Las autoridades de Bolivia dicen que este año han destituido a 60 fiscales por corrupción, un indicio de que la corrupción continúa existiendo al interior del poder judicial a pesar de los esfuerzos del gobierno por abordar este problema.
En una conferencia de prensa el 15 de noviembre, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, dijo que en lo que va corrido del año han sido despedidos 60 fiscales por sospechas de corrupción, de un total de 508 funcionarios a nivel nacional que ocupan este cargo, informó la Agencia Boliviana de Información.
Guerrero dijo además que 200 fiscales están siendo investigados por diversos delitos, que van desde ofensas menores hasta crímenes más graves.
Las declaraciones se presentaron el mismo día en que un juez ordenó prisión preventiva para Ánghelo Saravia por cargos de corrupción —la segunda vez en este año que un exfiscal ha sido enviado a la cárcel—.
Pero las acusaciones de corrupción en la justicia boliviana no se limitan a los fiscales. Igualmente el 15 de noviembre, el viceministro de seguridad pública, Juan Carlos Aparicio, solicitó una investigación por la sospechosa liberación de 134 personas que habían sido detenidas por cargos criminales, y pidió asimismo investigar a los jueces que tomaron esas decisiones.
Análisis de InSight Crime
La destitución de casi el 12 por ciento de los fiscales del país por presuntas actividades de corrupción es un signo positivo de que el gobierno tiene la intención de hacerles frente a las actividades ilegales al interior de la judicatura de Bolivia. Pero hasta ahora los intentos de reformas estructurales han fracasado en abordar adecuadamente el asunto.
Las evidentes medidas enérgicas del gobierno no son nada nuevo. En octubre de 2014, el Congreso boliviano afirmó que alrededor del 60 por ciento de los fiscales —más o menos 300— estaban siendo investigados por varias razones y exigió que Guerrero inhabilitara a dichos funcionarios. Cuarenta y cinco fiscales ya habían sido destituidos de sus cargos hacia agosto de 2014. Al año siguiente fueron despedidos 67 fiscales y se dio a conocer un mordaz informe de las Naciones Unidas (pdf) en el que se detallaba la corrupción en el sistema judicial.
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En 2011, el gobierno propuso una reforma con el fin de fortalecer la transparencia y debilitar la corrupción al interior de la institución, mediante el establecimiento de elecciones judiciales para ocupar ciertos cargos. Y en 2015, Guerrero anunció la creación de una unidad especial encargada de revisar los bienes de los funcionarios públicos que trabajan en la Procuraduría General de la Nación. Pero al parecer estos intentos no han logrado reducir sustancialmente la corrupción al interior de la institución, y parece que el gobierno sigue recurriendo a medidas reaccionarias, como multas y despidos, en lugar de adoptar políticas preventivas para enfrentar la corrupción judicial.