Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como consecuencia de ese delito, pero la corta sentencia impuesta como parte de una negociación con las autoridades vuelve agridulce este momento.

El expresidente de El Salvador Elías Antonio “Tony” Saca, quien estuvo en el poder entre 2004 y 2009, fue sentenciado el 12 de septiembre a diez años de prisión por peculado y lavado de activos, y se le impuso una sanción de US$260 millones como parte de una negociación de penas con el ente acusador, según anunció la Fiscalía en un comunicado.

Los fiscales pidieron cinco años por peculado y cinco más por lavado de dinero, como parte de la negociación. Sin embargo, esa es apenas una fracción de la condena de 30 años que Saca podría haber enfrentado por sus delitos de no mediar el acuerdo, según El Faro.

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Saca y sus cómplices fueron puestos en custodia en octubre de 2016 por cargos de corrupción y sindicados de peculado, asociación ilícita y lavado de activos. Fueron acusados de desviar más de $300 millones del erario público a cuentas bancarias personales. Saca se declaró culpable de esos cargos en agosto de 2018 en una confesión histórica, por ser la primera vez que un expresidente salvadoreño confesaba haber cometido tales delitos.

Saca parecía tener un plan premeditado sobre cómo robaría al estado. Una ley aprobada poco después de posesionarse, que disponía un “reglamento interno para uso de fondos públicos”, lo facultaba para desviar cientos de millones de dólares de las cuentas del estado hacia sus cuentas personales por medio de cheques y transferencias bancarias sin dejar muchos registros escritos.

Además, el expresidente se excedió en el presupuesto del estado mediante la entrega de bonos, pagos de viáticos, sobornos a periodistas y transferencias de dinero a las cuentas del partido político de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), del cual era la cabeza en esa época.

Análisis de InSight Crime

La sentencia al expresidente de El Salvador constituye un momento histórico en la lucha contra la corrupción en el país centroamericano, pero la corta sentencia no es sorpresa si se tiene en cuenta las deficiencias del país en el combate a la corrupción imperante.

La red de corrupción del expresidente Saca penetró todas las esferas de la sociedad salvadoreña, desde las instituciones de gobierno hasta importantes élites empresariales y medios de comunicación del país. Pero Saca, quien encabezaba la red, no recibió la sentencia más severa. Pese a haber confesado un robo de más de US$300 millones al estado, la pena de prisión de diez años para el expresidente fue inferior a la de 16 años impuesta a Pablo Gómez, uno de los integrantes de menor rango de la red, quien era el responsable de girar los cheques.

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Aunque la confesión de Saca es histórica, no es el primer presidente salvadoreño que se ve implicado en la corrupción, rasgo ya característico de la política del país. El antecesor de Saca, Francisco Flores, fue acusado de malversar millones de dólares de dinero del estado. Y el sucesor de Saca, Mauricio Funes, fue condenado por enriquecimiento ilícito en 2017.

La diferencia con Saca, sin embargo, son los fuertes lazos que él y su familia tienen con el crimen organizado. El primo de Saca, Herbert Ernesto Saca Vides, fue uno de los operadores políticos más efectivos de El Salvador por sus vínculos con grupos del crimen organizado, como los infames Los Perrones, y con la cúpula política del país.