Algunos casos recientes han vuelto a exponer la infiltración criminal en las fuerzas policiales y militares de Ecuador, sumándose a una larga historia de vínculos estrechos entre grupos criminales, el narcotráfico y las fuerzas de seguridad del país.

El 20 de mayo, un subteniente del ejército ecuatoriano fue arrestado por filtrar información sobre una operación contra una red de tráfico de armas que terminó sin detenidos. Apenas dos días antes, el 18 de mayo, dos policías en servicio fueron capturados en Guayaquil, acusados de secuestrar y extorsionar a un hombre a quien le habrían exigido US$2.000 para dejarlo en libertad, según reportaron los medios locales.

Altos mandos policiales también han estado estrechamente vinculados al tráfico de drogas. Una investigación publicada el 15 de mayo por Ecuavisa reveló que dos policías antinarcóticos robaron 321 kilos de cocaína de una bodega oficial de la policía en Guayaquil en febrero de 2024. La droga robada, valuada en US$400.000 aproximadamente, fue vendida posteriormente a redes transnacionales de tráfico de cocaína, entre ellas, según el informe, a Los Lobos.

El robo en la bodega fue denunciado por el entonces jefe de la Policía Antinarcóticos en Guayaquil, Guillermo Palacios, quien tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas. En diálogo con InSight Crime, afirmó que este caso estaba lejos de ser un hecho aislado.

“El crimen organizado ha penetrado estratégicamente las zonas logísticas más sensibles del país: puertos, aeropuertos y bodegas de evidencias”, aseguró.

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En medio del aumento de estos casos de corrupción, las autoridades han intentado tranquilizar a la ciudadanía. Tras el arresto de los policías acusados de extorsión, el comandante de la policía, general Pablo Dávila, subrayó que “unos pocos” no deben empañar la labor de “miles”. El ejército expresó una postura similar tras la detención del subteniente que filtró inteligencia.

Sin embargo, en un país donde el gobierno ha declarado un conflicto armado interno para combatir a poderosas bandas criminales, solo el 34% de los ecuatorianos confía en la policía, según una encuesta realizada en abril de 2024 por la firma Ipsos. Aunque ese mismo estudio halló que la popularidad de las Fuerzas Armadas aumentó tras su despliegue en la guerra contra las pandillas del presidente Daniel Noboa, el más reciente Análisis de Sensibilidad al Conflicto del Comité Internacional de Rescate, publicado en noviembre de 2024, señala una creciente erosión de la confianza en todas las fuerzas estatales de seguridad.

Análisis de InSight Crime

El presidente Noboa ha centrado sus esfuerzos en reforzar las fuerzas de seguridad mediante un mayor financiamiento y la ampliación de sus atribuciones, pero su gobierno ha evitado enfrentar la corrupción estructural que afecta a todos los niveles de estas instituciones.

Pese al aumento de recursos, la falta crónica de financiamiento en épocas anteriores sigue haciendo que los agentes sean vulnerables a los sobornos, mientras que la debilidad de los controles institucionales permite que la corrupción pase desapercibida y sin castigo. “Las investigaciones internas son lentas y rara vez terminan en destituciones”, explicó Glaeldys González Calanche, analista del International Crisis Group.

A esto se suma la ausencia de mecanismos de prevención, según Palacios. “Existe una falta de filtros efectivos para prevenir la infiltración criminal, incluyendo la ausencia de auditorías criminológicas, protocolos de verificación socioeconómica del personal, y pruebas sistemáticas de confianza”, señaló.

Si bien estas medidas podrían ayudar a frenar los abusos, el arraigo histórico de la corrupción en los altos mandos de las fuerzas de seguridad genera dudas sobre la voluntad real de reformarlas.

Esta corrupción fue denunciada por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, quien en 2021 advirtió sobre la presencia de “narco-generales” dentro de la policía. Posteriormente, el gobierno estadounidense revocó las visas de al menos tres altos mandos policiales a quienes vinculaba con el crimen organizado, según informó el medio Primicias. Tras el asesinato de Leandro Norero, uno de los narcotraficantes más influyentes de Ecuador, en 2022, salieron a la luz comunicaciones que demostraban sus vínculos con altos funcionarios, entre los que se contaba el general Pablo Ramírez, quien llegó a encabezar tanto la agencia penitenciaria como la unidad antinarcóticos de la policía antes de ser condenado por colaborar con el crimen organizado.

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Noboa ha presentado paquetes legislativos como la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Inteligencia, con los que busca ampliar las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado. Sin embargo, dichas leyes no incluyen medidas para enfrentar la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad. Por el contrario, otorgan amplias protecciones legales —como indultos y prohibiciones a la prisión preventiva— a los miembros de estas fuerzas, además de debilitar la supervisión sobre el gasto y el personal del sistema de inteligencia.

“Sin una política clara de depuración institucional, este tipo de leyes puede agravar la impunidad”, advirtió Palacios, aludiendo a la presencia de funcionarios comprometidos y a la falta de controles.

Los problemas de corrupción en las fuerzas de seguridad no son exclusivos de Ecuador. Algunos casos recientes en México muestran cómo diversas ramas policiales han sido disueltas por sus nexos con el crimen organizado, sin que las nuevas unidades logren resultados distintos. El crimen ha alcanzado las más altas esferas, incluyendo al exjefe del ejército, Salvador Cienfuegos, y al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En Honduras, tanto el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, como el expresidente Juan Orlando Hernández han sido extraditados y condenados por cargos relacionados con el narcotráfico.

Imagen principal: Policías en Nueva Prosperina, un distrito del noroeste de Guayaquil, se alinean para recibir órdenes antes de salir a patrullar. Crédito: Steven Dudley / InSight Crime.