El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha ordenado al ejército incrementar operaciones en la frontera con Honduras en el norteño departamento de Chalatenango para combatir el narcotráfico transnacional. La medida, sin embargo, parece obviar los puntos reales de entrada de la cocaína al país.

El 20 de octubre pasado, a través de un tuit, Bukele ordenó a su Ministro de Defensa desplegar más hombres y pertrechos a los municipios de Arcatao, San Fernando, Nueva Trinidad y San Ignacio, fronterizos con Honduras. Luego, también en Twitter, el presidente acusó a los alcaldes de esas localidades de complicidad con el narcotráfico.

“Es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales”, tuiteó el presidente sin ofrecer pruebas.

Las rutas regionales de la cocaína, sin embargo, nunca han pasado por ahí, según InSight Crime ha podido comprobar en varios viajes de campo realizados entre 2019 y 2020 a las zonas fronterizas de El Salvador y Honduras. De hecho, buena parte de las 23 toneladas de cocaína decomisadas entre 2017 y lo que va de 2020 en El Salvador fueron incautadas en altamar o, en menor porcentaje, en rutas terrestres alejadas de la zona intervenida por el actual gobierno.

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Desde que Bukele dio la orden, el ejército mantiene cinco puestos de vigilancia solo en el municipio de Arcatao, uno de los más remotos en la frontera militarizada en Chalatenango, según confirmó José Alberto Avelar, el alcalde local, en conversación con InSight Crime. “El ejército sigue ahí… Por ahora, esa gente no está haciendo nada ahí, están ahí solo impidiendo el paso de los pobladores locales”, aseguró.

Hasta la fecha, el gobierno no ha presentado resultados de las operaciones que ha realizado desde el despliegue de finales de octubre en la zona norte de Chalatenango, que hace frontera con el departamento hondureño de Lempira.

El norte de Chalatenango tiene una larga historia de presencia militar. En los años 80 fue uno de los teatros de operaciones más activos de la guerrilla durante la guerra civil. Su geografía montañosa y la poca vigilancia de sus fronteras permitió, en esa época, el paso de armas y el movimiento libre de poblaciones que huían del conflicto salvadoreño.

Desde entonces, en la zona norte del departamento ha habido contrabando de mercaderías, desde ganado a granos básicos y cigarrillos, incluso de marihuana que alimenta algunos de los pequeños mercados internos en el sur y occidente de Honduras. La cocaína no suele pasar por estos pueblos y montañas.

Análisis de InSight Crime

Desde que asumió el poder en junio de 2019, la administración Bukele tiene poco que mostrar en la lucha contra el narcotráfico: al final de ese año, el primero de su gobierno, el país solo decomisó 99 kilogramos de cocaína, cuando el año anterior El Salvador había decomisado casi 14 toneladas, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). La decisión de militarizar una frontera por la que apenas pasa cocaína no parece la mejor política para mejorar eso.

En lo que va de 2020, el gobierno salvadoreño ha decomisado poco más de dos toneladas de cocaína, casi todo en los lugares del país por donde sí suele transitar la droga: la carretera Panamericana y el departamento de La Unión, en el oriente.

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La gran mayoría de esos narcóticos llegan a El Salvador por vía marítima a través del Golfo de Fonseca o pasan sin ser detectados por el puesto fronterizo de El Amatillo. A esos lugares el gobierno salvadoreño no ha enviado refuerzos militares extraordinarios.

El alcalde de Arcatao insiste en que el despliegue militar tiene otros motivos más allá del narcotráfico. “Creo que tiene que ver con los compromisos que el presidente Bukele adquirió con la embajada americana en el tema de los migrantes”, dijo Avelar en referencia a la política adopotada por la administración Bukele, a tono con la de Donald Trump en Washington, de intentar detener flujos migratorios en las fronteras centroamericanas. Lo cierto es que, en los límites de Chalatenango, el paso de cocaína no es una actividad central.