Han surgido informes que señalan que un empresario venezolano, quien también es un presunto capo de la droga y tiene vínculos con el vicepresidente, importó alimentos a precios inflados como parte del programa de abastecimiento de alimentos controlado por el Estado. Lo cual ejemplifica las profundas redes de las élites financieras y políticas corruptas, que están desangrando las arcas estatales mientras muchos ciudadanos aguantan hambre.
Según una investigación de Runrun.es el empresario venezolano, Samark López, al parecer obtuvo enormes ganancias de la importación de alimentos a precios inflados destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos regulado por el gobierno.
La empresa de López, Postar Intertrade Limited, supuestamente compró en México 4.509.157 cajas de alimentos por un valor de US$8 cada una, pero el gobierno venezolano le pagó a la empresa US$35 por cada caja, es decir, más de tres veces su valor inicial, según informó el medio de noticias. Eso significa que, por una inversión de unos US$36 millones, la empresa de López recibió casi US$158 millones del Estado. No se informó sobre las fechas de estas cifras, que al parecer están basadas en denuncias recientes de Carlos Paparoni, miembro de la oposición política y representante de la Asamblea Nacional.
Según Paparoni, el dinero extra “fue desviado a una red de corrupción”.
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Según el sitio web de López, Postar Intertrade fue fundada en 2013, y se dedica a importar material para la construcción de viviendas destinadas a comunidades pobres, en asocio con empresas estadounidenses como Home Depot y Graybar, entre otras.
Hace algunos días, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró oficialmente a López y al actual vicepresidente Tareck El Aissami como narcotraficantes internacionales, y describió a López como un lavador de dinero y un “hombre clave” del vicepresidente. López y El Aissami han negado las acusaciones de Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
De ser ciertas, las acusaciones contra López y sus empresas son una prueba más de los grandes beneficios que se pueden obtener desviando recursos del Estado, en particular los relacionados con productos alimenticios subvencionados. De hecho, estas acusaciones —y las recientes sanciones— se produjeron poco después de que un informe de Associated Press demostrara que un grupo de militares corruptos estaban obteniendo jugosos beneficios de la venta de bienes a altos precios en el mercado negro.
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La extrema escasez de alimentos y otros productos básicos en Venezuela ha hecho de esta forma de contrabando una de las empresas criminales más rentables en el país.
“Últimamente, la comida es un mejor negocio que las drogas”, les dijo un general retirado a los investigadores de AP.
Pero la alta demanda y la escasez no son las únicas situaciones que hacen atractivo este tipo de fraude. La política cambiaria venezolana ha mantenido muy bajo el precio oficial del dólar, mientras que la enorme inflación ha llevado a que la tasa de cambio no oficial llegue a niveles exorbitantes. Dado que además el gobierno ejerce un estricto control sobre a quién se le venden dólares a la tasa oficial, los importadores piden favores a los funcionarios oficiales, o los compran para conseguir la adjudicación de contratos. Y al hacerlo, buscan inflar las facturas para desviar tantos dólares como puedan de las arcas estatales.
Teniendo en cuenta la cercanía de López a un vicepresidente acusado de actividades criminales, él podría aprovechar estas redes corruptas fácilmente.
A medida que la crisis económica de Venezuela se agrava, el gobierno socialista se está apoyando en personas que tendrían mucho que perder con la caída de dicho gobierno —las élites criminales que han desfalcado las arcas del Estado—, lo cual facilita aún más las redes de corrupción en los niveles más altos.