Gracias a una estrategia que combina gran capacidad organizativa, dominio carcelario, altos niveles de lealtad y control de economías ilegales, el PCC se ha establecido como una de las estructuras criminales más reconocidas de América del Sur.
La pregunta es: ¿hasta dónde pueden llegar? Una serie de expertos en crimen y seguridad se reunieron en Buenos Aires para debatir esa y otras preguntas esenciales.
Nacida en las cárceles del estado brasileño de San Pablo en los años 90, se estima que el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) hoy cuenta con al menos 30,000 miembros en todo el país.
“El PCC no es como ninguna otra organización en su estructura, jerarquía y logística dentro de las prisiones y en cómo regula los mercados criminales,” explicó Matthew Taylor, Profesor Asociado de American University.
La organización opera en un contexto criminal que se lo permite. Surgió en un contexto de violencia policial al interior de cárceles sobrepobladas, lo que le permitió crear una narrativa de protección contra esta violencia, así como el establecimiento de un orden y oferta de servicios para los reclusos.
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El control del sistema de carcelario les dio acceso a miles de prisioneros y exprisioneros y ha sido clave para el fortalecimiento y la expansión de la organización en Brasil y en países vecinos como Bolivia y Paraguay. Para el 2016, el PCC ya tenía presencia en 6 estados de Brasil replicando este modelo de control carcelario.
El gran papel del PCC es ser una agencia reguladora de la violencia en Brasil. “No se puede matar sin la autorización del grupo.” señaló el investigador de la Universidad de São Paulo y periodista Bruno Paes Manso.
La revolución tecnológica, incluyendo en participar el uso de teléfonos celulares, les permitió profesionalizarse dentro de economías ilegales como la venta de drogas, con lo que lograron generar mayores ganancias. Esto les ha permitido mover sus fronteras y ampliar sus negocios.
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Juan Alberto Martens Molas, Profesor Investigador de la Universidad Nacional de Pilar en Paraguay, dijo que los problemas en la institucionalidad de los países vecinos han abierto la puerta a la expansión y consolidación del grupo criminal en países como Paraguay.
Como señala Martens, Paraguay cuenta con una economía ilegal que corresponde al 39 por ciento del total del país, basada en actividades como el contrabando y el tráfico de drogas y armas. Esto, sumado a debilidades institucionales y un aumento de la población carcelaria de un 109 por ciento en los últimos años ha generado un caldo de cultivo ideal para el desembarco del PCC.
El codirector de InSight Crime, Steven Dudley, describió al PCC como “un grupo criminal muy ecléctico” antes de mencionar varios puntos que han hecho de Paraguay el escenario ideal para la expansión del PCC.
En primer lugar, el país tiene una historia de acumulación de poder por parte de grupos criminales que actúan como empresas e incluso conlleva a estructuras políticas completas construidas alrededor de economías criminales, especialmente el cultivo y la producción de marihuana o el contrabando de cigarrillos.
En segundo lugar, existe una debilidad institucional real debida a la participación de políticos y autoridades en economías criminales. Esos nexos significan que los gobernantes elegidos no tienen interés en dar dientes a los sistemas judiciales, o a las prisiones o la policía, justamente las instituciones que se requieren para combatir al PCC, y en lugar de eso las debilitan intencionalmente.
Y en tercer lugar, el estado de las prisiones de Paraguay conlleva a que sean terreno fértil para el PCC, cuyo reclutamiento se afirma con su presencia en las prisiones. “Paraguay ha recurrido al encarcelamiento masivo, con salto de la población carcelaria, de unos 3.000 reclusos en el 2000 a cerca de 13.000 en 2019”, explicó Dudley.
La pregunta del momento, sin embargo, está relacionada con el potencial futuro de una organización sobre la que no se ha identificado un talón de Aquiles y, en particular su potencial expansión a países incluyendo Argentina.
El país sudamericano, que es considerado como el segundo lugar más afectado por consumo de cocaína en la región pareciera ser un botín importante en la expansión del Primer Comando.
Carolina Sampó, Investigadora del CONICET y Coordinadora del CeCOT (Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional), dice que es improbable que el PCC vea a la Argentina como su próxima frontera.
“Argentina tiene una tasa muy alta de consumo de drogas pero esto no significa que sea un país interesante para las organizaciones criminales internacionales porque sigue siendo un mercado relativamente chico,” explicó Sampó.
El contexto criminal en Argentina presenta particularidades que lo diferencian de sus vecinos. Las organizaciones criminales son de pequeña envergadura, por lo que sus tasas de homicidios, en comparación con el resto de la región, son relativamente bajas.
En su mayoría, estos clanes de estructura horizontal, operan a nivel local con el control de la distribución pero no el tránsito de la droga hacia el exterior. La excepción a estos grupos fueron grupos como el Clan Loza y Castedo, que lograron su propio abastecimiento y distribución en Argentina pero que tienen como destino final Europa.
La actividad más importante que desarrollan este tipo de clanes es el micro tráfico de marihuana y cocaína, para abastecer el consumo interno. Si bien una gran parte de la droga es traficada desde la frontera con Bolivia utilizando rutas terrestres, se están identificando nuevos corredores terrestres y fluviales desde Paraguay y otras zonas.
“Hay varios elementos inhibidores para que el PCC venga a la Argentina: el país no es productor de drogas, el estado tiene mayor control sobre las cárceles que en otros países y esto se refleja en los niveles de violencia en las calles,” dijó Sampó.