Mauricio López Bonilla, el exministro guatemalteco de Gobernación, no deja de recibir malas noticias de la justicia de su país. El pasado 5 de mayo, el Ministerio Público lo acusó de dirigir, mientras fue funcionario en ejercicio, una red criminal dedicada a falsificar procesos de adjudicación de bienes para extraer fondos de la Policía.
López Bonilla y otras 16 personas ha sido acusadas de “integrar una estructura criminal que operó en la Policía Nacional Civil (PNC) para desviar fondos públicos aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios, particularmente en autopatrullas, y la contratación de obras y servicios para subestaciones”, dice un comunicado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que apoya al Ministerio Público (MP) en investigaciones de casos de corrupción como este.
Diez de los acusados son funcionarios o exfuncionarios de la Policía que estuvieron asignados a las áreas de compras de equipos, controlaría financiera y suministros de la institución, lo cual da una idea de que se trataba de una red bien organizada e infiltrada en el seno de la PNC. Además, los otros implicados son representantes legales de varias empresas guatemaltecas.
Esta fue la segunda fase de la investigación del caso. Al final de la primera, que se llevó a cabo en junio de 2015, las autoridades capturaron a 12 personas entre las cuales se encontraba el ex subdirector de Dirección General de Apoyo y Logísitica de la PNC, además de otros exjefes y exasesores de la institución.
López Bonilla ya era investigado por corrupción y lavado de dinero como parte de los casos “La Cooperacha” y “Cooptación de Estado”. Además, en febrero de este año fue acusado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína. Actualmente guarda prisión en Guatemala.
Análisis de InSight Crime
Esta nueva acusación contra López Bonilla es una muestra más de lo profundo que penetró el crimen organizado en el Estado guatemalteco. El exministro de Gobernación, que estuvo encargado de la PNC y el sistema penitenciario, ha sido señalado como el centro de la conformación del Estado mafioso en Guatemala.
Mientras estuvo en el cargo, López Bonilla subcontrató varios aspectos del manejo del ministerio de Gobernación a personas cercanas a él. Según le dijo un funcionario a InSight Crime, estos contratos casi llevaron al ministerio a la bancarrota.
En la investigación del caso “Cooperacha” por el que fue arrestado el exfuncionario, se descubrió que el dinero obtenido de los esquemas de corrupción de López Bonilla y otros funcionarios era entregado al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidente Roxanna Baldetti como “regalos”. Estos dos exfuncionarios también están presos.
Investigadores del caso declararon que López Bonilla habría entregado US$98.000 al secretario privado de la exvicepresidente para la compra de bienes lujosos.
VEA TAMBIÉN: El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla
López Bonilla también ha sido acusado de tener vínculos con figuras del hampa. En una investigación especial de InSight Crime se reveló que el exministro utilizó recursos del Estado para proteger a Marllory Chacón, quien estaba dentro de la lista de “Narcotraficantes con Designación Especial” (Specially Designated Narcotics Trafficker) del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por otro lado, el exmilitar Byron Lima, quien llegó a tener control sobre el sistema penitenciario de Guatemala, declaró haber tenido una relación con López Bonilla, quien le habría facilitado este control. El exministro también ha sido acusado de recibir directamente sobornos de Jairo Orellana, narcotraficante guatemalteco vinculado a Los Zetas, a cambio de su seguridad.