Las autoridades de Colombia arrestaron a un presunto intermediario del grupo guerrillero EPL, encargado de adquirir armas militares de Venezuela. Algo que podría indicar que la actual crisis de Venezuela está teniendo un impacto regional en la dinámica criminal.
Rubén Darío Morales Garnica, alias “Camilo Barrera”, fue capturado el pasado 24 de abril en la ciudad de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander, Colombia; cerca de Cúcuta, la capital del departamento que se encuentra en la frontera con Venezuela, informó CanalTRO.
Las autoridades afirman que Camilo Barrera era el jefe de logística responsable de adquirir armas de Venezuela para los guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el grupo criminal que el gobierno colombiano denomina “Los Pelusos”.
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El EPL ha estado ampliado su presencia territorial y sus actividades de narcotráfico en el Catatumbo, dado que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han retirado de algunas zonas, como parte del acuerdo de paz firmado con el gobierno el año pasado.
La policía colombiana dice que la red traficaba armas pequeñas, fusiles y granadas que eran suministradas por militares venezolanos e ingresadas por la frontera de manera ilegal a Colombia, donde eran redistribuidas entre los miembros del EPL en la región del Catatumbo, así como entre miembros del poderoso grupo criminal Los Urabeños.
Además, las autoridades colombianas sostienen que el hombre detenido también controlaba el negocio de la extorsión en ciertas áreas de la frontera y es responsable de varios ataques contra funcionarios del Estado colombiano.
Análisis de InSight Crime
El arresto de Camilo Barrera en Colombia apunta a un fenómeno constante en la vecina Venezuela, donde la actual crisis política y económica ha exacerbado la corrupción y debilidad institucional y ha fomentado la criminalidad. En particular, este caso de tráfico de armas muestra cómo la evolución de las actividades ilícitas en Venezuela puede tener fuertes repercusiones fuera de sus fronteras.
Los salarios de los soldados se desvalorizan a diario, dado que la hiperinflación continúa en Venezuela, lo cual ofrece un incentivo adicional para que los miembros de las fuerzas armadas traten de obtener dinero extra. Vender armas robadas en el mercado negro es otra manera para obtener grandes ingresos de una manera rápida.
Además, dada la actual crisis social y política de Venezuela, hay menos controles sobre la manera como se administran las armas al interior de las fuerzas armadas, que es el principal apoyo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. A pesar de que la Constitución de 1999 establece que el ejército es el único portador legítimo de “armas de guerra”, sigue existiendo una grave falta de supervisión.
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La política de la administración de Maduro de proveer armas a grupos civiles no reglamentados y partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, ha aumentado aún más el número de armas que circulan en dicho mercado, impulsado por la inseguridad rampante. Algunas estimaciones sugieren que puede haber unos 3,5 millones de armas de fuego de propiedad privada en Venezuela, de las cuales 2,7 millones podrían ser ilegales.
Desafortunadamente, la crisis económica de Venezuela y las instituciones corruptas del país han favorecido las diversas actividades ilícitas. Grandes partes de las comunidades de la costa Caribe del país han recurrido a la piratería, el narcotráfico y el tráfico de personas para ganarse la vida. Por otro lado, una reciente investigación de Associated Press mostró que el ejército se ha involucrado en el contrabando de alimentos, desde que recibió el control total de las redes de producción y distribución de alimentos en el país.
Como lo demuestra la reciente detención de Camilo Barrera, las repercusiones de las tendencias criminales de Venezuela se han extendido fuera de sus fronteras. Un caso de una corte de Estados Unidos reseñado por InSight Crime muestra que las redes de tráfico de armas ilegales se extienden incluso hasta Estados Unidos, lo que indica que existe una fuerte demanda de armas ilegales de alta calidad en Venezuela, ya sea para el uso interno o para la reexportación.