Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) firmaron un acuerdo de cooperación para reducir la producción de coca en el país andino. Pero el éxito del plan dependerá de la dudosa capacidad del gobierno colombiano para cumplir con la promesa de invertir cientos de millones de dólares en los próximos años.
Según el acuerdo, que fue anunciado el 3 de noviembre, la ONUDD monitoreará y ayudará a Colombia a implementar los “programas de desarrollo alternativo y sostenible en las zonas afectadas por los cultivos de coca”, según un comunicado de prensa de la Presidencia de Colombia.
Sin embargo, el gobierno colombiano asumirá la totalidad de los costos financieros del proyecto, que se estiman en US$315 millones durante un período de cuatro años.
El director ejecutivo de la ONUDD, Yury Fedotov, dijo que este es un acuerdo “histórico” y señaló que representa “una oportunidad única para cambiar el rumbo de las estrategias contra el cultivo de la coca en Colombia y para ayudarles a los agricultores a implementar los cultivos alternativos”.
El comunicado de prensa de la ONUDD subraya que la estrategia se centrará en los programas de desarrollo económico rural que fueron estipulados en el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas medidas son centrales dentro de la estrategia de Colombia para controlar en el largo plazo la producción de coca en el país.
“Es un proceso integral que requiere tiempo para madurar y que protege a los territorios y a las comunidades para que no se presenten nuevos ciclos de ilegalidad”, señala el documento.
Según las diferentes estimaciones, el año pasado se presentaron niveles récord de cultivo de coca en Colombia. La ONUDD estima que en el país andino se cultivaron unas 146.000 hectáreas de coca, mientras que los cálculos de Estados Unidos rondan las 190.000 hectáreas.
Análisis de InSight Crime
Al parecer, el nuevo acuerdo con la ONUDD trascenderá los enfoques tradicionales que hacen énfasis en la erradicación forzosa y en las medidas represivas para combatir el cultivo ilegal de coca. La decisión del gobierno colombiano de prometer cientos de millones es un fuerte indicio de su decidido apoyo a las estrategias alternativas, en medio de fuertes críticas por no cumplir las promesas relacionadas con el desarrollo rural, y de la presión internacional de Estados Unidos para que se detenga la creciente producción de coca.
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Pero no está claro si realmente se destinarán los US$315 millones que requiere el proyecto en los próximos cuatro años. Según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la falta de recursos está afectando las estrategias alternativas, como los esfuerzos de Colombia por convencer a los campesinos para que abandonen los cultivos de coca y hagan la transición a los cultivos lícitos.
Dados los recortes presupuestales, existe incertidumbre con respecto a la capacidad del gobierno para financiar estas medidas en el largo plazo. Y en caso de que se logre disponer de los fondos, “los programas de desarrollo alternativo y sostenible” pueden encontrar obstáculos políticos. Colombia realizará elecciones presidenciales en mayo de 2018, y si la nueva administración presidencial se opone al proceso de paz con las FARC, podría intentar impedir el financiamiento para la implementación de los acuerdos, lo que incluiría el reciente proyecto de cooperación con la ONUDD.