Las autoridades de El Salvador dicen que un exalcalde arrestado el año pasado había ordenado a pandilleros el asesinato de un concejal local, lo que revela los peligros de una interacción excesiva entre las pandillas y el gobierno municipal.
La Fiscalía General de la República de El Salvador arrestó a 21 pandilleros de Barrio 18 por su participación en el homicidio de René Antonio Díaz Orellana, concejal del municipio de Apopa, informó La Prensa Gráfica.
Los investigadores de la policía dicen que tres de los pandilleros detenidos recientemente intentaron asesinar a Díaz Orellana en 2013 por orden del alcalde de Apopa en ese tiempo, Elías Hernández. Cuando ese ataque resultó fallido, Hernández dio instrucciones a otros tres pandilleros para que se encargaran del asesinato. Según se dice estos pandilleros recibían beneficios del alcalde.
Hernández fue arrestado en junio de 2016 por sus presuntos nexos con la pandilla. A Díaz Orellana lo asesinaron a finales de ese mes.
Según la policía, el homicidio de Díaz Orellana se dio por no acceder a las demandas de extorsión de la pandilla y por disputas políticas con Hernández.
También se cree que esta estructura pandillera fue responsable del homicidio de un sargento de la policía en octubre de 2015, y otros delitos.
Análisis de InSight Crime
La nueva acusación contra Hernández indica que su relación con la pandilla, que en un inicio pareció tener elementos altruístas, eventualmente se convirtió en vehículo para defender sus intereses personales y sacar del camino a enemigos políticos.
Las relaciones entre alcaldías y pandillas, aunque nunca son un caso ideal, pueden traer un alivio muy necesario a las comunidades que habitan zonas dominadas por las segundas. Según la investigación previa a la captura el año pasado, Hernández buscó llegar a un pacto con Barrio 18 para reducir la extorsión de la pandilla a dueños de negocios. El alcalde también quería que Apopa se convirtiera en una ciudad “santuario”, o libre de homicidios, y que los pandilleros entregaran su arsenal de armas, según la declaración de un testigo.
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Pero las pandillas tenían demandas propias. A cambio de no extorsionar a los dueños de los negocios, el alcalde impuso nuevos impuestos y envió parte de los ingresos adicionales a la pandilla, dicen testigos. También se dice que el alcalde permitió a miembros de Barrio 18 usar las patrullas de la policía para el traslado de cargamentos de drogas, y que otros pandilleros recibieran salarios del gobierno.
Aunque la retribución entre Hernández y Barrio 18 era indiscutiblemente de carácter criminal, hay una zona gris enorme en lo que respecta a las relaciones de funcionarios públicos y pandillas. De hecho, dos videos separados divulgados en 2016 muestran al exministro de seguridad y al actual ministro de gobernación de El Salvador en reunión con cabecillas de las pandillas de todo el país.
En vista del crecimiento de la orientación política de las pandillas, es poco probable que el caso de Apopa sea el último donde las autoridades se vean obligadas a enfrentar este problema.