuevo Diario, el juez Ortega ordenó que se enviara a prisión a nueve de los catorce sospechosos y sentenció a otros dos a arresto domiciliario hasta la audiencia. La inmunidad para los senadores en sesión no se ha levantado, pero se ordenó a cada uno los tres el pago de US$100.000 de fianza, y tienen prohibición de salir del país.
“Podemos calificar esto como un caso sin precedentes, por la multitud de los delitos y la posición de poder de los implicados”, comentó el procurador general, Jean Alain Rodríguez, en comentarios divulgados por Associated Press el 29 de mayo.
El juicio debe comenzar en ocho meses.
Análisis de InSight Crime
La detención preventiva de varios políticos de alto rango en conexión con el escándalo de Odebrecht es una muestra de lo arraigado que está la corrupción en las élites dominicanas. Se estima que los US$92 millones en sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios dominicanos supusieron US$163 millones en contratos de obras públicas, un retorno de US$1,7 millones en ganancias por cada US$1 millón en coimas. Aunque las cifras son mucho menores que las registradas en Brasil, donde las autoridades estiman que Odebrecht ganó US$4 millones en contratos por cada US$1 millón pagado por debajo de la mesa a los políticos, de todos los países infiltrados por Odebrecht, República Dominicana ha recibido la tercera mayor cantidad de coimas, luego de Brasil, donde Odebrecht pagó US349 millones, y de Venezuela, donde los funcionarios de gobierno locales recibieron US$98 millones en sobornos.
Para Odebrecht, República Dominicana era un mercado fácil. “Un gigante como Odebrecht no tenía ningún competidor real en un país pequeño como República Dominicana”, comentó a InSight Crime el corresponsal en República Dominicana para Associated Press Ezequiel Abiú López. “Los funcionarios locales vieron en Odebrecht una mina de oro con la cual financiar sus campañas electorales, y Odebrecht halló en el país un mercado muy fácil en el cual operar. Es crucial hacer énfasis en que el país no tiene una ley que obligue a los partidos políticos a revelar las fuentes de financiación para sus campañas”.
Lo irónico es que entre los arrestados por las autoridades el 29 de mayo estaba César Sánchez, designado por el presidente Danilo Medina para investigar los presuntos costos inflados en la planta eléctrica de Punta Catalina, un gran proyecto de infraestructura cuyo contrato ganó Odebrecht. El hecho de que uno de los responsables de una investigación por corrupción estuviera a su vez implicado en un escándalo de sobornos revela hasta dónde ha infectado el crimen a las élites del país.
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Aunque el procurador general Rodríguez puede estar en lo cierto al publicitar el operativo de esta semana como algo sin precedentes —ya que ningún funcionario del país había sido arrestado formalmente en conexión con el escándalo hasta el 29 de mayo— los fiscales dominicanos han actuado con lentitud en comparación con otros países de la región.
Según Abiú López, esta podría haber sido una decisión política intencional del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) . “Es posible que el PLD estuviera intentando minimizar el impacto político [de las investigaciones] en el gobierno, mientras decidía a cuáles de los funcionarios y miembros del partido podía enviar a la corte, para reducir las críticas de la gente”.
Pero la gente también teme que las investigaciones no develen toda la magnitud de la corrupción entre las élites del país.
Sin duda, Rodríguez, miembro del PLD, ya ha llegado a un acuerdo con Odebrecht, que garantiza que la firma pagará una multa de US$184 millones por los delitos cometidos en República Dominicana, y se comprometerá a revelar información sobre los receptores de coimas en el país a cambio de dejar a sus ejecutivos libres de procesos judiciales.
Grupos de la sociedad civil ya han salido a demandar acciones más fuertes contra los funcionarios corruptos, entre ellos el Movimiento Verde, que ha exigido una investigación independiente del esquema de corrupción.