Las autoridades de Colombia han confiscado el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo que ofrece detalles adicionales sobre la situación económica de estos grupos disidentes.

Las autoridades colombianas confiscaron activos que incluyen desde un supermercado hasta locales comerciales que presuntamente pertenecen a la disidencia del Frente 28 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización que está en gran parte desmovilizada. Dichos bienes se encuentran en el municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, según anunció la Fiscalía General en un comunicado de prensa del 30 de septiembre.

Carlos Sánchez Meza, alias “Efrén”, y otros líderes de la disidencia del Frente 28 —que antes hacía parte del poderoso Bloque Oriental de las FARC— supuestamente habían puesto las propiedades a nombre de terceros para evitar ser identificados por las autoridades de Paz de Ariporo. Estos decomisos hacen parte de una investigación sobre tráfico de drogas, extorsión y otras actividades criminales.

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Entre las nueve propiedades incautadas se encuentra el supermercado La Bonanza, valorado en mil quinientos millones de pesos (unos US$500.000), seis locales comerciales ubicados en el casco urbano de Paz de Ariporo, y dos terrenos en el área rural. Según las autoridades, el valor total de las propiedades supera los 4 mil millones de pesos (cerca de US$1,3 millones).

Análisis de InSight Crime

Estos decomisos ofrecen información significativa sobre el poder económico de las redes emergentes de la mafia ex-FARC.

Las redes guerrilleras disidentes han ganado cierto poder en las regiones del sur y el oriente de Colombia, financiándose mediante economías criminales que generan millones de dólares, como el narcotráfico y la minería ilegal.

Si bien los activos del Frente 28 pueden ser nuevas adquisiciones, los disidentes de esa región también se han financiado con remanentes de la insurgencia de las FARC. Como InSight Crime lo describió en una serie de tres informes después de que las FARC declararan sus bienes ante el Gobierno colombiano en 2017, al parecer muchos millones están perdidos debido a los disidentes que se retiraron del proceso de paz. Entre los activos que quedaron en manos de los disidentes se encuentran propiedades en la preciada región de los Llanos Orientales —un centro de producción de cocaína que solía ser controlado por el Bloque Oriental de las FARC—, así como ganado avaluado en decenas de miles de dólares y varios depósitos de armas.

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Los supermercados fueron una de las muchas maneras como las FARC lavaban su dinero sucios. De hecho, en febrero de este año, las autoridades embargaron 60 supermercados y otros bienes vinculados al Bloque Oriental de la guerrilla de las FARC, los cuales no habían sido declarados ante el Gobierno.

* Este artículo fue escrito con la ayuda del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, de InSight Crime.