El ejército de México ha dado de baja a 22 presuntos miembros de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, un grupo escindido de un cartel, desatando el caos en el sur de México, lo que pudo haber provocado la reacción de los militares.
Según la versión oficial de los hechos, en las primeras horas del 30 de junio, una patrulla del ejército se encontró con un grupo de hombres armados que custodiaban una propiedad cerca de la frontera entre los estados de México (abreviado en México Edomex), Guerrero y Michoacán.
Cuando los soldados se acercaron para registrar la instalación, los hombres abrieron fuego y el ejército respondió, matando a 21 hombres y a una mujer, informó Milenio. Un soldado recibió una herida leve en el ataque.
Las fuerzas de seguridad incautaron 38 armas de fuego, incluidas 16 AK-47, una granada y municiones en el lugar, el cual las autoridades creen que fue un laboratorio de drogas. Las fuerzas de seguridad también rescataron a tres víctimas de secuestro durante la operación.
Las autoridades identificaron a los “agresores” muertos como miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.
Análisis de InSight Crime
Los Guerreros Unidos es uno de varios grupos que surgieron de la disolución de la Organización Beltrán Leyva (OBL). Desde 2011, han estado compitiendo por el control de las operaciones criminales en Guerrero, Edomex y Morelos.
En los últimos tiempos, su disputa con otro grupo escindido de la OBL, los Rojos, ha alimentado la violencia en la región, ayudando a convertir a Guerrero y Morelos en dos de los principales campos de batalla de la guerra del narcotráfico en México y llevando la violencia al previamente relativamente pacífico Estado de México.
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Los combates han hecho de los Guerreros Unidos un objetivo principal de las operaciones de las fuerzas de seguridad en los últimos meses, y el grupo se ha enfrentado con las fuerzas de seguridad, según El País.
Sin embargo, el ataque de esta semana plantea preguntas preocupantes sobre cómo se están llevando a cabo estas operaciones por parte del ejército, y sobre cómo el gobierno está supervisando sus acciones. La propiedad estaba custodiada por 22 personas fuertemente armadas y el ejército dio de baja a todos los presuntos delincuentes, mientras que sólo sufrió una pequeña pérdida. Grupos de derechos humanos ya han llamado la atención sobre la participación de los militares en ejecuciones extrajudiciales y la manipulación de la escena del crimen. Este puede ser otro caso que requiere de mayor exploración.