Un nuevo índice que mide la competencia de las fuerzas de seguridad de cada país tiene sus fallas, pero aun así arroja luces sobre los problemas fundamentales en las prioridades de los gobiernos en lo que se refiere a la lucha contra el crimen en Latinoamérica.
La primera edición del Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna (WISPI, por sus siglas en inglés) “busca medir la capacidad del aparato de seguridad de un país para responder a los problemas de seguridad interna, ahora y en el futuro”, según el centro de pensamiento sobre policía International Police Science Association (IPSA), que encargó el proyecto. El centro de pensamiento lo llama WISPI primer índice internacional en su tipo (pdf).
De los 127 países incluidos en el índice, Venezuela y México obtuvieron la peor calificación de América Latina, en los lugares 119 y 118, respectivamente. Uruguay se situó en el lugar más alto de la región en 35 (ver la figura 1).
Sudamérica y la región que comprende Centroamérica y el Caribe quedó por debajo de todas las demás regiones del mundo, excepto para el sur de Asia y África subsahariana.
El WISPI produjo los puntados para cada país analizando cuatro áreas claves: 1) “capacidad”, o el nivel de los recursos de seguridad; 2) “proceso”, o la capacidad de usar los recursos de manera efectiva; 3) “legitimidad”, que incluye la confianza pública en las autoridades, la corrupción y el comportamiento justo de las instituciones; 4) “resultados”, que calcula los niveles reales y percibidos de crimen y violencia.
Tanto en las regiones de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, los puntajes más altos fueron para capacidad, mientras que el más bajo fue para proceso.
En comparación con el resto del mundo, Latinoamérica arrojó una de las calificaciones más bajas en resultados. Paraguay se situó como el segundo peor país del mundo para este indicador de seguridad, apenas por encima de Nigeria.
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México fue considerado el tercer peor país del mundo en legitimidad, mientras que Venezuela fue el único país no perteneciente al África subsahariana, entre los peores cinco por proceso.
El WISPI fue desarrollado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Análisis de InSight Crime
Aunque son bienvenidas iniciativas como esta, dichos índices pueden pintar una imagen engañosa de la situación de seguridad en un país, al simplificar dinámicas complejas, de múltiples facetas en una sola calificación.
Esto puede verse en la manera como se calificó a los países latinoamericanos. Trinidad y Tobago y Jamaica tuvieron puntajes sorprendentemente altos en el WISPI debido a la capacidad de su fuerza de seguridad por encima del promedio, pese a las evidentes dificultades de las autoridades locales para contener el crimen de pandillas.
En contraste, Paraguay se sitúa cerca de la base, puesto al que descendió en gran parte por su índice de bajos “resultados”. Pero aunque este último puntaje puede haber sido influenciado por sus percepciones de inseguridad relativamente altas, sigue siendo uno de los países menos violentos, Paraguay es en realidad uno de los países menos violentos de Latinoamérica, por lo que es difícil entender por qué quedó ubicado en un lugar peor que cualquiera de sus vecinos para este indicador.
Resultados como estos señalan las limitaciones de usar ciertas mediciones para intentar determinar la capacidad de las fuerzas de seguridad de un país. Incluir los homicidios es problemático dada la multitud de factores que inducen los crímenes violentos, entre ellos las guerras de pandillas y otros conflictos criminales que pueden tener más que ver con las políticas socioeconómicas de un gobierno que con la aptitud de su aparato de seguridad.
Además, al medir el miedo público —en este caso las “percepciones de seguridad al caminar solo en la noche”— para determinar si “hay alguna amenaza a la seguridad interna que las fuerzas de seguridad no estén afrontando correctamente las fuerzas de seguridad”, se ignora variables externas que pueden ser igual de importantes. Esto podría incluir la exageración de medios respecto a las amenazas a la seguridad pública, o gobiernos que inflen las amenazas criminales para justificar ciertas decisiones de políticas.
En suma, hacer acopio de un gran número de variables que van de factores controlables por los organismos de seguridad estatales —como número de soldados, capacidad carcelaria y efectividad judicial— y otros que dependen mucho de aspectos sociales y políticos más amplios para la creación de un solo índice es una estrategia ambiciosa, pero a fin de cuentas reduccionista.
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Sin embargo, el WISPI ofrece detalles útiles sobre ciertos aspectos que denotan dónde está errado el aparato de seguridad.
Quizás uno de los aspectos más apremiantes que toca el informe es el uso ineficiente e inadecuado de las fuerzas de seguridad en la región. El WISPI halló que un mayor número de agentes de seguridad —o capacidad— no necesariamente llevó a una mayor seguridad interna.
“Más allá de cierto nivel de capacidad adicional de servicios de seguridad no lleva necesariamente a mejores procesos, mayor legitimidad o mejores resultados”, señala el índice.
Sin duda, pese al hecho de que Centroamérica y el Caribe tuvieron la mayor presencia de fuerzas armadas a una tasa de 559 por 100.000 habitantes, estuvo entre las regiones de menor calificación.
Esto da peso a las preocupaciones en torno a que la creciente militarización de la seguridad pública en países de toda América constituya un uso ineficaz de los recursos del estado y que en realidad corra el peligro de empeorar la violencia.