El desmantelamiento, por segunda vez en dos años, de una organización de narcotráfico en Costa Rica, que era dirigida por un hombre recluido en una cárcel de máxima seguridad es una señal preocupante de la facilidad con la que operan los grupos criminales en un país con rol creciente en el tráfico internacional de estupefacientes.

El 16 de mayo, la policía de Costa Rica arrestó a 13 personas acusadas de pertenecer a una red de microtráfico que operaba en la capital San José, y en otros lugares del país, según información de CRHoy.

El grupo transportaba narcóticos desde el puerto de Limón, sobre el Caribe, y las vendía en San José y sus alrededores, todo bajo las órdenes de Leonel Mora Núñez, alias “Gordo Leo”, quien la dirigía desde la cárcel de máxima seguridad de La Reforma, según declaraciones de las autoridades.

Mora Núñez, quien en 2009 fue sentenciado a diez años de prisión por narcotráfico, daba las órdenes a su segundo vía telefónica, según La Nación.

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Se sospecha que la organización controlaba docenas de puntos de venta distribuidos en toda la capital, los cuales recaudaban alrededor de 35 millones de colones (unos US$60.000) al día. Estos puntos de ventas se dividían entre vendedores de esquina y “búnkers”, término que se usa para describir lugares de alta seguridad con acceso a la calle.

Las autoridades también acusan a la estructura de Gordo Leo de perpetrar una serie de homicidios, incluyendo uno, en 2007, en el que la víctima fue secuestrada y torturada. En otro, en junio de 2017, la casa de la víctima fue impactada por más de 200 balas, lo que indica la magnitud del arsenal y el poder de fuego que poseía la estructura.

No es la primera vez que las autoridades anuncian el desmantelamiento de una organización dirigida por Gordo Leo. En 2015, fueron arrestadas por narcotráfico unas 40 personas, que actuaban bajo las órdenes del preso de máxima seguridad.

Análisis de InSight Crime

La capacidad del reo en una cárcel de máxima seguridad para reconstruir una estructura de microtráfico y generar casi US$2 millones mensuales en menos de tres años apunta a las fallas en el sistema penitenciario de Costa Rica, lo que incluye la incapacidad de las autoridades para controlar las comunicaciones de los reclusos con el exterior. En un bizarro En un extraño hecho el mes pasado, guardias de la prisión de La Reforma descubrieron que se ingresaban teléfonos celulares de manera ilegal a la instalación usando gatos.

El hecho de que se acuse al grupo de controlar docenas de puntos de venta en todo San José también apunta a una posible colusión con autoridades locales.

Estos búnkers por lo general manejan un volumen de estupefacientes y de dinero en efectivo mucho mayor que un simple vendedor callejero y son un blanco fijo para la policía, lo que implica que su éxito por lo general dependa de la corrupción entre las autoridades locales.

Estos aspectos son especialmente preocupantes dado el rol cada vez mayor de Costa Rica dentro del negocio internacional de drogas. La evidencia ya apunta a una sofisticación correlacionada de los grupos locales y mayor presencia de organizaciones transnacionales extranjeras en el país.

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