Un ex fiscal general ha señalado que Colombia incauta menos de US$750 millones al año en bienes ilegales, pero que una reforma reciente podría reducir a la mitad el tiempo que toma confiscar las propiedades ilícitas, sugiriendo que el gobierno está a punto de impactar con severidad las finanzas de las organizaciones criminales.
El antiguo vice fiscal general Wilson Alejandro Martínez Sánchez, autor de un estudio sobre el tema, señaló a InSight Crime que anualmente Colombia incautan entre US$500 y US$750 millones en bienes ilegales.
Según Martínez, la modificación hecha en enero a la Ley de extinción de dominio (pdf) otorga a las autoridades mayor capacidad en la incautación de bienes que son propiedad de los presuntos criminales que aún no han sido condenados. Martínez calcula que la nueva legislación reduciría de 7 a tres o cuatro años el tiempo promedio necesario para completar los procesos.
Esta cifra representaría el 3 por ciento -o menos- de los 18 billones de pesos colombianos que según cifras de un estudio del Banco Mundial, registran anualmente en ganancias las organizaciones criminales del país.
“Estas modificaciones permiten que la Ley de extinción de dominio despliegue todo su potencial en la lucha contra el crimen organizado”, dijo Martínez a InSight Crime.
Análisis de InSight Crime
La Ley de extinción de dominio colombiana fue llamada “la herramienta más temida por los narcotraficantes” por el expresidente Álvaro Uribe , y las autoridades la han implementado de forma exitosa en el pasado para confiscar los bienes de grandes organizaciones criminales, incluyendo al Cartel de Medellín, el Cartel del Norte del Valle y el Cartel de Cali.
Sin embargo, como señaló Martínez a InSight Crime, los obstáculos judiciales –como lo son los procedimientos judiciales ineficientes– han hecho que los procesos de extinción de dominio sean lentos y han limitado el poder de la Ley.
También está el problema de la corrupción en el manejo de los bienes incautados. La Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia –otrora encargada del manejo de estos bienes- está siendo disuelta tras un escándalo en el cual se perdieron miles de millones de dólares que habían sido incautados a narcotraficantes. Un coronel de la policía en Santa Cruz, Bolivia, también resaltó el potencial del mal manejo de los bienes incautados cuando señaló a InSight Crime que su unidad estaba buscando incautar propiedades de traficantes para poder agrandar su oficina.
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Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica con una Ley de extinción de dominio vigente. Guatemala ha enfrentado problemas burocráticos similares a los de Colombia en la implementación de este tipo de legislación, y México sólo abrió 29 casos de extinción de dominio entre 2009 y 2012.