El gobierno boliviano ha aprobado el aumento de los niveles autorizados de producción legal de coca luego de violentas protestas de agricultores, una medida que exacerba la fisura en la política del país, que de otro modo sería muy exitosa: la brecha entre la producción y el consumo legales.
El 23 de febrero, el gobierno boliviano y los cocaleros llegaron a un acuerdo relativo a la nueva ley en proyecto que regula la coca para permitir la plantación legal de 22.000 hectáres de coca al año, informó La Razón.
El acuerdo puso fin a semanas de protestas violentas de los cocaleros contra la ley y su cláusula inicial de 20.000 hectáreas de producción legal. Según los términos de la actual ley, que data de 1986, solo se permite la siembra de 12.000 hectáreas para abastecer el mercado legal de coca en Bolivia.
La nueva ley no solo regula el área sembrada con coca que se permite en Bolivia, también busca crear nuevos mecanismos para que el gobierno regule la producción, distribución, venta, industrialización y exportación de la coca boliviana. Luego del acuerdo con los cultivadores de coca, la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley, y ahora pasará al senado, según La Razón.
Análisis de InSight Crime
El proyecto de ley para regular la coca en Bolivia busca convertir en ley las políticas del antiguo cultivador de coca y actual presidente Evo Morales, quien ha favorecido la concertación más que la represión hacia los cocaleros.
La política le ha funcionado bien en gran medida al gobierno de Morales. Aunque Colombia y Perú, los vecinos de Bolivia, han visto subir y caer los niveles del cultivo de coca en medio del tira y afloje de cuadrillas de erradicación forzada, cultivadores y narcotraficantes, Bolivia ha tenido un descenso gradual pero sostenido desde 2010, por lo menos según las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).
VEA TAMBIÉN: El desafío de Evo: Bolivia, el epicentro de la droga
Sin embargo, el debate por los límites legales del cultivo de la coca toca el centro de un gran problema que las políticas de Morales no han resuelto: la producción de coca sigue siendo sustancialmente mayor que la cantidad de la hoja requerida para satisfacer la demanda del mercado legal en Bolivia. Según un estudio gubernamental de 2013, el mercado legal de la coca puede abastecerse con unas 14.700 hectáreas de coca, lo que quiere decir que en los términos de la nueva ley, más de 7.000 hectáreas de coca podrían llegar cada año al mercado ilegal de la cocaína.
La ley que regula la coca busca resolver esto mediante la participación del gobierno en la regulación de toda la cadena de producción, en la promoción de las ventas, la industrialización e incluso la exportación. Sin embargo, el gobierno lleva mucho tiempo buscando nuevos mercados o nuevos usos para la coca y aún debe hallar la manera de ofrecer un lleno importante al vacío entre la oferta y la demanda de la coca legal.